Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
En días pasados distinguidos jaliscienses han viajado y fortaleciendo sus contactos políticos en la Ciudad de México. Específicamente Pablo Lemus y Ricardo Villanueva han librado sus propias batallas por recursos federales, gestiones y esfuerzos que también se entrecruzan y que tienen un gran significado para el presente y futuro de los jaliscienses.
Ambos personajes enarbolan justos reclamos, pero también en sus demandas se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de realizar profundas reformas al sistema fiscal mexicano para alcanzar la esencia de un auténtico federalismo.
Como ciudadano jalisciense y egresado de la Universidad de Guadalajara, me genera desde un sentimiento de molestia e insatisfacción que el Gobernador Electo y el Rector General se vean en la necesidad de tocar puertas, de buscar la comprensión de las autoridades del Gobierno Federal y de la Cámara de Diputados para atender las necesidades presupuestales de los jaliscienses.
Entiendo que en cualquier lugar del mundo se hace “lobby” en los pasillos de los gobiernos y de los Congresos y que con talento político y argumentos técnicos se logre influir en los presupuestos, pero no es válido que las necesidades del desarrollo de Jalisco y del trabajo educativo de nuestra universidad se filtre por cuestiones subjetivas como la voluntad, las filias y las fobias.
Muy posiblemente las gestiones de Pablo Lemus y Ricardo Villanueva, ahora en compañía de la nueva rectora general, Karla Planter, tendrán resultados positivos y se lograrán ajustes en el presupuesto de egresos de la Federación para que se incrementen los recursos a Jalisco y a la Universidad de Guadalajara. Se habrá logrado la meta y la gestión será exitosa. La pregunta ahora es: ¿En 2025 y los años posteriores se repetirá la historia? Se habrá logrado una victoria pírrica, pero seguirán los problemas de fondo.
La cobija del presupuesto federal no alcanza para atender rezagos y nuevas demandas sociales. El gobierno federal debe de asumir la enorme responsabilidad de promover profundas reformas a nuestro rebasado sistema fiscal y promover un nuevo “Pacto Fiscal” con la abierta participación de la sociedad. No es posible que las determinaciones sobre impuestos y gasto público cada vez estén más sujetos a las demandas del llamado ciclo electoral. Dicho de otra manera, que la política fiscal se oriente a ganar elecciones y discriminar entre gobiernos y autoridades de acuerdo con el color de sus orígenes y simpatías
El actual sistema de coordinación fiscal, donde las entidades federativas que menos recaudan reciben transferencias de recursos para atender sus rezagos, debe ser revisado porque con los indicadores disponibles esas entidades siguen sumergidas en el retraso y la pobreza, resultados que no se notan a pesar de la inyección de recursos hechos por décadas. Es posible que esas entidades no tengan tampoco incentivos para incrementar su propia recaudación al contar con la dependencia de las transferencias y programas del gobierno federal y tengamos un cuento de nunca acabar,
A los justos reclamos de un auténtico federalismo fiscal, se debe también abordar la agenda de la recaudación estatal y municipal. Poner en la mesa una especie de IVA estatal como en Estados Unidos, revisar la recaudación por impuesto predial y, sin lugar a duda, entrar al mundo de la economía informal. La discusión debe incluir con claridad que los nuevos ingresos estarán etiquetados para programas de educativos, de salud e infraestructura. El ejemplo del impuesto sobre la nómina para fines de infraestructura educativa ha sido un acierto en nuestra entidad.
Es de reconocer la gestión de recursos de nuestras autoridades, la labor ha sido ardua y se espera la comprensión y convencimiento de los actores que manejan el presupuesto federal. La historia no puede repetirse para los próximos años. Las reglas deben cambiar para que Jalisco y la Universidad de Guadalajara reciban recursos apegados a sus necesidades y proyectos. Veremos lo que sigue.
