Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
El presidente de la República anunció la presentación de una iniciativa para reformar la Constitución en materia electoral. Dada su trascendencia en la competencia, acceso y distribución del poder político, así como en la organización de elecciones, hay que analizar los puntos más importantes y profundizar en ellos en posteriores colaboraciones.
Disminución e integración de las Cámaras de Diputados y Senadores. Contrario a lo anunciado, la iniciativa no propone desaparecer a diputados y senadores plurinominales, sino disminuir el número de integrantes y que todos sean electos mediante listas estatales por el principio de proporcionalidad.
Puede lograrse sin eliminar el sistema segmentado con el que ya contamos, que cada partido tenga un porcentaje semejante de legisladores al de porcentaje de votos obtenidos si se aplica la “proporcionalidad pura” sólo a los electos por RP. Las mayorías congresionales no son negativas si facilitan la toma de decisiones, en una relación de respeto y cooperación con las minorías, por lo que una “mayor proporcionalidad” de la RP corrige la natural “artificialidad de la MR” estableciendo saludables contrapesos.
Unificación de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. En términos reales, la desaparición de los OPLES, los Tribunales Electorales estatales y las juntas distritales del INE en circunscripciones uninominales, implica la centralización absoluta de la función electoral. La propuesta de reforma otorga mayor importancia a la suposición de que desaparecerlos implica ahorros. Pero no considera que tener órganos “temporales y auxiliares” que funcionen solamente en elecciones borra la profesionalización y certeza técnica lograda, y pone en riesgo no sólo la organización de elecciones y consultas, sino también la efectividad de instrumentos técnicos indispensables como el padrón electoral. La eficiencia del gasto en elecciones es factible si se mejoran y tecnifican procedimientos, no si se cancelan órganos indiscriminadamente.
Elegir por voto popular a consejeros y magistrados electorales, mediante listas propuestas por los Poderes de la Unión. El efecto de esta medida sería peligroso: mayor discrecionalidad para el gobierno en la integración y funcionamiento de los organismos electorales. La designación de estos funcionarios a través del Congreso no es perfecta, pero permite contrapesos entre los actores políticos. La clave de mejores desempeños e imparcialidad está en la apertura del proceso de selección al escrutinio público, la imparcialidad y calidad del perfil de quienes son propuestos, y garantizar que rindan cuentas de sus decisiones y acciones bajo estricto apego legal. En resumen, se requiere fortalecer los elementos técnicos y de contrapesos políticos en estas decisiones, no diluirlos.
Eliminar financiamiento público ordinario a partidos y otorgarlo sólo en años de elecciones. Contar con financiamiento público no ha sido incentivo suficiente para que algunos partidos garanticen desempeños con mayor utilidad social. No obstante, eliminarlo y reemplazarlo por financiamiento privado aumenta la desigualdad en el ejercicio de los derechos y las libertades políticas. El efecto sería contrario, ya que la integración y representación de intereses se enfocaría aún más en actores y grupos con poder económico, capaces de financiar el trabajo de organizaciones políticas.
