Por Dr. Roberto Ulises Estrada Meza
Economista y especialista en movilidad urbana, transporte y territorio
El alza de la tarifa del transporte público en Jalisco, de 9.50 a 14 pesos, es una decisión política, no un ajuste técnico. Y como toda decisión política que impacta directamente en el bolsillo de millones de personas, merece ser discutida más allá de fórmulas, tarjetas y comunicados oficiales. El gobierno estatal ha anunciado que el impacto del aumento será “mitigado” mediante una “Tarjeta Única Al Estilo Jalisco”, asociada a una red financiera (VISA), que permitirá a los usuarios pagar 11 pesos, gracias a un subsidio de 3 pesos por viaje. Además, la tarjeta podrá recibir remesas, apoyos a estudiantes y transferencias para personas adultas mayores.
En el papel, la propuesta suena moderna, eficiente y socialmente sensible. En la práctica, es algo más complejo: una reconfiguración del aumento tarifario a través de un instrumento financiero. Para entenderlo mejor, conviene mirar fuera del transporte público.
La lección de una franquicia de café con logo de sirena
Cada vez que una persona recarga su tarjeta de fidelidad de su franquicia favorita, no está pagando café. Está prestando dinero, sin intereses, a una corporación privada. Ese dinero no se guarda, no espera inmóvil. Se usa para operar, crecer, invertir y expandirse. Incluso cuando el cliente sí consume su café, la empresa ya tuvo el beneficio de usar ese capital por adelantado. Y cuando el cliente olvida un pequeño saldo —el famoso breakage—, se convierte en ganancia pura. Eso no puede ser casualidad. Es ingeniería financiera basada en comportamiento humano, envuelta en conveniencia y lealtad.
Ahora regresemos a Jalisco
Del derecho a la movilidad al saldo disponible. Con el nuevo esquema, el mensaje implícito es claro: si tienes la tarjeta, pagas menos; si no la tienes, pagas más. La tarifa “oficial” es 14 pesos. El descuento no es universal; está condicionado al uso de un medio financiero específico –esto no elimina el aumento– Lo administra. El subsidio ya no sigue a la persona por el simple hecho de ser usuaria del transporte público; sigue a la tarjeta. Y la tarjeta, a su vez, se convierte en el canal obligatorio para acceder a beneficios, apoyos y transferencias.
“Como la fraquicia de café convierte la lealtad en liquidez, el Estado convierte la necesidad de moverse en dependencia financiera.”
El castigo silencioso. Quien no use la tarjeta: Paga la tarifa completa; queda fuera del subsidio; queda fuera de otros beneficios asociados. No por decisión técnica, sino por diseño institucional. Así, el aumento tarifario no se debate en términos de justicia social, ingreso disponible o accesibilidad, sino que se desplaza hacia una lógica de “buen usuario” y “mal usuario”: el conectado y el no conectado; el bancarizado y el que no lo está; el que entra al sistema y el que queda fuera.
Más que transporte, control de flujos
La Tarjeta Única no solo sirve para pagar camiones. Centraliza información, movimientos y flujos de dinero. Ordena quién recibe apoyos y cómo. Reduce el conflicto político del aumento tarifario sin reducir su efecto real sobre el ingreso de los hogares. Es eficiente, sí. Pero también concentra poder de decisión. Y ahí está el problema político de fondo.
“La pregunta que no se quiere responder”
Si el transporte público es: un derecho, un servicio esencial, un instrumento de igualdad, entonces su acceso no debería depender de una tarjeta financiera ni de esquemas de prepago.
Porque cuando la movilidad se gestiona como saldo disponible y no como derecho garantizado, la tarifa deja de ser una variable técnica y se convierte en un mecanismo de control social. Por eso, el aumento a 14 pesos no desaparece con una tarjeta, solo se disfraza. La Tarjeta Única –Al Estilo Jalisco– puede ser una herramienta útil, pero no puede sustituir el debate central: quién paga realmente el costo del transporte público y bajo qué condiciones.
La franquicia de café con logo de sirena construyó un modelo financiero a partir de café. El gobierno corre el riesgo de hacer lo mismo con la movilidad. La diferencia es que el café es opcional. El transporte público, no. Y cuando un derecho se administra como si fuera un producto de fidelización, el problema ya no es la tarifa. Es el modelo.
