Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
Recién el gobierno federal ha presentado al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, y desde diversas perspectivas se empieza a analizar su contenido, viabilidad e implicaciones.
El Paquete Económico es fundamental en la determinación del rumbo, los objetivos y la estrategia económica del país. Es la propuesta del gobierno y la determinación de sus compromisos con la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo económico. Refleja la orientación ideológica y programática del gobierno en turno. Se entrega a la representación popular para su análisis, discusión, modificación y aprobación. La Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas en la aprobación del gasto público (política de egresos) y la de Senadores interviene, a la vez que la de Diputados, en la de ingresos.
Conforme pasen los días, el debate sobre el también llamado paquete económico irá aumentando de intensidad. No solo debe ser un debate parlamentario de altura, la sociedad civil, las instituciones especializadas deben dar su opinión y dejar plasmado su sentir.
El paquete económico plantea dos grandes objetivos macroeconómicos: el crecimiento económico que se espera obtener para el siguiente año (2023) y que sea congruente con un determinado nivel de inflación. Para 2023, la meta en ambos objetivos tiene una enorme complejidad e incertidumbre si consideramos la creciente y enorme influencia que sobre ambos tiene el contexto internacional. Adicionalmente, así se plantea desde la teoría y la política económica, dichos objetivos pueden ser contradictorios. Un alto crecimiento económico tiene consecuencias para incrementar el nivel de precios, a la par de que un excesivo énfasis en bajar la inflación impacta y contiene el crecimiento económico.
Así genera una interesante polémica la compatibilidad de lograr un crecimiento económico del 3% del Producto Interno Bruto con una meta de inflación de 3.2% anual. Bajar el índice de inflación que hoy ronda arriba del 8% al nivel deseado, implicaría la aplicación de una política económica de ajuste que por diversos medios (por ejemplo, las alzas en las tasas de interés) golpearía la posibilidad de la anhelada reactivación económica. Mientras que México es uno de los países más rezagados en Latinoamérica en términos de su reactivación económica post Covid, la irrupción de la inflación llega en el peor momento. Suena sumamente complejo alcanzar ambos objetivos al mismo tiempo en lo que los economistas llamamos el equilibrio interno.
Llama favorablemente la atención que un gobierno que insiste en desmarcarse de sus antecesores “neoliberales”, anuncie su meta de inflación de 3.2% anual, cifra que se estableció y se logró alcanzar en el sexenio de Salinas y de Zedillo. Desde esos años, la inflación de 3% promedio anual se definió como una especie de “mantra” de la política económica. Ese nivel se determina a partir de la necesidad de tener una inflación muy similar a la inflación de nuestros socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio (Estados Unidos y Canadá) con la finalidad de evitar distorsiones en los flujos comerciales sí la inflación entre uno de los socios es relativamente mucho mayor.
Ante la creciente contradicción que implica bajar sustancialmente la inflación y promover al mismo tiempo el crecimiento económico, el destino sobre la prioridad que habrá de definir el gobierno mexicano se verá influenciado tanto por las prioridades que por su parte establezca el gobierno de Estados Unidos y las presiones que genere el llamado ciclo electoral. Dicho en otras palabras, sí el vecino del norte opta por el crecimiento o la inflación y las perspectivas de las elecciones del 2024.
