Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
A partir de los años ochenta del siglo pasado en Latinoamérica, siendo México un caso paradigmático, se emprendieron profundas reformas económicas encaminadas a fortalecer la presencia del mercado como el instrumento fundamental de las decisiones económicas. Se aplicaron medidas económicas que alentaron las privatizaciones de empresas públicas, el redimensionamiento y reorientación del gasto público, la desregularización económica y la apertura comercial de las economías nacionales, principalmente.
Alrededor de dichas políticas se generó una gran euforia en el mundo financiero y empresarial, en los círculos académicos y de la opinión pública simpatizantes y promotores de las reformas de mercado. Los iniciales éxitos de México (Salinas de Gortari) y Argentina (Carlos Menem) con respecto a la recuperación del crecimiento económico, la estabilidad de precios y del tipo de cambio alentaron el optimismo. Ambos países se convirtieron en referentes de las reformas a promover en las naciones en vías de desarrollo. El llamado error de diciembre de 1994 en México y la crisis del corralito en Argentina que generaron una gran crisis económica en ambos países, frustraron y derrumbaron las expectativas. Algo salió mal, más bien, algo salió muy mal.
Las reformas de mercado sin un adecuado marco institucional que incentivará un fuerte Estado de Derecho, la transparencia, el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas, el piso parejo sin privilegios para unos cuantos, derivó en venta de empresas públicas que favorecieron a grupos de interés cercano a los círculos de poder que los monopolios públicos se convirtieran en monopolios privados, que la desregulación terminara en la apropiación de riqueza de unos cuantos. Finalmente, las reformas generaron mercados distorsionados que favorecieron la concentración de riqueza, la apropiación de recursos nacionales y públicos en pocas manos y la inmensa mayoría de la población no percibiera y, por supuesto, tampoco recibiera los beneficios económicos y sociales prometidos.
Ante la desilusión provocada por las crisis mexicana y argentina se planteó la necesidad de generar instituciones que pudieran promover un funcionamiento eficiente del mercado, que evitara los abusos de los poderosos y se favoreciera un mayor bienestar social.
Un mercado con instituciones que vinculara a la democracia con el desarrollo económico. Darle a la democracia un sentido y contenido en favor del bienestar social. En este sentido se promovieron reformas para fortalecer el Poder Judicial con la finalidad de favorecer la protección de derechos y que no fueran vulnerados por la economía de los más fuertes, un Poder Judicial que pudiera resolver expedita y con menores costos los litigios presentes en las transacciones económicas, un Poder Judicial que diera certeza y garantías tanto a los inversionistas como a los trabajadores y consumidores.
En la misma orientación se promovió la creación de organismos autónomos que impulsaran mercados verdaderamente abiertos y competitivos, eliminado las barreras de entrada, la discriminación y la discrecionalidad por parte del gobierno. Instituciones autónomas garantes de un piso parejo para todos los participantes en el mercado, que evitara la creación de monopolios, apropiación ilegal de la renta nacional y concentración de riqueza.
Estoy convencido de que las posibilidades para crear una economía pujante y prospera en México requiere de un marco institucional con equilibrio de poderes. De un gobierno que no sea el propietario absoluto de la verdad y que imponga decisiones verticales y autoritarias. Es tan importante el bienestar de los mexicanos que no podemos dejarlo en manos de unos pocos gobernantes. Hoy la política importa porque estamos definiendo el diseño institucional que impactará el funcionamiento de la economía. Esta es la trascendencia de las discusiones y las decisiones políticas que se tomaran en estos días en el Congreso de la Unión.
