Cuatro años y el litio sigue bajo tierra
Por Jorge Cabrera
Maestría en Economía y Política Internacional
Mientras el caso de Guadalupe Taddei genera cuestionamientos sobre la conducción del INE, otro Taddei debería explicar por qué una empresa estratégica del Estado mexicano sigue sin producir resultados: Pablo Daniel Taddei, director de Litio para México (LitioMx).
Creada en agosto de 2022 para impulsar la explotación de uno de los minerales fundamentales para la transición energética, LitioMx llega a su cuarto aniversario sin producción comercial de litio. Y el proyecto de presupuesto para 2027 le asigna apenas 15.5 millones de pesos, sin recursos para inversión física. ¿Cómo pretende el gobierno desarrollar una industria estratégica con un presupuesto que apenas alcanza para sostener una estructura administrativa?
El problema no es haber reservado al Estado la propiedad del litio. Es haber confundido la nacionalización con una estrategia de desarrollo industrial. Tener el control jurídico de un mineral que no podemos extraer comercialmente no es soberanía tecnológica: es una promesa incumplida.
Los depósitos mexicanos, particularmente los de Sonora, presentan dificultades técnicas que obligan a desarrollar procedimientos de extracción económicamente viables. Pero precisamente para eso se creó LitioMx: para impulsar la investigación, coordinar capacidades y convertir el potencial geológico en una actividad productiva. Si la tecnología es el obstáculo, la respuesta debe ser invertir en investigación aplicada, no resignarse a la parálisis.
La salida exige un cambio de estrategia. Primero, convocar a universidades y centros públicos de investigación para identificar las tecnologías más prometedoras y probarlas en plantas piloto. Después, abrir una negociación transparente con empresas especializadas e inversionistas que aporten capital, conocimientos y experiencia industrial, bajo condiciones que aseguren la propiedad estatal del recurso, la transferencia tecnológica, la protección ambiental y una distribución justa de los beneficios. Todo ello, con instrumentos jurídicos compatibles con la legislación vigente.
No se trata de entregar el patrimonio nacional ni de gastar dinero público en proyectos inviables. Se trata de dejar de financiar expectativas y comenzar a exigir resultados: estudios de factibilidad, costos de producción, metas de inversión y plazos verificables.
El tiempo también juega en contra. Los precios internacionales fluctúan, la tecnología avanza y otros países desarrollan sus industrias. México no tiene garantizado un negocio rentable, pero tampoco puede determinar su viabilidad manteniendo el mineral bajo tierra.
Pablo Daniel Taddei y la Secretaría de Energía deben explicar qué resultados concretos han obtenido, qué obstáculos impiden avanzar y cuál es su plan para convertir el proyecto en una industria real.
Porque nacionalizar para no explotar no es defender la soberanía: es inmovilizar el patrimonio nacional. Y cuatro años después, México tiene derecho a exigir algo más que promesas.
