BIODIVER-CIUDAD
Por Magdiel Gómez Muñiz
Profesor investigador de la Benemérita Universidad de Guadalajara
@magdielgmg
Si mi memoria no falla; las ciudades de Jalisco se planificaron bajo la dictadura del automóvil, pero hoy no es así. En los últimos quince años el parque de motocicletas se multiplicó por seis, logrando una proporción de una moto por cada ocho habitantes. La motocicleta dejó de ser un vehículo recreativo para convertirse en la válvula de escape de un gran sector comunitario: una herramienta de autoempleo, un transporte económicamente accesible frente al transporte público (dicho sea de paso, históricamente rezagado) y una nueva alternativa de burlar el colapso vial.
A partir de lo anterior, lo que hoy tenemos es una crisis de gobernanza urbana que hoy nos estalla en las manos. La anarquía en dos ruedas ha creado un escenario donde todos pierden, por ejemplo; los conductores arriesgan la vida por el asfalto en mal estado; los peatones ven secuestradas sus banquetas y ciclovías, sumado a que en la mayoría de los casos la motocicleta -por sus prestaciones- difícilmente puede ser detenida si se llegara a cometer un delito con ella.
Aceptemos, la autoridad está rebasada, los corralones llenos porque nueve de cada diez motos, jamás son reclamadas debido al mercado informal que dificulta comprobar la propiedad y nos queda claro que, la respuesta gubernamental no puede seguir siendo los operativos reactivos o las multas recaudatorias que solo producen resentimiento social, además que la motocicleta llegó para quedarse, pero su permanencia exige un estricto principio de orden, que hoy por hoy, no lo tiene.
Hasta el cansancio se ha dicho que no se puede permitir que una motocicleta salga de una tienda departamental o agencia sin placas ni registro, darse el lujo de transitar en la clandestinidad. En el punto de venta debe ser fiscalizado con mano dura el emplacamiento obligatorio. Paralelamente, dignificar la conducción, mediante licencias basadas en el cilindraje de la moto, sustituyendo el trámite burocrático actual por exámenes prácticos y rigurosos de pericia y conocimiento del reglamento.
Además, la ecuación a diseñar es la calle bajo una lógica coexistencia y no de guerra. El peatón y ciclista ocupan la pirámide de la movilidad y su espacio es sagrado. La invasión de banquetas y ciclovías deben castigarse mediante fotomultas combinadas con la creación de motopuertos de parada adelantada para moto-boxes en los cruceros de alta siniestralidad. No se trata de criminalizar al motocilclista sino encausarlo. ¿Por qué no, exigir una corresponsabilidad a las grandes plataformas digitales? El auge de los repartidores y el intento de introducir mototaxis de aplicación obligan al Estado a regular a las empresas detrás de estas aplicaciones y tener actualizados los padrones de conductores con la Secretaría de Transporte y cofinanciar seguros de cobertura amplia. Si estos corporativos se benefician de la infraestructura del Estado, deben pagar por su seguridad.
Los recursos para financiar esta transformación ya existen; basta con etiquetar un porcentaje del refrendo vehicular de motocicletas para crear un Fondo de Seguridad Vial que regrese a las calles en forma de señalización, infraestructura, junto con cascos certificados subsidiados para conductores de bajos ingresos.
Regular las motocicletas no es asunto de estética urbana, es un asunto de supervivencia. Se puede transformar el caos en un modelo de movilidad eficiente, sobre todo, profundamente humano. De lo contrario, la paradoja de las dos ruedas seguirá cobrando la vida de miles de motociclistas en Jalisco.
