Por Lic. Miguel Ángel de la Torre de la Cruz
Economista
En un entorno macroeconómico como el que atraviesa México en 2026, la pregunta sobre la calidad del gasto público adquiere una relevancia más allá del debate técnico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el PIB registró una contracción del 0.6% en el primer trimestre del año en términos trimestrales al 22 de mayo, con caídas en las actividades primarias del 1.7% y en las secundarias del 1.0%, mientras las terciarias disminuyeron 0.4%. A tasa anual, la economía apenas creció 0.2%.
En materia de precios, la inflación general se ubicó en 4.11% anual en la primera quincena de mayo de 2026, conforme a los datos más recientes del INEGI, por encima aún de la meta del 3.0% establecida por el Banco de México, cuya Junta de Gobierno decidió el 7 de mayo concluir su ciclo de recortes de tasa al ubicarla en 6.50%, buscando preservar la estabilidad de precios ante un entorno de debilidad económica. No basta, en este escenario, con saber cuánto gasta el Estado, es indispensable saber con qué claridad, coherencia y orientación a resultados lo hace.
En 2014, el Estado de Jalisco realizó una transformación estructural en su ciclo de planeación, programación, presupuestación, evaluación y rendición de cuentas, adoptando formalmente el modelo de Presupuesto basado en Resultados. Hasta ese año, el enfoque presupuestal, que entre 1999 y 2013 pasó del Objeto del Gasto hacia el Plan Operativo Anual, centraba la planeación en el cómo más que en el qué, en procesos y acciones internas de los entes públicos, no en los bienes y servicios entregados a la ciudadanía ni en su impacto real.
La incorporación de la Metodología de Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) representó un cambio en la lógica presupuestal: el recurso público dejó de asignarse por inercia para comenzar a condicionarse, al menos normativamente, al desempeño de las metas y a los resultados verificables en la población.
La primera pieza de este proceso, y la más frecuentemente debilitada en la práctica, es la correcta definición del problema público. El Manual de Metodología de Marco Lógico es explícito al respecto estableciendo que el problema debe identificarse con tres elementos principales, la determinación precisa del problema público que se busca resolver, la elaboración de un diagnóstico basado en evidencia que determine su magnitud real, y la delimitación de la población objetivo o área de enfoque que justifica la intervención gubernamental.
Esta distinción entre la población de referencia, la potencial, la objetivo y la beneficiaria no es un formalismo metodológico, es el mecanismo mediante el cual el Estado decide quién recibe los recursos y por qué, con lo que cada decisión de diseño tiene una relación distributiva directa sobre el bienestar de la población. El mercado laboral ilustra con claridad esta necesidad pues según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 54.8% en el primer trimestre de 2026, por encima del 54.3% del mismo período de 2025, en un contexto donde la población ocupada se contrajo en 227 mil personas en los primeros tres meses del año, la primera caída de empleo para ese período desde 2022. Ante este panorama, un programa de fomento al empleo formal mal diagnosticado puede destinar recursos cuantiosos a una población que no corresponde con la que experimenta el problema central, generando gasto sin impacto.
A partir de ese diagnóstico se construye el árbol de problemas, la cual funge como herramienta que sitúa el problema central en el núcleo del análisis y traza sus causas directas e indirectas hacia abajo, y sus efectos hacia arriba, mediante una transformación en positivo de sus elementos, el árbol de objetivos que da origen a la estructura analítica del Programa Presupuestario. Cuando ese árbol es débil y las causas identificadas son genéricas, cuando el diagnóstico carece de sustento estadístico o cuando el problema central se confunde con la ausencia de su solución, la cadena de resultados colapsa antes de comenzar.
La MML es precisa, pues las causas deben redactarse como condiciones negativas existentes, no como ausencia de soluciones; deben contar con al menos dos niveles de desagregación; y los efectos deben representar las consecuencias reales que se generarían de no resolverse el problema central. Esta exigencia metodológica tiene una consecuencia directa sobre la calidad del gasto ya que obliga a que cada peso asignado a un programa pueda rastrearse hasta una causa verificable y un efecto esperado en la población.
Una vez construida la estructura analítica, el proceso finaliza en la MIR, la cual se compone de una tabla de cuatro filas por cuatro columnas donde las filas presentan los niveles Fin, Propósito, Componente y Actividad; en las columnas se integran el resumen narrativo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Cada nivel tiene una sintaxis específica que el manual estatal regula con precisión, el Fin siempre busca “contribuir a”, e indica el vínculo con los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco; el Propósito enuncia el resultado directo en la población objetivo como consecuencia de la ejecución de los componentes y debe vincularse con los objetivos sectoriales del mismo Plan; los Componentes se redactan como productos terminados o servicios proporcionados; y las Actividades como sustantivos derivados de verbos que describen los procesos necesarios para generarlos.
El corazón operativo de la MIR son sus indicadores. La MML establece dos marcos complementarios para asegurar su calidad técnica bajo los criterios CREMAA (claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal) adoptados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y los criterios SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo) utilizados por organismos como el Banco Mundial. Desde la perspectiva económica, lo que estos criterios buscan garantizar es que el indicador genere información útil para la toma de decisiones, no solo para el cumplimiento formal del reporte.
La normatividad jalisciense establece dimensiones específicas para cada nivel de la MIR: el Fin exige indicadores de eficacia; el Propósito admite eficacia y eficiencia; los Componentes incorporan también calidad; y las Actividades contemplan adicionalmente la dimensión de economía. Esta jerarquía refleja una decisión metodológica con implicaciones presupuestales directas, ya que no es lo mismo medir si algo se ejecutó (eficacia) que si se ejecutó con los recursos mínimos necesarios (eficiencia), con la calidad requerida por la población (calidad) o dentro del marco financiero disponible (economía).
Los supuestos de la MIR son los factores externos fuera del control del ente responsable del programa que deben cumplirse para que la cadena de resultados opere según lo diseñado; se redactan en positivo y deben ser relevantes, no triviales ni repetidos entre niveles. En el contexto donde la confianza del consumidor en México acumula 16 meses consecutivos de retrocesos anuales según la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor del INEGI y donde el BANXICO ha señalado la debilidad de la actividad económica como uno de los factores determinantes de su política monetaria, los supuestos de cualquier programa orientado a la demanda interna jalisciense deberían incorporar explícitamente la volatilidad del entorno macroeconómico como condición necesaria para el logro de resultados. De lo contrario, el seguimiento trimestral que la Secretaría de la Hacienda Pública realiza a los indicadores de los programas reportará incumplimientos cuyo origen no está en la gestión del ente ejecutor, sino en el contexto externo, distorsionando el juicio institucional sobre el desempeño del gasto público estatal.
El ciclo del marco lógico no termina con la ejecución del gasto, culmina en el Sistema de Evaluación del Desempeño, que en Jalisco articula el seguimiento trimestral de indicadores con la evaluación de programas y políticas públicas, y cuya información se integra en instrumentos de rendición de cuentas que van desde el Presupuesto de Egresos hasta la Cuenta Pública revisada por la Auditoría Superior del Estado.
El verdadero desafío institucional consiste en transitar de una evaluación de cumplimiento técnico hacia una evaluación de impacto real, que verifica si ese gasto modificó efectivamente las condiciones de vida de la población objetivo. Esta diferencia no es semántica, pues un programa puede reportar el 100% de cumplimiento de su meta institucional y haber generado un impacto nulo, o incluso negativo, sobre el problema público que motivó su existencia.
El contexto económico nacional y estatal de 2026 demanda no solo un Estado que gaste más, sino un Estado que gaste con mayor rigor técnico, con evidencia como sustento y con mecanismos reales de rendición de cuentas. El correcto diseño de los programas presupuestarios bajo la Metodología de Marco Lógico no es, en ese sentido, un ejercicio de cumplimiento normativo ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, es una condición mínima para que el peso público genere valor real en la población que lo financia. Con diagnósticos sustentados en datos, indicadores que cumplan los criterios CREMAA y SMART, Jalisco puede convertir su modelo de Presupuesto basado en Resultados en el deber ser, no un requisito burocrático, sino la guía técnica que orienta el presupuesto hacia donde más se necesita.
