Guadalajara: planes nuevos, ¿vicios viejos?

Doctora en Hábitat y Sustentabilidad Arquitecta, abogada y tecnóloga en construcción   

Guadalajara tiene una peculiar relación con su futuro: cada cierto tiempo lo vuelve a dibujar. Actualizamos programas, redefinimos centralidades, incorporamos conceptos de sustentabilidad y proyectamos una ciudad más ordenada, accesible y habitable. Mientras tanto, el agua continúa ocupando las preocupaciones más urgentes de sus habitantes, la infraestructura envejece, los desplazamientos siguen condicionando la vida cotidiana y la transformación inmobiliaria obliga a revisar si nuestras decisiones de crecimiento corresponden con la capacidad del territorio.  

El pasado 20 de octubre se publicó el nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano, aprobado por el Ayuntamiento el 30 de septiembre. Entre sus propuestas destaca una estructura de 160 centralidades municipales, de las cuales 130 están vinculadas con la política de cuidados. La intención es acercar servicios y equipamientos a las personas, reducir desplazamientos innecesarios y favorecer una distribución territorial más equilibrada de las actividades urbanas. Son objetivos pertinentes, especialmente en una ciudad donde el lugar de residencia influye considerablemente en el tiempo y los recursos necesarios para satisfacer necesidades cotidianas.  

Sin embargo, la pertinencia de una estrategia no puede determinarse exclusivamente por sus propósitos. Una centralidad necesita infraestructura, servicios, transporte, accesibilidad y equipamiento suficiente para atender a su población. También requiere recursos para operar y mantenerse. Su identificación territorial constituye una herramienta de planeación, pero su capacidad para mejorar la vida de las personas dependerá de las condiciones materiales existentes y de las intervenciones que efectivamente se realicen. 

Para este análisis se tomó como referencia el proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano sometido a consulta pública entre el 27 de abril y el 29 de mayo de 2026, junto con la información oficial sobre su aprobación y los instrumentos urbanísticos vigentes. La versión consultada constituye un antecedente formal del procedimiento y puede diferir del documento definitivo publicado en octubre. En consecuencia, las observaciones aquí expuestas no representan una auditoría integral de las 919 páginas aprobadas ni permiten atribuir al programa definitivo omisiones que no hayan sido comprobadas.  

La distinción es indispensable para discutir con seriedad una materia cuyas decisiones producen efectos jurídicos, económicos y sociales durante décadas.  

La actualidad ofrece un contraste particularmente significativo. Mientras Guadalajara redefine su organización territorial, Jalisco y el Gobierno federal anunciaron una inversión conjunta cercana a los 25 mil millones de pesos para atender la crisis de abastecimiento y calidad del agua en la metrópoli. El acuerdo contempla dos acueductos, la modernización de infraestructura de potabilización y diversas intervenciones de saneamiento, cuya ejecución y resultados deberán evaluarse durante los próximos años.  

La magnitud de esa inversión permite dimensionar la importancia de la infraestructura hídrica para el funcionamiento de la ciudad. El agua es, sin duda, nuestra prioridad más urgente. Sin disponibilidad suficiente y calidad sanitaria no existe vivienda adecuada, salud pública ni actividad económica sostenible. Tampoco es posible proyectar responsablemente mayores intensidades de aprovechamiento del suelo sin considerar la demanda adicional que producirán y las capacidades necesarias para atenderla. 

Una torre habitacional, por ejemplo, no representa únicamente una superficie construida. Incorpora población, consumo de agua, generación de aguas residuales, desplazamientos y necesidades de equipamiento.

Lo mismo ocurre con los corredores comerciales, los nuevos servicios y las centralidades que buscan concentrar actividades. Sus impactos se extienden más allá de los límites de cada predio y se acumulan sobre redes, vialidades y espacios compartidos.  

Por ello, la capacidad edificatoria permitida por la normativa y la capacidad material de soporte del territorio deben analizarse de manera relacionada. Una autorización urbanística puede ser jurídicamente válida sin que ello resuelva, por sí mismo, todas las consecuencias que produce la concentración de múltiples proyectos en una misma zona. La planeación tiene precisamente la función de anticipar esos efectos y establecer condiciones para que el desarrollo no comprometa los servicios de los que depende.  

Pero sería igualmente equivocado permitir que la urgencia hídrica relegue indefinidamente las demás necesidades de Guadalajara. Las ciudades no funcionan mediante problemas sucesivos que puedan resolverse uno por uno. Mientras se moderniza un sistema de abastecimiento, las personas siguen necesitando transporte, banquetas accesibles, drenaje pluvial, espacios públicos seguros, vivienda adecuada y edificaciones que conserven sus condiciones de seguridad y habitabilidad. 

Además, estas necesidades se encuentran relacionadas. La impermeabilización del suelo modifica los escurrimientos; la densificación incrementa la demanda de servicios; la distribución territorial de las actividades condiciona los desplazamientos; y la falta de mantenimiento reduce la vida útil de las inversiones públicas. Atenderlas de manera simultánea no significa asignarles idéntica urgencia o presupuesto, sino reconocer sus interdependencias y evitar que las soluciones adoptadas en un sector generen dificultades adicionales en otro.  

En ese contexto, el nuevo programa deberá demostrar cómo se articulan sus estrategias territoriales con la infraestructura disponible, las inversiones previstas y las capacidades institucionales de ejecución. Resultaría especialmente útil conocer qué condiciones presentan las centralidades propuestas, cuáles requieren intervenciones prioritarias y qué indicadores permitirán comprobar que su consolidación mejora efectivamente el acceso a servicios y oportunidades.  

Existe también una dimensión jurídica relevante. Guadalajara conserva 53 planes parciales de desarrollo urbano, distribuidos en siete zonas municipales. Conforme al decreto D 53/18/26, estos instrumentos mantienen su vigencia hasta que sean formalmente actualizados, modificados o cancelados. El propio decreto distingue entre su entrada en vigor y el momento en que el nuevo programa comenzará a surtir efectos, sujeto a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

Esta transición forma parte del funcionamiento de los instrumentos urbanísticos y no constituye, por sí misma, una irregularidad. Sin embargo, obliga a prestar atención a la congruencia entre las estrategias municipales y las disposiciones específicas que regulan los aprovechamientos del suelo. La actualización de un programa general no modifica automáticamente las reglas aplicables a cada predio, por lo que su implementación requiere coordinación normativa y administrativa.  

También conviene revisar los antecedentes con precisión. Guadalajara cuenta con mecanismos públicos de evaluación del desempeño y el programa urbano anterior incorporó indicadores de seguimiento. Por tanto, sería incorrecto afirmar que no existen referencias para valorar la gestión municipal. La cuestión relevante consiste en establecer qué resultados muestran esos instrumentos, cómo se relacionan con las transformaciones efectivamente observadas y de qué manera contribuyeron a fundamentar las estrategias de la actualización de 2026.  

Incluso existe un antecedente administrativo que merece examinarse: en agosto de 2022, la Dirección de Ordenamiento del Territorio emitió un dictamen en el que consideró que los instrumentos urbanísticos entonces vigentes mantenían congruencia con el marco legal, programático y económico, por lo que no requerían actualización en ese momento. Cuatro años después se aprobó un nuevo programa. Ambas decisiones pueden responder a circunstancias distintas; lo importante sería conocer qué cambios en el territorio, en las necesidades o en los criterios técnicos justificaron modificar aquella valoración. 

Esta comparación permitiría enriquecer la discusión sobre la continuidad de las políticas urbanas, evitando tanto la descalificación automática de los instrumentos anteriores como la aceptación acrítica de los nuevos.  

Otro aspecto que merece atención es la forma en que medimos los resultados de la inversión pública. Los montos ejercidos, las obras realizadas y los proyectos anunciados permiten conocer la actividad gubernamental, pero deben complementarse con indicadores sobre sus efectos. En materia hidráulica interesa comprobar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio; en movilidad, los tiempos, costos y condiciones de desplazamiento; en equipamiento, la accesibilidad efectiva; y en infraestructura, su funcionamiento, mantenimiento y vida útil.  

La evaluación también debería considerar las diferencias territoriales. Una mejora promedio puede ocultar colonias que continúan enfrentando deficiencias importantes. De ahí la conveniencia de utilizar información desagregada, líneas base comparables y mecanismos de seguimiento que permitan identificar dónde se concentran los beneficios y dónde persisten las necesidades.  

El nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano ofrece una oportunidad para profundizar en esta práctica. Su aprobación merece atención, pero sus resultados dependerán de la aplicación de sus estrategias, de la articulación con los planes parciales y de la capacidad para convertir sus objetivos en intervenciones verificables. 

Guadalajara necesita resolver su crisis hídrica con la prioridad que corresponde a un servicio indispensable para la vida. Al mismo tiempo, debe continuar atendiendo los demás componentes que hacen posible una ciudad habitable. El desafío consiste en planear esas intervenciones de manera coordinada, con criterios técnicos, responsabilidades definidas y recursos suficientes.  

Sería interesante que, antes de acostumbrarnos a las 160 nuevas centralidades, pudiéramos conocer qué ocurrió con las prioridades del programa anterior, cuáles se cumplieron, cuáles tuvieron que replantearse y qué resultados justifican las nuevas decisiones. No porque debamos desconfiar sistemáticamente de la autoridad, sino porque nueve años de planeación tendrían que dejarnos algo más que experiencia acumulada y una nueva colección de mapas.  

La evaluación existe como herramienta de la administración pública. Lo interesante sería verla ocupar un lugar mucho más visible en las decisiones urbanísticas y, particularmente, en la explicación de por qué necesitamos cambiar de rumbo. Incluso permitiría reconocer los aciertos, que seguramente los hay, y dejar de presentar como novedades algunas aspiraciones que Guadalajara lleva décadas persiguiendo.  

Mientras tanto, el agua sigue siendo urgente, las demás necesidades no se han tomado vacaciones y la ciudad continúa transformándose, con independencia de los tiempos de sus instrumentos administrativos.  

Sería buena idea que, antes de preguntarnos cómo queremos que sea Guadalajara dentro de veinte años, convendría revisar qué tanto se parece la ciudad que tenemos a la que prometimos construir hace nueve.  Para hacer planes nuevos siempre encontramos tiempo, lo que parece costarnos más trabajo es sentarnos a revisar cómo nos fue con los viejos.