Por Javier Orozco Alvarado
Doctor en Economía Internacional y Desarrollo Económico. Investigador del Conahcyt
Históricamente las relaciones México-Estados Unidos han sido complejas y con altibajos. En particular, desde que el republicano Donald Trump llegó al poder en su primer mandato, 2017-2021, las relaciones entre ambos países comenzaron a complicarse; salvo en el intervalo de gobierno del demócrata Joe Biden, 2021-2025. Pero desde el retorno de Trump para un segundo mandato el 20 de enero de 2025, la situación para México no ha sido nada fácil.
Su insistencia en que México está gobernado por el crimen organizado ha derivado en la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas y el tráfico de estupefacientes como armas de destrucción masiva, lo que le ha permitido atacar embarcaciones vía marítima, amenazar con incursiones terrestres en México y perseguir narcotraficantes en el continente.
En su intento por frenar el tráfico de fentanilo de México hacia Estados Unidos la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó recientemente la detención con fines de extradición de diez funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, solicitud que la presidenta de México rechazó por falta de pruebas.
Como respuesta, el pasado domingo 31 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó desde el monumento a la Revolución un incendiario discurso anti Trump a toda la militancia y simpatizantes del partido Morena, concentrados en todas las plazas públicas del país. Fue un discurso lleno de nacionalismo con el que, en nombre de la soberanía, la presidenta dejó muy claro que su gobierno no permitirá el injerencismo, ni la persecución de miembros de su gobierno o su movimiento señalados por los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Prácticamente, con ese discurso, la postura del gobierno de México frente a los Estados Unidos pone en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que repercutirá no sólo en las relaciones de cooperación para la seguridad regional sino también en las relaciones económicas y políticas entre ambas naciones. Y para colmo de las maltrechas relaciones entre los dos países, el ex presidente López Obrador salió de la Chingada con un mensaje a la nación, para insultar a todos los funcionarios del gobierno norteamericano, en donde aprovechó también para señalar que, el de ahora, era otro Trump que se deja manipular por intereses de la ultraderecha de ambos países.
Lamentablemente, tanto la presidenta, como López Obrador, han enarbolado la soberanía nacional como un instrumento para defender supuestos criminales ligados a su movimiento y para iniciar de lleno su campaña electoral en favor de Morena para las elecciones de 2027 bajo el dilema; estás con quienes defienden la soberanía o estás con la ultraderecha entreguista.
La realidad es que los mexicanos no somos ni de ultraderecha ni queremos ningún tipo de intervencionismo; sólo queremos que se persiga a quienes generan violencia y cometen delitos en ambas partes de la frontera. Queremos retornar a la paz que relativamente tuvimos en el pasado y que se respeten los acuerdos que históricamente han establecido ambos países, como el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, el Tratado de Extradición de 1978 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que inició desde 1994.
Pero, desafortunadamente, tanto un gobierno como el otro, han contribuido a deteriorar las relaciones diplomáticas y de cooperación para lograr sus fines políticos y electorales en favor de sus respectivos partidos políticos en las próximas elecciones. Por su parte, México, se rehusa a cumplir el tratado de extradición mediante la defensa de ocho de diez funcionarios de Morena señalados por presuntos delitos de narcotráfico en Estados Unidos y, ese país, amenaza con perseguir narcoterroristas en territorio mexicano, así como imponer aranceles a nuestros productos, violando los tratados de 1848 y 1994.
El hecho es que el inicio de la renegociación del T-MEC el próximo 1 julio, está marcado por el endurecimiento del trato comercial de Estados Unidos hacia México, al proponer pasar de un 75% de contenido regional a 85%, de cuyo porcentaje sea un 50% de origen estadounidense y el establecimiento de aranceles selectivos para evitar la entrada de productos asiáticos.
De seguir el gobierno de México con la postura de defender a personajes señalados como narco-políticos en nombre de la soberanía nacional, hará que las relaciones económicas, políticas y culturales, construidas durante más de cien años con Estados Unidos, se endurezcan y deterioren aún más; lo que pone en riesgo la estabilidad estructural del país y la continuidad del T-MEC.
