Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
Hay formas de corrupción que indignan y otras que, con el tiempo, se vuelven invisibles. Las primeras producen escándalos; las segundas, sistemas. La diferencia entre ambas no es de grado, sino de régimen político.
Durante mucho tiempo hemos pensado la corrupción como una desviación: funcionarios que abusan de su cargo, empresarios que compran favores, redes que operan en los márgenes del Estado. Pero esa imagen, todavía útil en democracias imperfectas, se queda corta frente a una realidad más incómoda: en ciertos contextos, la corrupción no es una anomalía del sistema, sino su forma normal de funcionamiento.
Ese contexto tiene un nombre preciso: autocracia.
Cuando el poder se cierra, el dinero fluye. En una democracia, la corrupción existe, pero enfrenta obstáculos: prensa crítica, jueces incómodos, oposiciones que denuncian. No siempre funcionan bien, pero existen. En una autocracia, en cambio, esos obstáculos se debilitan o desaparecen. Y con ellos, desaparece también la diferencia entre lo público y lo privado.
El economista Paul Krugman lo ha formulado sin rodeos: cuando el poder se concentra sin rendición de cuentas, la corrupción deja de ser un accidente y se convierte en regla. Gobernar y beneficiarse del gobierno se vuelven actividades indistinguibles.
No se trata simplemente de que haya “más corrupción”, sino de algo más profundo: cambia su naturaleza. Deja de ser episódica para volverse estructural. Ya no es el fallo del sistema, sino su engranaje.
El nuevo orden: capitalismo de compadres. Donde la política se cierra, la economía también. Las autocracias tienden a producir lo que suele llamarse capitalismo de compadres: una red de favores, contratos dirigidos y privilegios otorgados a quienes están cerca del poder.
No es casualidad. Sin competencia política, tampoco hay competencia económica real. Los mercados se subordinan a la política, y la política a los intereses de quienes la controlan.
Aquí la corrupción ya no es un delito que deba ocultarse cuidadosamente, sino una práctica que se institucionaliza. Empresas favorecidas, licitaciones a modo, monopolios protegidos: todo ello forma parte de un ecosistema donde la lealtad vale más que la eficiencia.
El resultado no es solo injusto; es ineficiente. Pero la eficiencia rara vez es la prioridad en sistemas diseñados para concentrar poder.
La opacidad como método. Para que este sistema funcione, necesita una condición básica: oscuridad.
La autocracia debilita o captura los mecanismos que hacen visible la corrupción. Sin prensa independiente, los escándalos no estallan; sin órganos de control, no hay investigaciones; sin justicia autónoma, no hay consecuencias.
Pero hay algo más sutil: la normalización. Cuando la corrupción se vuelve constante, deja de sorprender. Se integra al paisaje político como una fatalidad más.
En ese punto, la indignación se transforma en cinismo, y el cinismo en resignación.
El negocio del poder. Uno de los rasgos más distintivos de estos sistemas es el uso directo del poder para el enriquecimiento personal. No se trata solo de financiar campañas o asegurar apoyos, sino de convertir el Estado en una fuente de renta privada.
Familiares en posiciones clave, contratos a empresas cercanas, relaciones con actores económicos afines: el poder se ejerce como un negocio.
Esta fusión entre lo público y lo privado no es un exceso; es el corazón del modelo. El Estado deja de ser un árbitro y se convierte en un jugador con intereses propios.
El círculo perfecto. La relación entre autocracia y corrupción no termina aquí. Lo más inquietante es que la corrupción no solo resulta del poder concentrado; también lo refuerza.
Los recursos obtenidos permiten comprar lealtades, financiar redes clientelares, disciplinar a aliados y neutralizar adversarios. La corrupción se convierte así en una herramienta de gobernabilidad.
Es un círculo difícil de romper: el poder produce corrupción, y la corrupción reproduce el poder.
En su forma más acabada, este sistema se aproxima a una plutocracia: un régimen donde la riqueza y el poder político no solo conviven, sino que se alimentan mutuamente.
La política de lo evidente. Hay, sin embargo, una paradoja interesante. Aunque la autocracia suele justificarse con discursos abstractos hablando de orden, soberanía, estabilidad, su punto débil es extraordinariamente concreto: la corrupción.
A diferencia de nociones como “Estado de derecho” o “división de poderes”, que pueden parecer lejanas, la corrupción es visible, tangible, inmediata. Todo ciudadano entiende lo que significa que alguien se enriquezca desde el poder.
Por eso, como sugiere Krugman, la corrupción tiene una fuerza política singular. No necesita teoría; basta con evidencia.
¿Una excepción o una tendencia? Sería simplista afirmar que toda autocracia es necesariamente corrupta en el mismo grado. Existen excepciones, matices, variaciones. Pero la tendencia general es difícil de ignorar: cuando desaparecen los controles, la corrupción encuentra terreno fértil.
No es un problema de cultura ni de moral individual. Es un problema de incentivos y de estructuras.
El síntoma de nuestro tiempo. La discusión sobre autocracia y corrupción no es académica. Es, en muchos sentidos, una clave para entender el presente.
En distintos países, el debilitamiento de instituciones democráticas ha ido acompañado de formas cada vez más sofisticadas de apropiación del Estado. No siempre de manera abrupta, no siempre visible al inicio, pero sí consistente en el tiempo.
La corrupción, en este contexto, es el síntoma más claro de una transformación más profunda: el tránsito de un poder público limitado, imperfecto y discutido hacia un poder cerrado, opaco y crecientemente privado.
La pregunta no es si la corrupción puede eliminarse por completo. Probablemente no. La pregunta relevante es otra: si queremos sistemas donde la corrupción sea un riesgo o sistemas donde sea el principio de organización.
La diferencia, como suele ocurrir en política, no es menor. Es la diferencia entre un problema y un régimen.
Si la relación entre autocracia y corrupción es estructural, la pregunta incómoda se vuelve inevitable: ¿En qué medida los procesos políticos recientes en México refuerzan o contienen esa lógica? La respuesta no es evidente, pero eludir la pregunta tampoco lo es.
