Por Magdiel Gómez Muñiz
Profesor Investigador de la Benemérita Universidad de Guadalajara
@magdielgmg
Cualquiera que transite por el Área Metropolitana de Guadalajara comparte un mismo reflejo involuntario: el sobresalto en el pecho cada vez que el rugido de un motor rompe el espacio entre dos carriles. No importa si Usted viaja al volante de un automóvil o si intenta cruzar una avenida como peatón; la calle se ha vuelto un territorio hostil. Lo que comenzó hace una década como una alternativa ágil y legítima para democratizar la movilidad frente al colapso del transporte público, hoy ha mutado en una crisis de convivencia urbana que impacta nuestras agendas cotidianas.
No entra a discusión que la motocicleta soluciona la vida de miles de familias tapatías y dinamiza la economía de los servicios de entrega. Pero en el camino, algo se rompió. La prisa se convirtió en derecho de paso y la vulnerabilidad del vehículo de dos ruedas se transformó, paradójicamente, en un escudo de impunidad.
Si tratamos de responder las siguientes preguntas, se abre un hilo para discusiones futuras, ¿en qué momento normalizamos que la banqueta, el último reducto sagrado del peatón, fuera invadida por conductores apurados que esquivan el tráfico? ¿Cuándo aceptamos como paisaje cotidiano el zigzagueo temerario o el semáforo ignorado o la escena de familias enteras con niños pequeños, viajando sin más protección que el azar?
Lo más preocupante no es solo la flagrante violación al reglamento, sino la hostilidad defensiva que se respira en el ambiente. El automovilista vive con el temor constante de un golpe invisible en el espejo retrovisor.
El peatón con el miedo de ser arrollado en la banqueta y ante el más mínimo reclamo ciudadano, la respuesta suele ser la agresión verbal-física, el cerrón intimidante o la violencia colectiva. Nos disputamos entre dos bandos un espacio que debería ser para todos.
Pero, como diría mi abuela, la responsabilidad no es huérfana. Vivimos bajo el desamparo de políticas públicas pírricas o de autoridades rebasadas por los mismos motociclistas. Y bien sabemos que retenes estáticos palean el síntoma, pero no resuelven la enfermedad. Para muestra un botón: casi la mitad de las muertes viales en la ciudad involucren a motociclistas es una tragedia estadística, pero que el 70% de ellos ruede sin una licencia válida es un rotundo fracaso institucional. El Gobierno ha permitido que una motocicleta se adquiera con la misma facilidad con la que se compra una licuadora, lavándose las manos respecto a lo que sucede en las calles de nuestra ciudad.
Jalisco y en lo particular Guadalajara, no puede seguir administrando la muerte y el miedo en sus avenidas. El pacto de civilidad se vuelve necesario con acciones contundentes, quizá coincidan conmigo, pero que tal si la tienda que vende la moto se haga corresponsable de su legalidad inicial; que el Estado certifique que el conductor cuenta con la pericia y los permisos antes de soltarlo a la calle y quizá la tolerancia cero a quien use la vía pública para agredir o poner en riesgo a los demás. La solución está en reflexionar que cuando se apaga un motor, todos somos peatones, que compartimos una misma Ciudad y que queremos llegar a casa para ver a nuestras familias. Felices días de mundial. Y manejemos con precaución.
