El jurista y ex senador Arturo Zamora Jiménez coordinará los trabajos encaminados a elaborar la iniciativa respectiva que el Ejecutivo presentará al Congreso del Estado para su aprobación antes del 15 de febrero.
Por Julio César Hernández
La reforma al Poder Judicial llegó a Jalisco…
Bajo la batuta del jurista y ex senador Arturo Zamora Jiménez -que significa su reaparición pública, luego de los cargos de elección popular y partidista que ocupó-, se trabajará en armonizar la legislación estatal con la federal en materia del Poder Judicial como es el mandato constitucional, para la elección de magistrados y jueces locales.
En su presentación como coordinador de los trabajos para la homologación legislativa, Zamora Jiménez fue puntual al referir que “es una gran oportunidad para que tengamos un Poder Judicial sólido, fuerte, con gran credibilidad, con valor para que se acaten todas las resoluciones”.
Y agregó: “Quienes ocupen los cargos a elegirse, como jueces o magistrados, serán personas preparadas, con conocimiento y experiencia previa, descartando personas que no estén capacitadas. También se requerirá un determinado tiempo de experiencia, (pero) todos tienen derecho”.
La historia del Poder Judicial en Jalisco, durante los últimos años, se caracterizó por ser “refugio” de “cuotas y cuates” de los gobernantes en turno y los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, definiéndose nombres y perfiles en los salones del Palacio Legislativo a través de la Junta de Coordinación Política. Ese fue el “filtro” por el que llegaron no pocos de los más recientes magistrados y jueces, aunque los nombres de estos últimos se terminaban definiendo en el Consejo de la Judicatura.
LA FALLIDA “LIMPIA” DE CÁRDENAS
Y en la historia del Poder Judicial de Jalisco quedó grabado aquel capítulo cuando el recién llegado gobernador panista Alberto Cárdenas Jiménez pretendió renovar al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pidiéndoles su renuncia a todos los entonces magistrados a los que, a cambio, se les ofreció una “indemnización” de 150 mil pesos de aquellos tiempos -en 1995-, quizás pretendiendo emular el “manotazo” que dio el también entonces presidente Ernesto Zedillo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el aquel momento gobernador de Guanajuato y ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, que hizo “limpia” total de magistrados en el Poder Judicial de Guanajuato sin que ninguno de ellos tuviera oportunidad de protestar o negarse a entregar su cargo.
Aquí la “jugada” no le resultó a Cárdenas Jiménez quien encargó a su entonces secretario general de Gobierno, Raúl Octavio Espinosa Martínez, instrumentar dicho operativo que resultó un fracaso, pues enfrentó la oposición y rebelión, principalmente, de los magistrados con el derecho constitucional a la inamovilidad, encabezados por quien fungía como presidente del Poder Judicial, Alfredo González Becerra.
Desde Palacio de Gobierno se pretendió poner en marcha el operativo de manera sigilosa, pero a través de la columna política “Entre Semana”, publicada en el periódico Ocho Columnas, se hizo público el ofrecimiento de Espinosa Martínez a un grupo de magistrados, quienes le pidieron tiempo para darle una respuesta, luego de planteárselo al resto de los integrantes del Supremo Tribunal.
Durante varias semanas la presión desde el Palacio de Gobierno a los magistrados fue intensa, pero no lograron “doblarlos”, mientras Ocho Columnas mantenía el tema en primera plana todos los días durante varias semanas, y algunos medios de comunicación más lo retomaron ante la dimensión que había alcanzado el conflicto.
Finalmente, la respuesta de los magistrados fue rechazar la “oferta” del Ejecutivo, por considerarla no sólo una falta de respeto a su investidura, sino un atentado a su autonomía como Poder del Estado.
Al “tronar” públicamente el escándalo y crecer como “bola de nieve”, tanto el gobernador Alberto Cárdenas como Raúl Octavio Espinosa negaron que hubiese existido esa “oferta” a los magistrados y la pretensión de obligarlos a renunciar a su cargo, pero Ocho Columnas publicó en varias entregas crónica de las varias reuniones sostenidas por el secretario general de Gobierno y una representación de magistrados, que no quedó otra opción al Ejecutivo que declinar a su pretensión.
Al paso del tiempo, llegó el momento en que los magistrados con derecho a la inamovilidad llegaron a la edad de retiro y comenzó así, poco a poco, la implementación de la política de “cuotas” y “cuates” para cubrir las vacantes que iban quedando en el Poder Judicial, y que prácticamente dio al traste con su autonomía e independencia, aun y cuando en el discurso oficial se vanagloriaba de su existencia que sólo era en teoría.
La historia del Poder Judicial en Jalisco, durante los últimos años, se caracterizó por ser “refugio” de “cuotas y cuates” de los gobernantes en turno y los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, definiéndose nombres y perfiles en los salones del Palacio Legislativo a través de la Junta de Coordinación Política.
LA REFORMA DE LA 4T
Pero ahora con la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, ministros, magistrados y jueces serán electos popularmente, y es por ello que los estados están obligados a armonizar su legislación local con la ya entrada en vigor de la federal, y para hacerlo cuentan como fecha límite el 14 de marzo.
A finales de la semana pasada, Arturo Zamora fue presentado por el gobernador Jesús Pablo Lemus Navarro como coordinador de los trabajos para cumplir con esta disposición.
Para ello, se llevarán a cabo fotos y mesas de diálogo con universidades, colegios de abogados y otros órganos e instituciones jurídicas, a fin de elaborar la iniciativa que el Mandatario estatal enviará al Congreso del Estado para su discusión y eventual aprobación.
Zamora Jiménez, por su parte, detalló que se integrarán consejos ciudadanos con la participación de especialistas para evaluar el perfil de los aspirantes a los cargos en juego y tener así un mejor Poder Judicial.
Lemus Navarro declaró que se buscará terminar con la llegada de magistrados y jueces ligados a un partido político. “El fin de la armonización de esta reforma es que lleguen las mejores mujeres y los mejores hombres al Poder Judicial, que tengan experiencia y honestidad probada…”.
El objetivo es que a mediados de febrero el gobernador presente al Congreso la respectiva iniciativa, a fin de que el Legislativo tenga el tiempo suficiente para analizarla y, de proceder, someterla al pleno a más tardar a mediados de febrero.
De esta manera, pues, y contra lo que algunos apostaban, la reforma al Poder Judicial en Jalisco va sin resistencia alguna.
