NOTA DEL EDITOR
Por Julio César Hernández
@jcentresemana
Mientras aquí en Jalisco el proceso para la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial local se efectuará hasta junio de 2027 y aún no se somete a consideración del pleno del Congreso del Estado el dictamen correspondiente para su aprobación que reforma y armoniza las leyes estatales con la federal, los candidatos a ministros, magistrados y jueces a elegir el primero de junio próximo ya andan en campaña.
Más allá de lo controversial que resulta esta elección, la verdad es que, como se esperaba, no ha despertado mayor interés de la ciudadanía del país y del estado, en particular. Ningún ciudadano común ha atendido el llamado a participar en las urnas ni se preocupa por conocer quiénes son los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia, algún Tribunal o Juzgado federal, Mucho menos los argumentos que éstos pronuncian para convencer que reúnen el perfil para asumir esos cargos en disputa.
Hay pronósticos bastante preocupantes que auguran una participación ciudadana de apenas el 20 por ciento o menos a nivel nacional, en promedio. ¿Alguien esperaba una numerosa participación? Por supuesto que no. Y es que si bien el ciudadano “de calle” se encuentra con la sorpresa de que podrá elegir a los impartidores de justicia, la desconfianza, el escepticismo y la sospecha surge cuando escuchamos a los propios profesionistas del Derecho cuestionar un proceso de elección popular para elegir Ministros, Magistrados y Jueces.
Y en este barullo, como en cualquier elección, destacan las acusaciones, denuncias o señalamientos de que no pocos de los que fueron avalados para participar en la elección tienen una interesada relación con el partido o con distinguidos militantes de Morena. O lo que es peor: que la elección, el proceso en sí, será manipulado por el partido en el gobierno federal. Razón de más para ahuyentar a los posibles votantes.
La desconfianza es mayor cuando te enteras de que, a diferencia de las tradicionales elecciones para miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en esta ocasión las boletas no serán contadas en la mesa de recepción o en las casetas establecidas para ello, por quienes fungieron como funcionarios de casilla, o sea por los propios ciudadanos, inmediatamente después de que cerraron a las casillas. No. En esta ocasión el conteo de votos se hará en los Consejos Distritales, luego de que los funcionarios en las casillas los separen por colores y hagan un conteo de las boletas, pero sin hacer el escrutinio y cómputo para cada cargo en juego.
Queda la esperanza de que quienes integran los Consejos Distritales son personas con experiencia en la materia, pues participan en las elecciones tradicionales de cada tres y seis años, y que ello ayudará a que no se incurra en irregularidades, trampas o fraude. Pero, sin embargo, siempre queda la “espinita” de que todo puede suceder y que el fraude está “a flor de piel”.
Otra causa de desconfianza en esta elección reside en la decisión de que las boletas sobrantes en las casillas no se destruirán al final de la jornada electoral en la misma casilla, como se hace en las elecciones tradicionales. En esta ocasión, se asegura, dichas boletas también serán llevadas y entregadas en los Consejos Distritales. ¿Qué sucederá ahí? Se desconoce.
Para esta elección del Poder Judicial tampoco habrá conteo rápido ni operará el Programa de Resultados Preliminares, mejor conocido como el PREP. Y los resultados finales no se darán a conocer el mismo día, sino hasta que se haya concluido el conteo y de acuerdo a cada cargo.
Así, pues, por más que se pretenda generar confianza ciudadana en un proceso electoral novedoso y que se realizará por primera vez, existen muchas razones para desconfiar de él.
