Por Redacción
La renuncia de Paula Ramírez Höhne a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco no puede entenderse únicamente como una decisión de carácter personal. Aunque oficialmente el organismo electoral informó que la determinación fue “largamente meditada” y presentada de manera irrevocable ante la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, el contexto político e institucional revela un desgaste acumulado que terminó por volver insostenible su permanencia al frente del árbitro electoral jalisciense.
La salida de Ramírez Höhne ocurre después de uno de los procesos electorales más controvertidos en la historia reciente de Jalisco: la elección concurrente de 2024, donde el IEPC enfrentó fuertes cuestionamientos por el funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), retrasos en los cómputos, inconsistencias en paquetes electorales y la falta de claridad en la comunicación institucional.
Particularmente delicado fue el caso de Guadalajara, donde más de cien paquetes electorales no fueron integrados inicialmente al cómputo debido, según reconoció la propia autoridad electoral, a problemas logísticos en el traslado de documentación. Aunque los tribunales validaron finalmente los resultados y no acreditaron fraude electoral, el daño político y la erosión de la confianza pública hacia esta institución electoral ya estaban instalados.
A ello se sumaron denuncias promovidas ante el INE para solicitar la remoción de consejeros electorales de Jalisco, incluyendo a la propia presidenta del organismo. Versiones difundidas por ex funcionarios y actores políticos señalaron además la existencia de procedimientos relacionados con presunta violencia política en razón de género, acoso laboral y violaciones al estatuto del Servicio Profesional Electoral, lo que habría incrementado la presión interna y externa sobre la titular del instituto.
Desde distintos sectores políticos también comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la conducción política del IEPC. Mientras Morena y sectores de oposición acusaban irregularidades y falta de transparencia, el PAN Jalisco expresó preocupación por el vacío institucional que deja la renuncia en vísperas de la organización del proceso electoral de 2027. Para Acción Nacional, la salida de Paula Ramírez se produce en un momento especialmente sensible para los órganos electorales locales, en medio de un escenario nacional de tensión entre los partidos de oposición y el gobierno federal respecto al futuro de los organismos autónomos.
Analistas políticos como Gabriel Torres Espinoza consideran que la renuncia representa el desenlace de una presidencia debilitada por la pérdida de credibilidad institucional. La principal crítica gira en torno a que el IEPC no logró generar certeza plena en una elección altamente competida y polarizada. Más allá de la legalidad de los resultados, el problema central habría sido la incapacidad de reconstruir confianza pública mediante mecanismos de transparencia y comunicación efectiva.
Otras consideraciones sostienen que el momento por el que atraviesa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco reclama la actuación inmediata, formal y coordinada de quienes integran su órgano superior de dirección, en conjunto con las autoridades electorales nacionales, dado que la gravedad de las circunstancias no admite dilaciones ni improvisaciones.
A partir del 1 de julio deberá designarse, de entre quienes integran el Consejo General, a la persona que ocupe de manera provisional la Presidencia del Instituto, en tanto el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo el procedimiento correspondiente para designar a quien habrá de asumir la titularidad del cargo por un nuevo periodo.
El primero de estos procedimientos se encuentra previsto en el Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ordenamiento que regula la vida interna de la institución y que tiene por objeto garantizar la continuidad ininterrumpida de las funciones sustantivas que hacen posible el cumplimiento de su mandato constitucional. Su observancia puntual resulta indispensable para evitar un escenario crítico.
Por otra parte, la intervención del Instituto Nacional Electoral debería de permitir resolver de manera definitiva la designación de la persona que asumirá la Presidencia del organismo electoral local. En este caso particular, al tratarse de una vacante ocurrida durante los últimos tres años del encargo de quien hoy se separa definitivamente del cargo, la designación corresponderá a un periodo de siete años, conforme al marco constitucional aplicable.
¿Quién al relevo?
Este procedimiento respectivo encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece requisitos elementales para quienes aspiren a ocupar tan alta responsabilidad. Entre ellos destaca el ser originario de la entidad federativa correspondiente, es decir, ser jalisciense, o bien acreditar una residencia efectiva de al menos cinco años en el estado.
Sea quien sea esta decisión exige prontitud. La cercanía del inicio formal del proceso electoral así lo demanda. Si bien el Código Electoral del Estado de Jalisco establece como fecha para su inicio el mes de noviembre, los trabajos preparatorios comienzan con varios meses de anticipación y requieren definiciones inmediatas.
El IEPC se enfrentará en corto tiempo a la planeación estratégica, la organización administrativa, la coordinación institucional y la conducción operativa del proceso dependen, en gran medida, de la estabilidad y certeza que pueda aportar la Presidencia del Instituto.
Elección intermedia
El proceso electoral que se avecina estará marcado sin lugar a dudas por una intensa competencia regional muy complicada, distribuida en los 125 municipios y los 20 distritos electorales del estado. Por tal motivo tal dimensión incrementa significativamente el nivel de exigencia técnica, operativa y política que deberá enfrentar la autoridad electoral en los próximos meses.
Precisamente por ello, resulta especialmente preocupante que este desafío encuentre al Instituto inmerso en una etapa de incertidumbre institucional y áreas estratégicas en proceso de adaptación con la nueva presidencia.
Las apuestas son que la prontitud con que se desarrolle el proceso para la renovación de la próxima presidencia de este órgano electoral se desarrolle bajo condiciones de estabilidad democrática, que permita la transmisión pacífica del poder y garantice ante la ciudadanía el reconocimiento legítimo de las autoridades que y durante la jornada electoral obtengan el respaldo ciudadano en las urnas.
Para que ello sea posible solo dependerá y en gran medida, de una actuación ejemplar tanto del proceso de selección de la persona que ocupe el espacio que deja Paula Ramírez y de la actuación firme y profesional de las autoridades electorales antes, durante y posterior a la próxima jornada electoral, así como de una amplia y decidida participación de la ciudadanía (tema que deberá de ser tratado en su oportunidad).
Finalmente, Jalisco merece arribar a 2027 con una autoridad electoral fortalecida, confiable y plenamente preparada para enfrentar los desafíos de una elección que, desde ahora, se perfila con una gran complejidad.
¿Qué viene para la presidencia del IEPC?
¿Qué sigue ahora en términos legales? De acuerdo con la legislación electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde al Consejo General del INE atender la vacante definitiva de la presidencia del organismo electoral local. Mientras se concreta el procedimiento de designación de una nueva presidencia, el propio Consejo General del IEPC deberá determinar quién asumirá provisionalmente las funciones, generalmente a través de una consejería electoral en funciones de presidencia.
Posteriormente, el INE deberá emitir la convocatoria y desarrollar el procedimiento de evaluación y designación para elegir a quien ocupará la presidencia del IEPC Jalisco por el periodo correspondiente. Este proceso incluye revisión curricular, evaluación de conocimientos, entrevistas y votación del Consejo General del INE.
La salida de Paula Ramírez no sólo abre una nueva etapa administrativa dentro del IEPC. También deja sobre la mesa un debate de fondo sobre la fortaleza, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales locales rumbo a la compleja disputa política que se anticipa para 2027 en Jalisco.
