Por Xicoténcatl Hurtado
Especialista en Innovación Gubernamental
Guadalajara terminará con la ciudad más iluminada hacia afuera (con puro pan y circo) y lasllaves de agua “potable” apestando hacia adentro. Un día después del último partido en el estadio de las Chivas, la prensa local documentaba lo que miles de familias ya sabían por experiencia propia: el agua que sale de la llave en el Área Metropolitana llega turbia, con olor a drenaje, a veces amarillenta, a veces francamente café o negra. No es percepción de unas cuantas familias ya que un monitoreo ciudadano con 184 muestras tomadas entre marzo y junio en 90 colonias encontró que el 93.48% carecía de cloro residual (qué gravé y eso no depende de la red hidráulica, sino de las plantas de tratamiento), es decir, sin la barrera mínima de desinfección. Se detectaron plomo, mercurio, aluminio, fluoruros y la bacteria E. coli en puntos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. El propio SIAPA reconoció contaminación hídrica en al menos 176 de las 1,840 colonias que administra.
Este no es un problema nuevo ni sorpresivo. Lo nuevo es que ya no se puede ocultar con fiestas y parrandas con motivo del Mundial en las plazas públicas más importantes del Área Metropolitana de Guadalajara, o con conciertos en la Minerva, viendo a un gobernador alegremente cantando, mientras miles de familias se están lamentando de la pésima calidad del agua que llega a sus casas.
Para entender por qué se llegó hasta aquí, hay que remontarse más de cuatro décadas atrás, cuando la contaminación del río Santiago ya era motivo de preocupación técnica documentada. Entre 1980 y 2000 la mancha urbana del Área Metropolitana de Guadalajara creció a un ritmo anual de 2.2%, y para 2005 la zona producía cerca de 8,300 litros de aguas residuales por segundo, de los cuales el 99% se liberaba al ambiente sin tratamiento previo, según cifras del propio SIAPA.
Con Jorge Aristóteles Sandoval (2013-2018) el organismo pasó por una estatización que, en teoría, buscaba profesionalizarlo, pero en la práctica su dirección quedó en manos de Francisco Ayón López, quien simultáneamente ocupaba la Secretaría de Educación y la titularidad del Consejo del IPEJAL. Un funcionario con dos cargos de tiempo completo al frente del organismo que debía vigilar el agua de cinco millones de personas no es un detalle menor: es la continuación del mismo vicio que arrastraba el SIAPA desde que Emilio González Márquez lo politizó, colocando operadores por cercanía y no por perfil técnico.
Con Enrique Alfaro (2018-2024) el deterioro se agravó de forma documentable. Bajo la dirección de Carlos Enrique Torres Lugo se suspendieron los mantenimientos anuales del Acueducto Chapala-Guadalajara, con el argumento de la pandemia (que no duró seis años), se debilitó la comunicación institucional del organismo y se ejecutaron obras, como el colector pluvial de San Carlos, que fallaron desde las primeras lluvias. Pero el daño de Alfaro no fue solo operativo: su gobierno adoptó un discurso abiertamente confrontativo con la Federación, invirtió tiempo y recursos en explorar la salida de Jalisco del pacto fiscal y dedicó energía política a intentar romper la Conferencia Nacional de Gobernadores. El resultado, documentado por analistas locales, fue el abandono de Jalisco por parte de la Federación en el apoyo a proyectos especiales durante buena parte de su sexenio. La crisis hídrica que hoy se atiende con solicitudes urgentes de recursos federales es, en parte, el costo tardío de una relación que el propio gobierno estatal decidió incendiar.
Frente a este patrón de abandono conviene preguntarse qué han hecho otros gobiernos frente a problemas similares, y ahí la inteligencia artificial ofrece un contraste inevitable, porque mientras el modelo de gestión del Área Metropolitana de Guadalajara sigue siendo reactivo y no proactivo, politizado y no tecnificado, existen sistemas que ya monitorean, con apoyo de inteligencia artificial, la calidad del agua que llega literalmente al grifo de cada hogar, no solo el estado de las tuberías. En Singapur, la agencia pública del agua, PUB, opera el sistema Wireless Water Sentinel: una red de más de 300 estaciones de sensores de bajo costo distribuidas por toda la isla que vigilan en tiempo real la calidad, el caudal y la presión del agua en cada etapa del proceso, desde los embalses hasta la red de distribución final. A esto se suman sensores en línea instalados en cada fase del tratamiento y cerca de 400 mil pruebas anuales de parámetros orgánicos, físicos, microbiológicos y radiológicos. El resultado es que el agua de la llave en Singapur no solo es potable: supera los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, algo que ningún hogar del Área Metropolitana de Guadalajara puede decir hoy de su suministro.
Corea del Sur ofrece un caso similar a escala nacional. La estatal K-water desarrolló la plataforma GARAM+, un gemelo digital que integra en tiempo real los datos de todo el ciclo del agua, desde la captación hasta el grifo, permitiendo simular escenarios y tomar decisiones antes de que un problema de calidad llegue a los hogares. Seúl, la capital, obtuvo la certificación de calidad de la NSF (National Sanitation Foundation) para el agua de su red, con parámetros por encima de los mínimos exigidos internacionalmente. Ninguno de los dos países depende de tecnología exótica: depende de monitorear de forma continua y automatizada cada punto de la red, algo que el SIAPA, con apenas cinco personas dedicadas a muestreos para cinco millones de habitantes, simplemente no hace.
Y sin embargo, lo más grave de esta historia no es tecnológico, sino político: es el reflejo con el que la actual administración ha acompañado esta crisis. Cada vez que se le confronta con datos duros, el gobierno de Pablo Lemus reparte la responsabilidad hacia atrás, hacia Alfaro y Sandoval, y hacia arriba, hacia una Federación de la que hoy pide miles de millones de pesos sin que ese reclamo público venga acompañado de una autocrítica proporcional. Una auditoría interna que el propio SIAPA pagó, con un costo de 10 millones de pesos, encontró 262 mil predios sin registro que consumían agua sin pagarla, un hallazgo que podría representar hasta 986 millones de pesos anuales en facturación perdida. La misma revisión documentó manuales de procesos obsoletos, contrataciones de obra por adjudicación directa sin transparencia e inventarios sin evidencia. Es decir, el propio gobierno de Lemus, con sus auditorías, terminó confirmando que el SIAPA no solo distribuye agua contaminada: durante años tampoco supo con precisión a quién se la vendía ni en qué gastaba lo que cobraba.
Señalar el abandono histórico de Sandoval y Alfaro es legítimo y necesario. Pero Pablo Lemus lleva ya más de un año como gobernador y, en ese tiempo, la respuesta de su gobierno ante la crisis del agua ha sido pedir dinero a la Federación, cambiar directores del SIAPA y anunciar diagnósticos, sin que exista todavía un solo proyecto público de sensores de calidad, monitoreo continuo o inteligencia artificial aplicada a la red. La tecnología para prevenir esta crisis existe y ya llega, en otros países, hasta el grifo de cada casa. Lemus tiene el mismo acceso a esa tecnología que cualquier otro gobernador de este país. Lo que no ha tenido, hasta ahora, es empatía, responsabilidad y proactividad para solucionar tan grave problema que nos aqueja. Él se dedica a hacer fiestas y conciertos al aire libre.
