La cuestión central no es si tenemos o no muchos partidos, sino tener certeza de que los existentes representen efectivamente a personas con ideas y proyectos diferentes de comunidad y nación.
Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof del Departamento de Ciencias Políticas del CUCSH de la UdeG
A partir del mes de enero de 2025, justo en el primer mes del año siguiente a la elección por la Presidencia de la República, tal como se establece en el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), las organizaciones ciudadanas interesadas en crear un nuevo partido debieron informar dicho propósito al Instituto Nacional Electoral (lo mismo ocurre para las organizaciones que buscan ser partidos políticos en los estados, aunque el procedimiento se realiza ante el organismo electoral correspondiente a su entidad federativa).
Para el caso del procedimiento de creación de nuevos partidos nacionales, 89 organizaciones presentaron su solicitud ante la autoridad electoral. Dicha cifra resulta sorprendente, no sólo por la elevada cantidad que representa, sino porque va en sentido contrario de una percepción compartida por muchas personas de que los partidos políticos son organizaciones en crisis y, en el peor de los casos, innecesarias para la participación política y la vida democrática de una comunidad.
Sin ir más lejos, en el reporte de Latinobarómetro de 2024, en México sólo el 30% de la población entrevistada considera tener mucha confianza/algo de confianza en los partidos políticos. Si esta variable se complementa con otros datos, el panorama no es alentador: un 40% de los entrevistados respondió a pregunta expresa que “la democracia puede funcionar sin partidos políticos”; un 36% considera que “la democracia puede funcionar sin oposición; también un 36% que “la democracia puede funcionar sin Congreso Nacional”; y un 31% que apoya la idea de “deshacerse de las elecciones y del Parlamento y dejar que los expertos tomen las decisiones por la gente”.
No obstante, este nutrido interés por conformar partidos nacionales era de esperar que no todas las organizaciones tendrían la capacidad real de cumplir los requisitos. Inicialmente, de esas 89 organizaciones el INE declaró que 6 de ellas no cumplían con los criterios básicos, por lo que no podrían continuar con el procedimiento, y cinco más decidieron declinar su participación en el proceso, por lo que sólo continuaron 77 de ellas. Para esta semana final del mes de abril, sólo 7 de esas organizaciones seguían con posibilidades de integrarse como partido político nacional, aunque falta la parte más complicada, la realización y certificación, por el propio INE, de las asambleas estatales en al menos 20 entidades federativas, o asambleas distritales en al menos 200 distritos (según el inciso a del párrafo 1 del artículo 12 de la LGPP).
El requisito no es menor. Implica que una organización debe tener presencia en diferentes regiones del país y, además, que el número mínimo de participantes en cada una de dichas asambleas debe ser de tres mil para el caso de las estatales, o de 300 para el caso de las distritales (fracción I del inciso a, párrafo 1 del art. 12 LGPP). De esta forma, el número total de militantes inscritos que debe participar en las asambleas “no podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior” (inciso b del párrafo 2 del art. 10 de la LGPP).
El periodista Pedro Mellado, que ha venido dando seguimiento al procedimiento de creación de los nuevos partidos nacionales, reportó en el portal de información sinembargo.mx, los perfiles de quienes lideran estas organizaciones, aportando información pertinente de cómo la mayoría de ellas tienen vínculos con el partido MORENA. Incluso varios de ellos, formando parte de sus órganos directivos o teniendo cargos de representación por esas siglas. (https://www.sinembargo.mx/4644200/puntosycomas-solo-7-organizaciones-que-quieren-nuevos-partidos-registran-evolucion/).
En este trabajo periodístico, Mellado aporta información y elementos lo mismo relevantes, que preocupantes. Como el caso del partido “Construyendo Solidaridad y Paz” que integra actores políticos que actualmente desempeñan cargos de elección por el partido MORENA, como el ex presidente de los desaparecidos Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario, Hugo Erick Flores, y que está siendo abiertamente respaldada por integrantes y ministros de culto de las iglesias evangélicas (tal como ya ocurrió en la creación de los partidos referidos), y que, según el reporte de su líder, ha realizado 23 asambleas distritales, aunque contravenga las disposiciones legales que impiden a organizaciones religiosas y ministros de culto participar en la creación de partidos.
¿PARA QUÉ MÁS PARTIDOS POLÍTICOS?
A continuación, algunas reflexiones sobre las principales críticas:
¿Es necesaria la creación de más partidos políticos en México?
Contrario a la percepción general, sostengo que la posibilidad de crear nuevos partidos no debe limitarse. El derecho de cada persona, en lo individual, de organizarse para representar sus intereses es una de las bases de cualquier régimen verdaderamente democrático. Limitar la creación de nuevos partidos implicaría una cancelación unilateral de que intereses y visiones deben ser o no, llevados al ámbito público y con ello, cuáles tendrían la posibilidad y cuáles no, de incidir en las decisiones colectivas.
La cuestión central no es si tenemos o no muchos partidos, sino tener certeza de que los existentes representen efectivamente a personas con ideas y proyectos diferentes de comunidad y nación, a que sean verdaderas organizaciones de ciudadanos y para ciudadanos y no sólo herramientas políticas de grupos de interés, como gremios u organizaciones religiosas.
El problema es que algunos de los partidos existentes y algunas de las organizaciones que intentan convertirse en partidos, no tienen como propósito involucrar y hacer partícipes a las personas de los asuntos públicos y la política, sino de contar con recursos y capacidad de negociación de sus agendas particulares, deslegitimando a todas las organizaciones partidistas por igual. Lo cual, nos lleva a la siguiente cuestión.
¿Debemos financiar públicamente a los partidos?
El financiamiento público es esencial en un país como el nuestro, donde la desigualdad económica puede convertirse fácilmente, también, en desigualdad en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Si como muchas voces sugieren, los partidos deberían financiarse de recursos privados, en los hechos estaríamos garantizando que: a) que los partidos sean por completo espacios donde sólo los intereses de los grupos o actores estratégicos con recursos económicos suficientes para financiar la representación política de sus ideas e intereses; b) que no existieran incentivos de las personas para financiar a partidos y proyectos políticos sin posibilidades de triunfo, por temor a las represalias de los ganadores en el ejercicio del gobierno; y c) que ante la imposibilidad real de eliminar el uso discrecional y el desvío ilegal de recursos gubernamentales, los partidos más beneficiados serían los que actualmente tengan gobiernos.
Esto no significa que debemos dejar de discutir las mejores maneras de hacer que los partidos que reciben financiamiento público cumplan de verdad con su responsabilidad de promover la participación responsable e informada de los ciudadanos en los asuntos públicos, y el apego a la legalidad y los valores democráticos en el ejercicio de la política
