Lo que hay que hacer, y quién tiene que hacerlo.
Por Xicoténcatl Hurtado
Especialista en Innovación Gubernamental y Gobierno Electrónico
Hay una pregunta que aparece siempre al final de los foros sobre inteligencia artificial y gobierno cuando ya se agotaron los diagnósticos y los expertos empiezan a recoger sus presentaciones: ¿y entonces qué hacemos? La respuesta suele ser otra ronda de recomendaciones generales, otro documento de trabajo, otra mesa técnica.
En las dos entregas anteriores describimos el rezago tecnológico del Estado mexicano y documentamos la parálisis legislativa que lo acompaña. Aquí toca decir con precisión qué necesita México, sin eufemismos y sin la comodidad de quedarse en el diagnóstico, porque el diagnóstico ya está hecho y repetirlo una vez más no cambia nada.
Lo primero que hay que aceptar es que el problema no es de diseño. Las propuestas que están sobre la mesa tienen elementos sólidos. La iniciativa de abril de 2025 impulsada por Morena y el PVEM clasifica los riesgos en cuatro niveles, propone una Plataforma Nacional de Auditoría Algorítmica y reconoce los derechos de autor en contenidos generados por IA, un avance que pocos marcos normativos latinoamericanos han tocado todavía. La propuesta de Monreal incorpora alcance extraterritorial y una comisión consultiva técnica. Hay materia prima legislativa suficiente para construir una ley funcional sin necesidad de empezar desde cero. El problema no es que no sepamos qué poner en la ley. El problema es que no hemos decidido quién va a hacerla cumplir, con qué recursos y con qué independencia real del poder político en turno, y esa pregunta sigue sin respuesta concreta en todas las iniciativas que se han presentado hasta ahora.
Eso lleva directamente al punto más incómodo de este debate: México necesita un organismo autónomo especializado en inteligencia artificial, con presupuesto propio, personal técnico de carrera y facultades sancionatorias reales, no un consejo consultivo que emite recomendaciones que nadie está obligado a seguir, no una ventanilla dentro de una secretaría de Estado donde el titular cambia cada seis años junto con las prioridades. Un organismo con la misma lógica institucional que el extinto INAI en materia de datos personales poseía, con la diferencia de que este tendría que nacer en un contexto político considerablemente más hostil a la autonomía institucional que el que existía cuando se creó el mismo. Esa hostilidad es real y hay que nombrarla sin tapujos: la tendencia de los últimos años en México ha sido concentrar, no distribuir, el poder regulatorio. Crear un organismo autónomo de IA en este momento requiere una negociación política que va mucho más allá del contenido especialmente técnico de la propuesta, y quien no lo vea así, vive en otro país.
La alternativa, que vale la pena considerar en serio antes de descartarla, es empezar por lo que sí está al alcance político inmediato: la transparencia algorítmica del propio Estado. Antes de regular la Inteligencia Artificial privada, el gobierno mexicano podría comprometerse por ley a publicar un registro de todos los sistemas que utilizan IA y que usa en decisiones que afectan derechos ciudadanos. Qué modelos operan en la asignación del Bienestar, con qué datos fueron entrenados, quién los audita y con qué periodicidad, por decir algunas características mínimas indispensables en cualquier IA para evitar la discriminación por tecnología. Lo mismo para los sistemas de perfilamiento de seguridad pública, para los modelos del SAT, para cualquier algoritmo que tome decisiones sobre personas sin que esas personas lo sepan ni tengan forma de impugnarlo. Eso no requiere crear un organismo nuevo ni reformar la Constitución; requiere voluntad política y un artículo bien redactado en la ley. Con ello, estaríamos cimentando mínimamente, no las columnas ideales, pero es una zapata real sobre el que se puede construir algo concreto en lugar de seguir debatiendo la arquitectura del edificio mientras el problema crece.
En Jalisco el reto tiene una dimensión que los debates federales suelen ignorar con comodidad. El estado tiene el ecosistema tecnológico más desarrollado del país fuera de la Ciudad de México, con clústeres de empresas de software en Zapopan, centros de innovación en las universidades públicas y privadas, y una comunidad de desarrolladores que trabaja para empresas de primer nivel en todo el mundo.
Y al mismo tiempo, tiene municipios donde la conectividad básica sigue siendo una aspiración, donde el ciudadano no tiene acceso digital a ningún servicio público y donde la conversación sobre inteligencia artificial suena a ciencia ficción porque todavía no llega el Internet, aunque usted no lo crea ya que sólo el 87.7% de la población de casi 8.5 millones de jaliscienses cuentan con acceso a la misma. Cualquier política de regulación de IA que no contemple esa dualidad va a profundizar la desigualdad que dice querer combatir, como debe de serlo. Un marco normativo de la IA que funcione para las empresas del corredor tecnológico de Guadalajara pero que no tenga ninguna implicación para lo que pasa en la Sierra Wixárika no es una política pública. Es una política para una parte del público, y esa parte ya es la que menos necesita que el Estado la proteja.
Lo que México puede tomar de otros sin necesidad de inventar nada es considerable. El modelo de sandboxregulatorio de Perú, incluido en su reglamento de septiembre de 2025, permite que empresas y organismos públicos experimenten con sistemas de alto riesgo bajo supervisión del Estado antes de implementarlos masivamente. Es exactamente lo que necesitan tanto el sector privado como las dependencias de gobierno que quieren innovar sin improvisar. Por su parte, el mecanismo brasileño de consolidación legislativa, donde una comisión técnica reunió todos los proyectos dispersos en un texto único y coherente, es la solución más directa al problema mexicano de las cien iniciativas que no se hablan entre sí y que compiten por mérito político en lugar de complementarse. Por lo que toca al principio europeo de regular usos y no tecnologías específicas es la única manera de escribir una ley que no quede obsoleta antes de que el presidente la firme, porque los modelos de IA evolucionan en meses y los ciclos legislativos duran años. Y, la obligación coreana de etiquetar todo contenido generado por IA, vigente desde enero de 2026, es una medida de transparencia ciudadana de bajo costo de implementación que México podría adoptar de manera inmediata si existiera la decisión de hacerlo, sobre todo por el próximo proceso electoral de 2027.
Sin embargo, lo que México no puede copiar, porque no le funcionaría en su contexto específico, es el modelo de desregulación que apuesta a que el mercado se autorregule solo. No porque los mercados sean incapaces en abstracto, sino porque el mercado tecnológico mexicano no tiene las condiciones de competencia, transparencia y rendición de cuentas que harían funcionar ese modelo. Las asimetrías de poder entre las grandes plataformas internacionales y el ciudadano mexicano promedio son demasiado profundas para que la autorregulación produzca algo distinto a lo que ya tenemos: sistemas opacos tomando decisiones sobre personas que no saben que esos sistemas existen y que no tienen recursos para cuestionarlos.
La pregunta final, la que nadie en los foros responde con claridad, es ¿quién tiene que resolver esto? La respuesta técnica es el Congreso, específicamente la Comisión de Innovación e Inteligencia Artificial del Senado, que desde octubre de 2024 tiene el mandato, los insumos técnicos de seis conversatorios con más de setenta especialistas y la legitimidad institucional para producir un texto legislativo consolidado. La respuesta política es más difícil: alguien en la mayoría tiene que decidir que vale más tener una ley imperfecta este año que seguir esperando el consenso perfecto que nunca llega, y alguien en la oposición tiene que decidir que vale más participar en la construcción de ese marco que quedarse fuera criticando desde las tribunas. Eso no es un problema de diseño institucional ni de capacidad técnica. Es un problema de madurez política, que en México escasea más que la fibra óptica y la transparencia.
Tres artículos, un argumento: México tiene todo lo que necesita para gobernar la inteligencia artificial con seriedad, excepto la decisión de hacerlo. Esa decisión no la va a tomar ningún algoritmo.
