La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abre una de las crisis políticas más delicadas en la relación bilateral reciente, particularmente entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por Ángel Nakamura
El hecho se da en medio de las conversaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se discuten el aumento de la producción regional, competitividad, seguridad en cadenas de suministro y el cumplimento de las cláusulas laborales.
Además, la acusación ocurre cuando la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en el centro de una controversia política tras la muerte de dos presuntos agentes de la CIA durante un operativo en la entidad, a mediados de abril.
Campos ordenó la creación de una unidad especializada para investigar los hechos de manera interna, pero declinó una invitación para comparecer por el operativo ante una comisión del Senado. Mientras tanto, el fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia al cargo tras asumir responsabilidad política por posibles omisiones institucionales vinculadas al hecho.
Este es un resumen cronológico de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya.
Se hace pública la acusación
El punto de quiebre ocurrió cuando fiscales federales en Manhattan hicieron pública una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
Según el documento, el gobernador habría participado durante años en una red de protección al Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que recibió sobornos y brindó apoyo político a cambio de facilitar operaciones del grupo criminal, incluyendo protección frente a investigaciones y filtración de información.
El caso forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de fentanilo, en el que el Cártel de Sinaloa es considerado un actor central.
Rocha, un académico y político sinaloense, ascendió a puestos de elección popular con el visto bueno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien considera un amigo.
Los acusados, cercanos a Rocha y a Morena
El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
El gobernador de Sinaloa y los demás acusados están presuntamente vinculados a «Los Chapitos», la facción del Cartel de Sinaloa que dirigen los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán en México.
Además del mandatario de 76 años, los otros acusados son: Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena y exsecretario de Gobierno estatal; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
También Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, exmandos policiacos estatales.
Finalmente, Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán y ahijado político de Rubén Rocha; así como Juan Valenzuela Millán, exjefe de policía de Culiacán.
Solicitud de arresto y presión diplomática
Tras hacerse pública la acusación, autoridades de Estados Unidos solicitaron al gobierno mexicano la detención inmediata de Rocha Moya y de los otros implicados. Esta petición colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición compleja.
Cumplir con la solicitud podría fortalecer la cooperación con Washington, aunque también implicaría actuar contra un gobernador en funciones perteneciente a su propio partido, Morena. El asunto toma aún más relevancia en el aspecto político porque Sinaloa acude a las urnas para elegir un nuevo titular del Poder Ejecutivo Estatal en junio de 2027.
Analistas citados por el diario estadounidense describieron el momento como una “granada política”, debido a las implicaciones internas y externas de cualquier decisión.
Reacción de Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa negó las acusaciones y las calificó como parte de una estrategia política desde Estados Unidos. En un posicionamiento público, señaló que se trata de un intento de vulnerar la soberanía nacional y de afectar a Morena, partido al que pertenece y que actualmente domina el escenario político mexicano.
La respuesta del gobierno mexicano
Un día después de que se hiciera pública la acusación, la presidenta Sheinbaum fijó postura. Dejó claro que su administración no protegerá a ningún funcionario que haya cometido delitos, pero también subrayó que no actuará sin pruebas suficientes.
“No vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó. Sin embargo, añadió que las autoridades estadounidenses no han presentado evidencia concluyente que justifique una acción inmediata.
La mandataria indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrirá una investigación propia y que cualquier decisión, incluida una eventual detención, dependerá de los resultados de ese proceso o de la entrega de pruebas “contundentes e irrefutables” por parte de Estados Unidos.
Además, cuestionó la solidez del expediente, señalando que parte de la acusación se basa en testimonios anónimos y en un documento manuscrito que, a su juicio, resulta insuficiente como evidencia.
Implicaciones legales y políticas
El caso tiene implicaciones judiciales y políticas. Rocha Moya cuenta con fuero constitucional, por lo que para ser detenido sería necesario que el Congreso, y posiblemente el Poder Legislativo de Sinaloa, le retirara la inmunidad. Ambos órganos están controlados por Morena, lo que complica el escenario.
En paralelo, dentro del Senado ya se ha abierto un debate. Mientras algunos legisladores oficialistas piden cautela y apego al debido proceso, la oposición ha exigido actuar con firmeza y evitar cualquier señal de impunidad.
Un contexto de presión bilateral
La acusación ocurre en un momento de presión creciente por parte de Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad y combate al narcotráfico.
De acuerdo con analistas citados por el New York Times, el caso representa un cambio en la narrativa: ya no se trata únicamente de cooperación contra el crimen organizado, sino de señalamientos directos hacia actores políticos dentro de México.
El escenario actual
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha optado por una postura intermedia. No ha respaldado públicamente a Rocha Moya pero tampoco ha procedido a su detención: ha exigido pruebas adicionales antes de actuar.
La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la decisión final dependerá de la evidencia y de las instituciones mexicanas, no de presiones externas.
El caso sigue en desarrollo y se perfila como una prueba clave para el gobierno federal, tanto en su política anticorrupción como en su relación con Estados Unidos.
