Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Maestro en Gestión Social y Políticas Públicas
Profesor se la Escuela de Filosofía de la UAG
La temporada actual parece ser de ideas, ocurrencias o hasta disparates, que asoman una cercanía a la improvisación de genialidades legales a imponerse a diestra y siniestra y por donde se pueda, que buscan más bien un desequilibro entre las funciones asignadas en la Constitución a las instituciones del Estado, todas que son garantes de estabilidad política, siendo una de ellas el Instituto Nacional Electoral.
Como es sabido se presentó en el debate legislativo la propuesta electoral de involucrar al Instituto Nacional Electoral, en la revisión de los expedientes para los aspirantes a puestos de representación popular constituyéndose una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; el proyecto legislativo identifica como eje central la creación de dicha comisión como un órgano permanente integrado por cinco consejeras o consejeros electorales con presidencia rotativa anual, cuya operación se concibe como un mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
Ello y ante las diversas expresiones, no es adecuada ni consistente, pues consejeros electorales han estimado que el INE carece de facultades legales y capacidades técnicas para determinar posibles vínculos de aspirantes con actividades ilícitas.
Como en bien sabido la valoración de hechos probablemente constitutivos de delitos de una candidato o candidato a un puesto de elección popular, corresponde a las fiscalías competentes y posteriormente a los jueces, por lo que trasladar esa responsabilidad al órgano electoral implicaría desviar las funciones del Instituto. En tal sentido solo los partidos políticos tienen las condiciones para detectar riesgos entre sus candidaturas, debido a su presencia territorial y cercanía con los perfiles que postulan a lo largo y ancho del país, quién más sino ellos los que deban conocer el origen de sus propias propuestas de precandidaturas.
Imagine usted que, si el Instituto determina excluir a una persona sin que exista una sentencia que suspenda sus derechos políticos, podría vulnerarse el orden legal; y por otro lado, en caso de validar a un candidato que posteriormente sea vinculado con actividades ilícitas, la responsabilidad pública recaería en la autoridad electoral y no en los partidos políticos, y pues la verdad no está el órgano electoral para probar a ver si funciona o no, amén de toda la logística que implica tal responsabilidad.
En todo caso la decisión corresponde al Poder Legislativo, en caso de aprobarse la reforma, el Instituto deberá aplicar lo que establezca la ley, o irse al recurso de la controversia constitucional, puede ser una decisión para discutirse en el pleno del Consejo General. Porque mire usted, en la reforma constitucional electoral del 2014, tan solo se agregaron 68 responsabilidades más al INE, como si organizar elecciones no fuera suficiente; sin embargo, esta nueva propuesta es de gran calado.
Ya lo dijo la Consejera Presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei: ““El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”
Con todo y eso la representante del Poder Ejecutivo Federal, expresó que el INE no entendió el tema, es claro que se entiende tanto que se ha hecho el análisis de lo que ello representa, empero al disenso se responde con argumentos de estadista, no con menciones sin sustento, en tal sentido el espíritu legal y responsable del INE será en todo caso acatar lo que disponga ley ahora modificada, fincada en el profesionalismo afianzado en lo legalmente necesario para organizar elecciones, como ha sido y es su primordial quehacer constitucional.
Las sociedades están conforme a las estructuras de las leyes amplias, legítimas y con personalidad jurídica, las instituciones salvaguardan la integridad individual y universal de una sociedad ávida de gobernabilidad sine qua non será imposible avanzar, lo que impera en México aún y debe conservarse es justamente la paz social. Atentos.
