Por Miguel Navarro Flores
Especialista en Derecho de Acceso a la Información
La rendición de cuentas en México nunca ha sido una concesión del Estado. Quienes pretendan entender la historia democrática del país bajo la narrativa de que la transparencia nació de la generosidad gubernamental cometen un error de cálculo histórico. La edificación de los órganos garantes, la fiscalización de los recursos públicos y los tímidos avances en el combate a la corrupción se han consolidado gracias a una alianza estratégica, persistente y muchas veces peligrosa, entre la sociedad civil organizada y el periodismo de investigación. El aparato estatal mexicano, históricamente reactivo, raras veces actúa de oficio; responde, casi por regla general, al impacto y la presión de la indignación mediática.
Los ejemplos abundan y configuran el mapa de la memoria contra el olvido. La “Casa Blanca» del presidente Enrique Peña Nieto no emanó de una auditoría gubernamental, sino de las investigaciones del equipo de la periodista Carmen Aristegui. El complejo entramado de simulación que desvió miles de millones de pesos a través de universidades públicas, bautizado como «La Estafa Maestra», fue desenterrado por un riguroso trabajo de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Los desfalcos millonarios en Segalmex y los sobornos transnacionales de Odebrecht vieron la luz pública gracias al rastreo de redes de periodismo como Quinto Elemento Lab. En el episodio más reciente que sacude los cimientos institucionales del país, la grave crisis de gobernabilidad en el Instituto Nacional Electoral (INE) no fue la excepción: la ruta del dinero y los conflictos de interés se destaparon mediante la contundencia de las investigaciones del periódico Reforma y de Latinus.
Ante la revelación de los hechos, el Estado mexicano suele caer en una flagrante contradicción discursiva. Por un lado, las administraciones se envuelven en la bandera de la intolerancia absoluta a la corrupción; por el otro, justifican la asfixia o desaparición de los propios contrapesos institucionales bajo un argumento peligrosamente simplista: «no sirven para nada».
Sin embargo, el método universal para enterarnos de los excesos de los poderosos sigue invariable. El «periodicazo», lejos de ser una herramienta de desestabilización como argumentan quienes se ven acorralados, sigue siendo el único espejo que refleja la realidad frente al maquillaje de la retórica oficial.
La crisis del INE cobra un tinte de profunda ironía cuando se analiza la biografía de su protagonista. Guadalupe Taddei, quien hoy se encuentra en el ojo del huracán acusada de presuntos actos de corrupción, conflicto de interés y la asignación irregular de contratos millonarios, fue nada menos que la presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia. Es decir, ocupó la silla de la máxima autoridad garante a nivel local. Era la responsable técnica, jurídica y moral de vigilar que los sujetos obligados no cayeran en las conductas opacas de las que ahora se le acusa. Quien debió dominar la normatividad administrativa para blindar los recursos públicos de las garras del influyentísimo terminó, presuntamente, perfeccionando el mecanismo para evadirlos.
Esta trayectoria previa introduce un factor analítico fundamental que la justicia no puede ignorar: el dolo y la gravedad basados en el conocimiento técnico y jurídico. En el derecho penal y administrativo, la ignorancia nunca exime del cumplimiento de la ley; pero el conocimiento especializado de la norma, poseído por quien diseña los esquemas para burlarla, se convierte en una agravante ineludible. Taddei no es una funcionaria improvisada que desconocía los procesos de licitación. Su experiencia en el servicio electoral y en órganos de transparencia implica que sabía con precisión matemática dónde estaban los candados del sistema para proceder a limarlos. La inclusión de colaboradores cercanos en puestos clave, la presunta triangulación con empresas ligadas a vínculos personales y la simulación de competencia en concursos de materiales electorales nos hace suponer que hubo una planeación deliberada que reviste el carácter de delincuencia institucionalizada.
Frente a la gravedad de estos señalamientos, el Estado mexicano y sus instituciones enfrentan una prueba de fuego donde la simulación ya no es aceptable. La reparación del daño que se le ha causado a la nación no se resuelve con la sola renuncia al cargo de consejera presidenta. La dimisión firmada es un mero acto de control de daños políticos, una válvula de escape para restarle presión a la olla exprés de la opinión pública, pero de ninguna manera constituye justicia. Los delitos que se presumen —peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades— requieren una sanción que vaya más allá del retiro discreto a la vida privada.
Permitir que una renuncia actúe como un borrón y cuenta nueva validaría un precedente funesto: la idea de que en México el servicio público y los órganos autónomos pueden seguir utilizándose como botines de fast-track, siempre y cuando se entregue la plaza cuando el escándalo sea insostenible. La impunidad no se puede negociar a cambio de estabilidad institucional o de paz política en vísperas de los procesos electorales de 2027. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen la obligación constitucional de desmantelar la red completa, que incluye tanto a los funcionarios de rango medio que operaron las adjudicaciones «a modo» como a los proveedores y empresarios que se beneficiaron del desfalco.
Por su parte, la Cámara de Diputados no puede asumir un rol pasivo, limitándose a recibir el documento de la renuncia, emitir una nueva convocatoria y pasar la página. El problema actual del INE es humano, pero también es estructural. La llegada de la corrupción en vía rápida al árbitro electoral fue posible debido a las reformas que hiperconcentraron el poder en la figura de la presidencia del organismo, debilitando el carácter colegiado que históricamente le dio equilibrio al instituto. Cuando se le otorgaron facultades omnímodas a una sola persona para designar de forma directa a los titulares de la Junta General Ejecutiva y las direcciones de administración, se dinamitaron los contrapesos internos.
El reto legislativo inmediato consiste en modificar las atribuciones de quien presida el órgano autónomo. La designación de los operadores financieros y técnicos del INE debe regresar de manera obligatoria al consenso y la deliberación del Consejo General. El veto y el voto de los once consejeros deben reactivarse como el principal filtro contra las tentaciones del absolutismo burocrático.
La crisis institucional nos devuelve a la premisa inicial: el guardián de la democracia falló, pero el periodismo y la exigencia ciudadana resistieron. Si el Estado mexicano pretende demostrar que verdaderamente es intolerable a la corrupción, debe empezar por aplicar todo el peso de la ley a quienes, conociendo el valor de la transparencia, prefirieron la rentabilidad de la opacidad. La viabilidad de las elecciones futuras y la maltrecha confianza en las instituciones no se rescatarán con discursos de rectitud, sino con juicios justos, sentencias firmes y el fin definitivo de la impunidad selectiva.
