Por Mario Díaz (El Master)
La educación mexicana volvió a colocarse en el centro del debate nacional, aunque esta vez no por una reforma pedagógica de largo alcance ni por una discusión sobre aprendizaje, innovación o infraestructura escolar de gran calado, sino por una decisión administrativa que detonó una oleada de críticas, preocupación y cuestionamientos incluso jurídicos: el anuncio del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, de modificar el calendario escolar 2025-2026 para concluir clases el 5 de junio, más de un mes antes de aprobado oficialmente por las propias autoridades y que fuera el15 de julio.
La medida, acordada en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), fue justificada bajo dos argumentos centrales: las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país y la realización del Mundial de Futbol 2026, del cual México tendrá tres sedes principales Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
Lo que inicialmente parecía una modificación operativa derivó rápidamente en una crisis política, educativa y constitucional. Diversos sectores sociales —padres de familia, especialistas, organizaciones civiles y gobiernos estatales— cuestionaron la decisión por considerar que afectaba el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes.
En medio de ese debate emergió una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el sistema educativo mexicano está preparado para enfrentar problemas estructurales como el cambio climático, el rezago académico y la falta de planeación gubernamental?
Para Mexicanos Primero Jalisco, la polémica representa una buena oportunidad para discutir algo mucho más profundo que un simple calendario escolar. Su Directora General, Itzia Gollás Núñez, en entrevista con Política, sostiene que la controversia exhibió una crisis educativa que desde hace años permanece acumulándose bajo la superficie y analiza el deterioro estructural del sistema educativo, el debilitamiento de la evaluación, la falta de infraestructura en aulas, la ausencia de mecanismos efectivos de nivelación académica y el abandono institucional que enfrentan docentes, estudiantes y familias.
Insiste en que la discusión no debe quedarse únicamente en el escándalo coyuntural del Mundial de Futbol o las rechazadas vacaciones extendidas, sino aprovecharse como un punto de inflexión para revisar qué tipo de educación está recibiendo la niñez mexicana.
“Hay una crisis y lo primero es reconocerla, afirma.
¿Qué impacto hubiese tenido esta reducción de tiempo en las aulas?
“Es una medida que se debió de analizar muy bien antes de implementar este tipo de cambios. Ya estamos un día abajo de la media de la OCDE, que son 186 días de escuela en México son 185. Los países punteros en educación, como Corea o Singapur, traen alrededor de 200 días de escuela. El argumento de que no importa la cantidad de días y que se convierten en una guardería, es muy desafortunado, no debe de haber días así, para eso se prepara el programa educativo y se aprueba”.
Para Itzia Gollás, el anuncio de la SEP no puede analizarse únicamente como una decisión aislada o administrativa. A su juicio, este episodio puso sobre la mesa una problemática mucho más profunda: la fragilidad del sistema educativo nacional.
“La educación está en crisis y esta cuestión coyuntural puede ser y debe ser una invitación para toda la sociedad para colocar a la educación donde tiene que estar: como prioridad en la agenda pública y en la agenda de política pública”, sentencia.
La directora de Mexicanos Primero Jalisco considera que el país atraviesa un momento especialmente delicado porque, además de enfrentar rezagos históricos, México ha debilitado varios de los mecanismos de evaluación que permitían conocer con precisión el estado del aprendizaje de los estudiantes.
Aunque Jalisco cuenta con instrumentos propios como “Jalisco Avanza”, la desaparición o debilitamiento de evaluaciones nacionales e internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesto por 38 países, México entre ellos, y que desde el 2022 el país se encuentra entre los niveles más bajos en matemáticas, lectura y ciencias. Bajo los gobiernos de la llamada 4 Transformación México dejó de aplicar el programa PISA, por lo que genera dificultades para comparar resultados educativos entre entidades.
En Jalisco se sigue apostando por saber cómo avanza o se detiene la educación, se cuenta con la prueba Jalisco Avanza.
“Con la prueba Jalisco Avanza, no va a ser comparable con otros estados, pero sí puede ser comparable con nosotros mismos y eso adquiere muchísima relevancia, el hecho de que este año hicimos en política pública el ABC, qué escuelas, que infraestructura, que becas, que formación para el carácter, todo esto que es inmediato, debe tener un periodo congruente de aplicación, esta prueba, que no es la PISA, es a nivel censal en educación básica, si se vuelve a aplicar nos genera información de si lo que se está haciendo en el estado está funcionando o no, que sí creo que Jalisco tiene la posibilidad, por supuesto”.
“Jalisco ha sido en muchas épocas un referente educativo a nivel nacional, ahora por muchos motivos se coloca de nueva cuenta como referente, pero me parece que podemos hacer mucho más en el estado y le podemos dar la vuelta a esta crisis, pero toda crisis tiene que empezar como te lo mencioné por reconocer que hay una”.
Deja en claro que el problema central no es únicamente la cantidad de días de clase, sino la calidad del aprendizaje que se genera dentro de las escuelas.
La polémica
Cuando la SEP anunció que el ciclo escolar concluiría anticipadamente, la reacción social fue inmediata. Padres de familia cuestionaron quién cuidaría a millones de estudiantes durante semanas adicionales; docentes advirtieron problemas administrativos y académicos; organizaciones civiles señalaron inconsistencias legales y gobiernos estatales comenzaron a fijar posturas diferenciadas como Jalisco, Guanajuato, Nuevo León.
Para Gollás Núñez, uno de los elementos más preocupantes fue la manera en que se tomó la decisión.
“De un día para otro se dice una cosa. Todo iba normalmente y de repente Mario Delgado crea esta crisis”. Expone que previamente existían discusiones sobre ajustes logísticos vinculados al Mundial de Futbol, especialmente en ciudades sede como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. Sin embargo, esos escenarios contemplaban modificaciones focalizadas y que consideró razonables, pero no una alteración nacional del calendario escolar total.
“Sonaban ajustes metropolitanos, particularmente por los movimientos y traslados, si esta conveniente reactivar solo en días específicos las clases en línea como ocurrió durante la pandemia, o si luego se recuperaba las clases si se decidía suspenderlas durante las jornadas de encuentros, en fin. Eso podía tener cierta lógica. Pero luego vino la noticia que nadie esperaba: modificar el calendario escolar por el calor y el Mundial, los jóvenes tendrían tres meses de vacaciones”.
La representante de Mexicanos Primero señala que lo más delicado fue la ausencia de un sustento técnico sólido que hiciera comprensible y entendible esta decisión.
“No encontramos validez porque no hubo un soporte claro. La justificación fue que así se les pidió o así se les indicó, nunca hubo nombres de personas o entidades que solicitaran este cambio. Pero lejos de temas de calendario, lo que prendió todas las alarmas es que estamos hablando de uno de los principales derechos de la niñez, LA EDUCACIÓN”.
Calor
Uno de los argumentos utilizados por la Secretaría de Educación Pública fue el incremento de la temperatura, el calor, para decidir que los alumnos estuvieran en sus hogares. Sin embargo, Gollás Núñez considera que el gobierno abordó el problema desde una lógica superficial.
“El calor sí afecta la vida de las y los estudiantes, por supuesto. La vida es primero y nadie quiere niños deshidratados, con golpes de calor por supuesto que no. Pero entonces para resolver el calor no podemos actuar como el avestruz. El verdadero problema es la precariedad de la infraestructura escolar. Hay escuelas que no tienen ventanas, que no se abren, los techos están construidos con materiales que generan mucho calor, falta de ventiladores o cuando tienen ventiladores no tienen electricidad”.
Desde esta perspectiva de cancelar clases o recortar el calendario por las altas temperaturas, no atiende las causas estructurales reales y puntualiza:
“Las altas temperaturas se tienen que atender con infraestructura adecuada, con inversión y planeación”.
Coincide con Itzia Gollás, la Profesora Investigadora de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Edith Roque Huerta, al advertir que el Estado mexicano no puede trasladar a los estudiantes el costo de años de omisiones en infraestructura escolar. Según su análisis, el problema climático era previsible desde hace años y debía enfrentarse mediante inversión pública, no reduciendo días de aprendizaje.
Futbol
Si el argumento del calor generó dudas, el uso del Mundial de Futbol como argumento y justificación de recorte al calendario escolar provocó todavía más cuestionamientos.
“El Mundial se anunció desde 2017. Fueron nueve años que tuvieron para planear esta situación. Nueve años para prever esto y lo quieren hacer a solo un mes de este evento deportivo, algo no está bien”, enfatiza Gollás Núñez, quien considera “especialmente grave que una decisión vinculada con el derecho a la educación se tome precipitadamente por razones logísticas asociadas a este encuentro internacional. Perdón si sueno crítica, pero sí me preocupa que estas decisiones se tomen así, aparentando una ligereza”.
A este argumento deportivo Edith Roque fue aún más puntual al señalar que ajustar el calendario escolar nacional por razones vinculadas a un torneo deportivo implica aceptar que los derechos fundamentales pueden ceder frente a intereses económicos, turísticos o políticos. Desde esa perspectiva, el caso representa un precedente institucional peligroso.
Fallas técnicas
Uno de los puntos más delicados del debate tiene que ver con la legalidad de cambiar el calendario escolar desde “la ocurrencia”.
Gollás Núñez recuerda que cualquier modificación sustancial al calendario escolar debe partir del respeto al marco jurídico vigente.
“El paso cero tendría que ser revisar qué dice la ley, qué permite la Constitución y cuáles son los límites institucionales. La ley establece un calendario y unos mínimos obligatorios. Eso tendría que darse por hecho”.
En efecto, el artículo 87 de la Ley General de Educación obliga al cumplimiento de un mínimo de 185 días efectivos de clase. La investigadora nacional Edith Roque también subraya que ninguna autoridad administrativa puede colocarse por debajo de ese umbral legal mediante acuerdos políticos, especialmente cuando está involucrado un derecho humano como la educación.
Para Mexicanos Primero, toda política pública educativa debe construirse sobre diagnósticos sólidos, consultas previas y análisis técnicos robustos. “Primero tendría que existir información seria, después consultar a docentes, directivos y padres de familia, y luego tomar decisiones. Aquí se tomó la decisión y luego se presentó a directivos, docentes y padres de familia”.
Autonomía estatal
Sirvió este episodio también para comprender la necesidad de fortalecer el federalismo y las autonomías estatales.
“Somos una federación y los estados tienen facultades. Incluso las propias escuelas podrían tener cierto margen de decisión sobre si suspenden o no labores educativas”, recordó que hay casos en algunos municipios que por temperaturas muy bajas se decide suspender clases e incluso en algunos casos se dan por festividades religiosas o condiciones regionales muy particulares.
Paradójicamente, dentro de esta crisis educativa Itzia Gollás identifica un elemento positivo: la reacción social.
“Las familias reaccionaron. Tal vez por motivos distintos, pero reaccionaron diciendo: es la educación”.
Expone que esta controversia logró algo poco frecuente en México: colocar nuevamente el tema educativo en el centro de la conversación pública.
“Hubo posicionamientos de asociaciones civiles, docentes, familias y distintos sectores. Y aunque había diferencias en sus puntos de vista y opiniones, todos coincidían en algo: las niñas, niños y adolescentes son prioridad”.
Asegura que esa respuesta colectiva le generó cierta esperanza. “Por lo menos yo así quise interpretarlo”.
Derecho a aprender
Por si fuera poco, durante los días de más incertidumbre sobre si habría este recorte de días de clases o si se quedaba como oficialmente se aprobó, vino la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sentencia la prohibición de que los alumnos de educación básica sean reprobados, lo que significa que deberán de ser promovidos en automático al siguiente nivel.
Gollás Núñez reconoce que la intención de evitar exclusión escolar puede parecer positiva en el papel, pero advierte graves problemas en la operación práctica.
“Los maestros nos dicen que tienen estudiantes que asisten una o dos veces al mes y aun así deben aprobarlos. La preocupación central no es la calificación aprobatoria o reprobatoria, sino las consecuencias futuras para los estudiantes que no cuenten con la comprensión y entendimiento de las herramientas educativas que les están inculcando en las aulas”.
¿Qué futuro les espera si avanzan sin estas herramientas básicas?
“No estoy defendiendo modelos punitivos, sino procesos reales de acompañamiento académico. Te explico, en otros países donde no se reprueba a sus jóvenes, existen mecanismos sólidos de recuperación y nivelación educativa, esto es, no reprueban solo porque el maestro les ponga una calificación mínima aprobatoria, sino que no reprueba porque se les brindan las herramientas necesarias de acompañamiento para que la niña, el niño o el adolescente aprenda de verdad, tal vez con clases tutoriales de nivelación, con cursos sabatinos, maestros particulares, no es solo poner calificación aprobatoria, como muchos docentes entienden esta resolución de la Corte, esto a la larga les causará más problemas en su desarrollo personal a mediano plazo”.
Considera que en México muchas políticas educativas quedan atrapadas entre buenas intenciones y una implementación deficiente.
“En papel todo se escucha muy bien, pero ¿cómo lo aterrizas? ¿Qué herramientas les das a los maestros?”
Comprender, no memorizar
La directora de Mexicanos Primero insiste en que la meta de la educación contemporánea no debe reducirse a obtener altas calificaciones.
“La meta es aprender a aprender”, luego de esta declaración Itzia Gollás hace una pausa, cierra los ojos para formular mejor su idea, se recompone y expone que desde su visión, el siglo XXI exige formar estudiantes capaces de analizar información, desarrollar pensamiento crítico y distinguir entre verdad y manipulación, esto no se da en el país, con consecuencias en donde incluso puede estar en peligro la libertad y la vida de los jóvenes.
“Hoy un joven no tiene las herramientas cognitivas para decidir si una noticia es real o falsa, si un anuncio es fraudulento o si una información puede poner en riesgo su vida. Desarrollar un pensamiento crítico es fundamental para los jóvenes de hoy, está en riesgo su seguridad, lo vemos en tantos casos de jóvenes que acuden a una supuesta entrevista de trabajo donde van a ganar un buen salario y son enganchados por estos grupos delictivos, de ahí lo importante de que desarrollen este pensamiento crítico, de ahí la urgencia de que aprendan a aprender”.
Rezago educativo
La conversación conduce inevitablemente hacia uno de los temas más preocupantes: el rezago educativo nacional.
Itzia Gollás considera que el debate sobre el calendario escolar debe aprovecharse para hacer preguntas mucho más profundas. “¿Qué pasa con el rezago? ¿Por qué tenemos alumnos de tercero de secundaria que no pueden leer correctamente?” y rechaza las explicaciones simplistas que responsabilizan únicamente a estudiantes, maestros o a las familias.
“El problema es sistémico. Participan si es cierto las familias, pero también el sistema educativo, los medios de comunicación también tienen su parte, las instituciones y también las políticas públicas, es toda la sociedad que deberíamos de estar involucrados en la educación de las niñas, niños y adolescentes, todos tenemos nuestras tareas con las que debemos de contribuir”.
Para ella, uno de los grandes errores ha sido reducir el debate educativo a temas coyunturales. “No es nada más el calendario ni los libros de texto. El problema es mucho más profundo”.
Las cifras nacionales con las que se cuentan, refuerzan esa preocupación. Diversos diagnósticos indican que en México aún existen cerca de 3.8 millones de personas analfabetas y más de 52 millones en rezago educativo. Además, apenas cinco de cada diez estudiantes comprenden adecuadamente un texto y únicamente tres de cada diez resuelven operaciones matemáticas básicas.
La activista recuerda que la llamada Nueva Escuela Mexicana fue presentada como un modelo humanista e integral, pero asegura que su implementación ha estado marcada por improvisaciones.
“Primero salieron libros de texto, luego programas y después capacitaciones parciales. El orden no fue el adecuado, como con el asunto del calendario también debió de ir en sentido contrario, para empezar”.
Desde su perspectiva, muchas reformas educativas fracasan porque se implementan sin acompañamiento suficiente para los docentes, que han atravesado por muchos cambios en los últimos años.
Maestros
Ante esta situación Itzia Gollás destaca la participación o situación de uno de los pilares básicos de la educación en México, los docentes, quienes a su juicio enfrentan enormes exigencias sin contar con las herramientas suficientes a su responsabilidad.
“El mayor reconocimiento que podemos darles es proporcionarles lo que necesitan para trabajar”.
Critica que frecuentemente el discurso oficial reduce el reconocimiento magisterial a eventos simbólicos o conmemorativos. “No basta con celebrar el Día del Maestro cada 15 de mayo. Debemos de preguntarnos qué pasa durante los otros 184 días del calendario, cómo podemos y debemos como sociedad coadyuvar a que mejoren sus condiciones, tener un papel más proactivo en la educación de las niñas, niños y adolescentes”.
Finaliza sosteniendo que resignificar la figura docente es indispensable para cualquier transformación educativa seria, eficiente y eficaz.
