El Procurador Social de Jalisco pide al Congreso del Estado presupuesto y armadura legislativa para fortalecer este servicio y brindar mayor protección a la ciudadanía más vulnerable.
Por Mario Díaz (El Master)
Héctor Pizano Ramos, Procurador Social tiene una encomienda del gobernador Pablo Lemus Navarro, acercar esta dependencia lo más posible a las poblaciones más vulnerables para ofertar los servicios a quienes no cuentan con los recursos suficientes para contratar a un abogado que los acompañe a resolver la infinidad de problemas legales con que cargan incluso por décadas.
“El gobernador Pablo Lemus Navarro tiene muy clara la importancia de la Procuraduría Social, lo importante que nos encomendó es que tengamos mayor cercanía con la gente, ideamos modelos para dar cumplimiento, esto implica considerar mayor personal y recursos que no tenemos, pero aun así lo estamos haciendo”, puntualiza Héctor Pizano.
Detalla que se creó un Módulo Itinerante de Identidad y Justicia que, en un acuerdo y convenio con el Registro Civil, llevan esta oficina móvil a las diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, donde la ciudadanía puede acercarse y resolver problemas de actas de nacimiento, identidad, doble nacionalidad, asuntos sucesorios, de alimentos, custodia, temas mercantiles.
Les pedimos a los diputados que presupuestalmente pueden mejorar nuestras condiciones para dar un mejor servicio, lo que hacemos no es caro para lo que puede representar el acompañamiento jurídico en una familia de escasos recursos.
“Son asesorías gratuitas, pero se tiene la posibilidad de que la Procuraduría Social asuma la representación de los ciudadanos, vamos en mancuerna con el Registro Civil, quienes también de manera gratuita brindan todos sus servicios, ponen las actas que se necesitan para nuestros juicios, de tal manera que los ciudadanos ahorran tiempo y ese recurso del valor de las actas que en verdad muchas veces no cuentan con ello”. La necesidad de este servicio itinerante se vio reflejado en los resultados de atención, en lo que va de este programa piloto se han atendido a cerca de 45 mil personas en 75 días hábiles reales.
“A la gente le urge que los representen, pero no cuentan con los recursos para pagar lo servicios de un abogado, la Procuraduría Social se los puede proporcionar y acompañar durante todo su proceso legal, hay manera de iniciar este acercamiento vía aplicaciones, pero el grueso de la ciudadanía necesita este acercamiento directo. Muchos tienen que ver con registros extemporáneos que se pueden corregir y los que tienen otros problemas por medio de los juicios de la Procuraduría Social se resuelven para que puedan tener sus documentos de identidad en orden”.
“Tenemos que revisar entre todos la protección integral de los adultos mayores, y desde la Procuraduría velamos en gran parte por ellos, debemos de tener la seguridad que de principio a fin con o sin familiares, se tenga la tranquilidad y seguridad de que todo el proceso que requiera cada uno de sus asuntos tendrá el acompañamiento legal de nuestra parte, esto está totalmente contemplado. Desgraciadamente en las zonas donde hay más marginación es muy difícil pagar abogados y saber de los procesos jurídicos y legales que se tienen que realizar. Tenemos que velar por el patrimonio de estas personas, la familia, sus derechos que pueden estar siendo vulnerados”.
Destaca que iniciaron esta administración estatal con presencia en algunos municipios con 42 oficinas, al cierre de 2025 ya suman 84 espacios donde tienen presencia reconociendo que gran parte de esta posibilidad corresponde a la colaboración de los presidentes municipales de todos los partidos políticos, quienes destinan un espacio para el personal de la Procuraduría Social.
Dientes
Héctor Pizano, sostiene que la dependencia que está bajo su dirección, por fin recibe la importancia que se merecía, incluso esto quedó de manifiesto durante la pasada glosa al primer informe de gobierno de Pablo Lemus con la presencia y participación de los diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia.
“Lo más importante y trascendente de la oportunidad que tuvimos de estar en la Glosa ante la Comisión de Seguridad y Justicia, primero que estuvieron los diputados y que estaban bien informados, atentos y sus cuestionamientos fueron muy pertinentes porque sí conocían lo que estamos haciendo, fue una glosa muy productiva en términos de diálogo”.
“Segundo, obviamente sentimos la obligación de plantearle al Congreso del Estado que el modelo de la procuraduría social se debe de revisar y que pudiera transformarse; dejamos en el Congreso la inquietud de que se revise este modelo porque pudiera generarse un OPD, un Instituto, a nivel federal tienen el Instituto de Defensoría Pública, que es técnicamente independiente”.
Puntualizó que dentro de sus atribuciones tienen la responsabilidad de revisar la actuación de las oficialías del Registro Civil, del Registro Público de manera periódica poniendo su atención en la actuación, cumplimiento de los reglamentos, de las normativas, en caso de encontrar irregularidades la Procuraduría Social levanta las actuaciones, también en el caso de encontrar alguna situación que afecte los derechos de un tercero, hasta aquí todo marcha bien…
“Pero no pasa de derivar esta observación y señalamiento, porque la Procuraduría no tiene dientes para actuar ni sancionar al infractor. La cosa se pone más delicada cuando en nuestra labor de visitar asilos, albergues donde tienen a personas bajo su cuidado, al encontrar algunas deficiencias se da conocimiento, se notifica a las autoridades correspondientes para que actúen conforme a derecho corresponde, nosotros como Procuraduría no tenemos dientes para poder actuar o sancionar, más que advertir el hallazgo”.
“Tampoco hay una obligación clara o formal, con término claro de cuándo esa autoridad a la que le notificamos nos pudiera informar si corrigió, clausuró, si pudo o no corroborar la información, si hubo algún apercibimiento, o si por el contrario no avala nuestra intervención. Esto es un tema importante que se tiene que tratar para la debida actuación de la Procuraduría, sin embargo, volviendo a la acción sustantiva, les decía a los diputados:
“Tenemos la Defensoría en Materia Penal para quien no tenga abogado, tenemos la representación jurídica en los juicios familiares, mercantiles, civiles para quienes no tengan la posibilidad de contratar un abogado; tenemos a los agentes sociales que hacen una labor muy importante que son quienes están vigilando permanentemente que en los juicios donde haya una persona que pueda ser vulnerada en sus derechos por su condición de adulto mayor, menor de edad, pueblo originario, etcétera, la Procuraduría Social tiene la labor fundamental de cuidar, vigilar, velar y hacer observaciones dar vista de conformidad de que los procesos van conforme a derecho para tener esta protección que el Estado tiene la obligación de brindar, independientemente de la actuación del juzgador”.
Rezago
Explicó a los legisladores que si bien, el Poder Judicial ha crecido con la necesidad de crear nuevos juzgados familiares, penales, civiles; en donde se deben de considerar también la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, en donde cada una de estas nuevas instancias formalmente debería de haber una representación de la Procuraduría Social, en su caso dos defensores, un auxiliar, dos representantes de la gente para poder desahogar todos los asuntos que se les encomienden como representación jurídica.
La Procuraduría Social necesita un nuevo modelo en donde se le dote de dientes para poder actuar en consecuencia ante cualquier irregularidad que se detecte, actualmente solo podemos notificar las mismas a otras autoridades y hasta ahí llegamos.
“Sin embargo, la plantilla del 2010 al 2025 técnicamente es la misma en la Procuraduría Social, estamos hablando de 400 servidores públicos, se ha venido generando un déficit de representación en términos de que nuestra gente tiene que multiplicarse para poder atender todos los asuntos que se les encomiendan, creemos que se tiene que revisar y buscar, siendo esta última instancia de representación de las personas que menos tienen para que estén debidamente acompañados y representados, independiente de hacer nuestro esfuerzo permanente por tener al personal mejor capacitado y contar con los mejores perfiles”.
“Afortunadamente tenemos gente con mucha vocación y preparación, de seguro tenemos un déficit de 70 personas para poder completar nuestro personal. Hoy cubrimos todo el espectro del estado, pero no como debería de ser en base al diseño original y platicando con el Poder Judicial nos decían que pretenden crecer mínimo cinco juzgados familiares el próximo año”.
Presupuesto
El Procurador Social consideró muy oportuno y necesario que se proponga un nuevo diseño de su dependencia en donde se le generen condiciones para tener respuestas sobre las observaciones que se emiten en sí, es dotarla de dientes jurídicos y legales para que pueda actuar de forma inmediata y dando el debido cumplimiento de la responsabilidad que se les concedió.
«Sabemos las limitaciones del presupuesto, por otro lado, hicimos un señalamiento muy puntual a los diputados respecto a que constitucionalmente se señala que un defensor de la Procuraduría Social debe de tener un ingreso igual al de un Ministerio Público, esto no se da desde hace tiempo, está totalmente desfazado porque ganan cerca de la mitad, tienen el mismo trabajo, preparación, capacidad y una responsabilidad mayúscula de poder representar eficientemente a un procesado”.
“Se planteó para que en el próximo presupuesto se corrija, en este ajuste solo de defensores hay un déficit de siete u ocho millones, pero tuvimos que ser muy puntales porque se tendrá que revisar inmediatamente a los representantes sociales que llevan los asuntos civiles, mercantiles, que hacen la misma labor y los agentes sociales que velan por que no se vulneren los derechos de las personas más vulnerables”.
