Por Dip. Alondra G. Fuasto de León
Presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana
del Congreso del Estado de Jalisco e Integrante
de la Fracción Parlamentaria del PRI
El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la comparecencia de los titulares de la PROEPA Y SEMADET ante los miembros de la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso del Estado de Jalisco, para atender la cita con las y los dipùtados y las organizaciones de la sociedad civil, con el proposito de atender la agenda de residuos solidos. Lo que tuvo lugar en el Congreso del Estado fue algo más cercano a un punto de quiebre que a un acto protocolario, en ese espacio coincidieron, sin filtros, tres fuerzas que rara vez dialogan en condiciones de igualdad: una institucionalidad que busca sostener su narrativa de avance, una representación política obligada a cuestionarla y una ciudadanía que llegó no a pedir explicaciones, sino a exigir respuestas después de años de espera.
Lo que se puso sobre la mesa no fue únicamente la gestión de los residuos sólidos en Jalisco, sino la capacidad misma del Estado para reconciliar sus decisiones con la realidad que viven sus habitantes.
Desde la apertura de la sesión, el carácter del encuentro quedó definido: no sería un espacio de simulación, sino de exposición franca. En la mesa estuvieron presentes autoridades clave en materia ambiental, particularmente se conto con la presencia del Lic. Iker Frangie Martínez Gallardo, Procurador Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) y de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) la Mtra. Paola Bauche Petersen, quienes acudieron a rendir cuentas sobre la situación del manejo de residuos sólidos en Jalisco, así como sobre casos específicos que han generado preocupación social.
Las intervenciones de los funcionarios se estructuraron con un énfasis claro en resultados, se presentaron cifras que buscan dar cuenta de una mayor actividad institucional: incremento en inspecciones, aumento significativo en clausuras, apertura de procedimientos sancionadores y atención total de denuncias ciudadanas. Se subrayó que, aun con limitaciones presupuestales y de personal, la capacidad operativa ha crecido de manera importante. También se expusieron avances en los procesos de remediación ambiental, con énfasis en dos de los casos más emblemáticos del estado: los sitios de disposición final de Matatlán y Los Laureles, cuya operación durante décadas dejó una huella profunda en el entorno y en las comunidades aledañas. Las autoridades detallaron que, en el caso de Los Laureles, se reporta un avance cercano al 50% en las obras de clausura y estabilización, incluyendo sistemas de captación de lixiviados, control de biogás y confinamiento de residuos, en paralelo, se explicó que estos procesos están respaldados por un acuerdo reparatorio que contempla una garantía financiera superior a los 300 millones de pesos, destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de la empresa responsable.
El mensaje institucional buscó transmitir certidumbre: existen rutas técnicas definidas, instrumentos legales en marcha y, sobre todo, una voluntad explícita de corregir pasivos que por años fueron postergados. Sin embargo, a medida que avanzaban las exposiciones, esa narrativa comenzó a mostrar sus límites. Los propios funcionarios reconocieron que la capacidad de intervención del Estado se ve condicionada por una fragmentación persistente de competencias entre órdenes de gobierno, donde la responsabilidad se diluye entre lo municipal, lo estatal y lo federal. Admitieron también que, en la práctica, gran parte de las acciones de inspección y control dependen de la denuncia ciudadana, lo que revela un sistema más reactivo que preventivo a ello se suma una dificultad estructural: intervenir de manera integral en un problema que no es únicamente ambiental, sino también financiero, territorial y político, y que, por su complejidad, rebasa los márgenes de actuación de cualquier institución en lo individual.
El momento más incisivo de la sesión llegó con la intervención de las diputadas integrantes de la Comisión de Gestión Metropolitana, donde el debate dejó de orbitar en torno a cifras y comenzó a anclarse en responsabilidades concretas.
La diputada Mariana Casillas Guerrero de la representación parlamentaria de Futuro, tomó la palabra con un enfoque técnico y estructural, señalando que el problema no radica únicamente en la operación de sitios específicos, sino en la ausencia de un modelo integral de gestión de residuos en el estado, puso sobre la mesa la contradicción entre los avances reportados y la realidad de los municipios, recordando que más del 90% de los sitios de disposición final en Jalisco no cumplen con la norma ambiental. Cuestionó, además, la eficacia de las sanciones aplicadas: si bien han aumentado en número, no necesariamente han generado un cambio de comportamiento en los operadores ni han evitado la reincidencia, su intervención dejó una idea clara flotando en el aire: sin política pública de largo plazo, los esfuerzos seguirán siendo fragmentarios.
Por su parte, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona de la fracción parlamentaria de Morena, llevó la discusión al terreno de la legalidad y la rendición de cuentas, su intervención se centró en los acuerdos reparatorios y en la necesidad de garantizar que estos no queden como instrumentos opacos o de difícil seguimiento. Al referirse a casos como Los Laureles y Matatlán, cuestionó la falta de información pública clara sobre los términos, avances y mecanismos de verificación de dichos acuerdos, insistió en que no basta con anunciar montos millonarios de garantía o plazos de remediación si no existen herramientas accesibles para que la ciudadanía y el propio Congreso puedan supervisar su cumplimiento, su postura fue firme: la transparencia no puede ser un componente accesorio, sino la base de la legitimidad institucional.
En mi caso, como presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana, asumí la intervención desde una posición de articulación. Reconocí los avances expuestos por las autoridades, pero también señalé la necesidad de cerrar la brecha entre el discurso institucional y la percepción ciudadana, planteé que el eje del problema no es únicamente operativo, sino de gobernanza: la dispersión de facultades, la falta de coordinación efectiva y la debilidad en la aplicación de las normas han generado un sistema que responde tarde y de manera incompleta. Subrayé que el Congreso no puede limitarse a ser un espectador de estos procesos, sino que debe convertirse en un actor activo que impulse reformas para fortalecer el carácter vinculante de las recomendaciones ambientales, así como mecanismos de seguimiento más eficaces.
Las tres intervenciones, desde ángulos distintos, coincidieron en un punto fundamental: el problema ya no admite diagnósticos reiterados. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para traducir sus instrumentos legales, técnicos y financieros en resultados tangibles para la población. Pero si algo definió el sentido profundo de la reunión, fue la participación de las organizaciones sociales y de las y los ciudadanos. A la comparecencia de los funcionarios del gobierno del Estado de Jalisco, acudieron representantes de comunidades afectadas por la operación de sitios de disposición final, así como integrantes de colectivos ambientalistas que han dado seguimiento puntual a estos temas durante años. Sus intervenciones no estuvieron cargadas de tecnicismos, sino de experiencias concretas.
Se habló de impactos en la salud, de contaminación persistente, de compromisos incumplidos y de una desconfianza acumulada hacia las autoridades, se cuestionó la falta de información accesible sobre los acuerdos de remediación y se señaló que, en muchos casos, los avances reportados no son perceptibles en el territorio. Hubo testimonios que evidenciaron una sensación de abandono y una exigencia clara: que las decisiones no se tomen sin considerar a quienes viven las consecuencias.
También se planteó la necesidad de incorporar a la ciudadanía en los procesos de vigilancia y seguimiento, no como observadores, sino como actores activos en la solución del problema. Escuchar estas voces no fue un acto protocolario; fue un recordatorio contundente de la dimensión humana del tema que estamos abordando. Porque el manejo de residuos sólidos en Jalisco no es únicamente un desafío técnico, es un problema estructural que refleja la forma en que hemos crecido como Estado, la manera en que distribuimos los costos del desarrollo y la capacidad —o incapacidad— de nuestras instituciones para responder de manera efectiva.
Desde la presidencia de la Comisión de Gestión Metropolitana, asumí con claridad los compromisos que este encuentro nos exige. He establecido el compromiso de fortalecer la coordinación intergubernamental, gestionando la participación de autoridades federales para ampliar el alcance de las soluciones. Acordamos la realización de recorridos en territorio con la participación de comunidades, autoridades y esta comisión, porque los avances deben verificarse donde ocurren los problemas.
Impulsaremos una revisión del marco legal vigente para fortalecerlo, particularmente en lo que respecta al carácter vinculante de las recomendaciones ambientales y a la eficacia de los mecanismos de supervisión. Daremos seguimiento puntual a la implementación de las normas existentes, porque no se trata únicamente de crear nuevas disposiciones, sino de asegurar que las actuales se cumplan. Y, de manera paralela, promoveremos un enfoque preventivo que atienda el origen del problema: la forma en que generamos, separamos y gestionamos nuestros residuos como sociedad.
Hoy refrendamos que la apertura al diálogo no es una opción, es una responsabilidad, que la coordinación entre instituciones no puede seguir siendo un discurso, sino una práctica constante y que la confianza ciudadana no se construye con cifras, sino con resultados visibles; este encuentro no resuelve el problema, pero sí marca un punto de inflexión. Porque cuando las instituciones escuchan, cuando la representación política cuestiona y cuando la ciudadanía participa, se abre la posibilidad de transformar una realidad que, hasta ahora, ha sido postergada, ese es el camino que hoy decidimos asumir.
