Cuando la fórmula no alcanza y la inversión se esfuma.
Por Eduardo Gómez de la O
Presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público A.C.
El 3 de agosto de 2026, el secretario de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, puso cifras y nombres a un problema que lleva meses gestándose en las finanzas estatales: la reducción de las participaciones federales y el desplome de la inversión pública federal. No se trata de un reclamo retórico. Se trata de mil millones de pesos que ya faltan al corte de junio y de una proyección que, de mantenerse la tendencia, podría dejar al estado con un faltante de entre 2,000 y 2,500 millones de pesos al cierre del año.
Estas no son cifras abstractas. Representan la diferencia entre iniciar o posponer obras que la propia Federación ha reconocido como necesarias, y entre sostener o reconducir el gasto en un estado que aporta cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y que, sin embargo, ocupa el lugar 28 en el promedio de inversión pública federal.
La caída de las participaciones
Las participaciones y aportaciones federales constituyen, año tras año, la parte medular de los ingresos de Jalisco. Cuando esos recursos se contraen, el margen de maniobra del gobierno estatal se estrecha de manera inmediata. García Sotelo fue claro: el déficit acumulado al mes de junio ronda los 1,000 millones de pesos. Si la tendencia de menor recaudación federal y de desaceleración económica nacional se mantiene, el faltante podría duplicarse 2,000 mdp o más hacia diciembre.
No es la primera vez que se advierte. En mayo pasado ya se había señalado una caída cercana a los 80 millones de pesos en un solo mes y se proyectaba un impacto acumulado de mil millones. Lo que cambia ahora es la magnitud del horizonte y la urgencia de los proyectos que quedan en riesgo.
La inversión federal que se evaporó
Más revelador aún resulta el contraste histórico de la inversión pública federal directa. Según los datos presentados por el secretario:
– En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jalisco recibía en promedio unos 3,140 millones de pesos anuales.
– Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cifra promedió 2,740 millones.
– En el gobierno actual, lo recibido hasta el momento suma apenas 454 millones de pesos.
La diferencia no es menor. Habla de una reconfiguración de las prioridades federales que ha dejado a Jalisco en una posición claramente desfavorable. Mientras otros estados concentran recursos etiquetados para proyectos de gran envergadura, Jalisco enfrenta la eliminación del Fondo Metropolitano, la incertidumbre en el presupuesto carretero y el estancamiento de recursos para infraestructura hidráulica y sanidad agroalimentaria.
El acueducto que todos dicen querer, pero nadie financia
El caso más elocuente es el del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, también llamado Acueducto Sustituto. Se trata de una obra que el gobierno de Jalisco ha impulsado con insistencia, que cuenta con proyecto ejecutivo y que, según el propio secretario, ha sido avalada por la Federación. Sin embargo, Conagua no ha liberado la validación técnica definitiva y el Fonadin no ha avanzado en el esquema de financiamiento.
García Sotelo lo resumió con una frase que, aunque coloquial, describe con precisión la situación: “a todos les dices que sí, pero no les dices cuándo”. El estado tiene listos esquemas de asociación público-privada, inversionistas interesados y la convicción de que la obra es indispensable para mejorar la eficiencia del abasto y reducir las mermas del sistema actual. Lo que falta es la decisión federal que permita pasar de las buenas intenciones a la ejecución.
En un contexto de crisis de calidad y suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el retraso no es un asunto técnico menor. Es un problema de priorización del gasto público y de equidad territorial.
Más allá del reclamo: el fondo del asunto
El debate no debe quedarse en la queja. Las participaciones se distribuyen conforme a una fórmula legal que privilegia, entre otros factores, la población y la recaudación. Eso es correcto en principio. El problema aparece cuando los recursos discrecionales —aquellos que el gobierno federal destina a proyectos estratégicos fuera de la fórmula— se concentran de manera manifiesta y cuando la inversión pública federal se contrae de forma tan drástica en una entidad de la importancia económica de Jalisco.
Un sistema federal sano no puede sostenerse únicamente sobre transferencias automáticas. Requiere también voluntad política para invertir en las regiones que generan riqueza, empleo y exportaciones. Jalisco no pide un trato privilegiado; pide que no se le trate como si su aportación al país fuera irrelevante.
La Asociación Mexicana de Gasto Público ha insistido de manera reiterada en que la eficiencia del gasto y la equidad en la distribución de los recursos son dos caras de la misma moneda. Cuando un estado se ve obligado a reconducir presupuestos, a posponer obras de infraestructura crítica y a absorber con recursos propios lo que debería ser una corresponsabilidad federal, el costo lo terminan pagando los ciudadanos: en menor calidad de servicios, en retrasos en la solución de problemas estructurales y en una percepción creciente de asimetría territorial.
Lo que sigue
Las declaraciones del 3 de agosto no son un punto final. Son una alerta. Corresponde ahora a la Federación responder con claridad: si los proyectos están avalados, ¿cuál es el calendario real de liberación de recursos? Si la caída de participaciones responde a una menor recaudación nacional, ¿qué mecanismos de estabilización se activarán? Y si la inversión pública federal se ha reducido de 3,140 a 454 millones de pesos en promedio, ¿cuál es la justificación técnica y política de ese descenso?
Jalisco ha demostrado capacidad de generar ingresos propios, de mantener finanzas sanas y de ejecutar obra pública con recursos estatales. Pero ningún estado, por disciplinado que sea, puede sustituir de manera indefinida la corresponsabilidad federal en temas de infraestructura estratégica.
El agua, las carreteras, la movilidad y el desarrollo regional no son asuntos de un solo orden de gobierno. Cuando la Federación se retira, el vacío no lo llena el silencio: lo llenan los retrasos, las tensiones y, al final, el costo social que todos terminamos pagando.
La nota de hoy no es solo un reclamo de Hacienda estatal. Es un llamado a revisar, con datos y sin eufemismos, cómo se está ejerciendo realmente el federalismo fiscal en México.
