Por Jorge Cabrera
Maestría en Economía y Política Internacional, CIDE
La agricultura estadounidense enfrenta hoy una paradoja estructural: depende profundamente de la mano de obra migrante, pero opera bajo un entorno político cada vez más restrictivo hacia esa misma fuerza laboral.
Durante el segundo mandato de Donald Trump, el endurecimiento de las políticas migratorias —redadas, deportaciones y limitaciones en visas— ha comenzado a traducirse en impactos negativos concretos en el campo, especialmente en ciertos estados y productos clave.
El caso más evidente es California, que concentra aproximadamente tres cuartas partes de la producción de frutas y nueces del país, además de un tercio de sus verduras. Aquí, cultivos intensivos en mano de obra como fresas, lechuga, uvas y almendras han resentido la disminución de trabajadores.
Reportes recientes indican cosechas retrasadas y, en algunos casos, pérdidas directas por falta de personal suficiente para recolectar a tiempo.
El efecto inmediato ha sido una presión al alza en los precios de productos frescos, que ya comienza a sentirse en cadenas de supermercados y restaurantes.
En Florida, otro estado altamente dependiente de trabajadores migrantes, el impacto se concentra en los cítricos y el tomate. La escasez de mano de obra ha afectado tanto la cosecha como el procesamiento, agravando un sector que ya enfrentaba retos por enfermedades como el “greening” de los cítricos.
De forma similar, Texas experimenta tensiones en su producción agrícola y ganadera, donde la incertidumbre laboral ha reducido la disponibilidad de trabajadores en momentos críticos del ciclo productivo.
Más al norte, en Washington, el corazón frutícola del país —especialmente en manzanas y cerezas— también resiente el impacto. Estos cultivos requieren cosechas rápidas y precisas; la falta de mano de obra no solo reduce volúmenes, sino que compromete la calidad del producto final.
En paralelo, estados del Medio Oeste como Wisconsin e Idaho enfrentan dificultades en la industria lechera, donde los trabajadores migrantes han sido históricamente indispensables para operaciones continuas.
El problema no es homogéneo: afecta con mayor intensidad a los productos que no pueden mecanizarse fácilmente. Frutas delicadas, verduras frescas y ciertos procesos ganaderos requieren habilidades manuales que la automatización aún no puede sustituir de forma eficiente.
Lo anterior explica por qué sectores como el de berries, hortalizas y lácteos están entre los más vulnerables.
En términos económicos, el resultado es claro: menor oferta, mayores costos de producción y, en consecuencia, un aumento en los precios al consumidor. Pero más allá de la inflación alimentaria, lo que emerge es una tensión más profunda entre el diseño político y la realidad económica.
La agricultura estadounidense fue estructurada durante décadas bajo la premisa de una disponibilidad constante de mano de obra migrante. Alterar esa variable sin un sustituto inmediato genera disrupciones que trascienden lo local y se proyectan a toda la cadena alimentaria.
Así, el endurecimiento migratorio no solo redefine la política fronteriza, sino que reconfigura silenciosamente uno de los pilares productivos de ese país.
Ante este panorama, México debería pasar de la cautela a la acción con medidas puntuales. Una de las más urgentes sería acelerar y ampliar las negociaciones bilaterales con Estados Unidos para fortalecer los programas de trabajadores agrícolas temporales documentados, como el esquema H-2A, que permitan ordenar los flujos migratorios y, al mismo tiempo, sostener la competitividad del sector agropecuario estadounidense sin recurrir a políticas restrictivas que terminan afectando a ambos países.
Paralelamente, el gobierno mexicano podría establecer incentivos para que estos trabajadores regresen con capacitación y ahorro productivo, canalizándolos hacia proyectos agrícolas nacionales.
Asimismo, sería clave crear acuerdos específicos por estado y por cultivo con autoridades y productores estadounidenses, anticipando déficits de mano de obra y posicionando a México como un socio confiable y estratégico.
Complementariamente, México debería reforzar su red consular para proteger los derechos laborales de sus trabajadores en el exterior y evitar abusos que desincentiven estos programas.
En conjunto, estas acciones no solo mitigarían impactos negativos, sino que convertirían una coyuntura compleja en una oportunidad de cooperación ordenada y beneficio mutuo.
