Por Xicoténcatl Hurtado
Especialista en Innovación Gubernamental y Gobierno Electrónico
Jalisco lleva años proyectando una imagen de vanguardia tecnológica. El gobierno del estado no pierde oportunidad de recordarnos que ha recibido reconocimientos de la UNESCO y del GPAI, que lanzó una política de Inteligencia Artificial y Gobernanza de Datos, y que sus funcionarios asisten a foros internacionales a presumir buenas prácticas. Hacia afuera, todo brilla. Hacia adentro, la ciudadanía sigue esperando que los sistemas anunciados funcionen de verdad, que los datos cedidos sean protegidos con seriedad y que alguien, en alguna oficina pública, se haga responsable cuando las cosas salen mal.
El caso más reciente es el del rastreo satelital del transporte público. En marzo de 2026, el gobernador Pablo Lemus encabezó personalmente el anuncio de la alianza entre la Secretaría de Transporte y la empresa argentina Ualabee, socia tecnológica de Google. La promesa fue ambiciosa: las 4,500 unidades que circulan por el Área Metropolitana de Guadalajara serían visibles en tiempo real desde Google Maps y Waze, cubriendo las 220 rutas del sistema.
Se presentó como algo histórico: Jalisco sería el primer estado del país en lograr una integración total de todas las modalidades del transporte masivo bajo estándares internacionales.
Lo que conviene recordar es que esta promesa no nació en 2026. La idea de geolocalizar el transporte concesionado lleva años circulando en mesas técnicas, iniciativas legislativas y propuestas de campaña. El propio secretario Diego Monraz reconoció que esta herramienta se ha estado buscando desde hace tiempo. Mientras tanto, los jaliscienses siguieron parados en esquinas sin saber si el camión ya pasó o todavía no llega. El GPS ya existía en las unidades, instalado como parte del equipamiento de recaudo. Los datos estaban ahí desde antes. Lo que faltaba, al parecer, era voluntad de hacerlos útiles para quien paga el pasaje. Que tardemos años en aprovechar una tecnología ya instalada no es un problema técnico; es un síntoma de cómo funciona la gestión pública cuando no hay gobernanza que la oriente.
Eso es exactamente lo que ocurre cuando los sistemas tecnológicos del gobierno se construyen sin arquitectura de responsabilidades. No se trata de que la tecnología no esté disponible; se trata de que nadie define con claridad quién responde por ella, bajo qué términos se usa la información que genera, a qué ciudadano le rinde cuentas y qué pasa cuando falla. Anunciar es fácil. Implementar, sostener y transparentar es otra historia.
El caso de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco lo evidencia con mayor crudeza. Presentada como la solución que concentraría subsidios de transporte, servicios de salud y programas sociales en un solo plástico, la tarjeta derivó en una controversia que el gobierno tardó meses en reconocer. Para acceder al subsidio de once pesos, los usuarios deben ceder datos biométricos, historial crediticio y patrón de voz a la empresa privada Broxel, bajo términos que la Barra de Abogados Mexicanos calificó de consentimiento inválido. La organización R3D señaló que el gobierno condicionó un derecho básico de movilidad a la aceptación de un tratamiento de datos que va mucho más allá de lo necesario para operar un subsidio público. Las personas no pueden oponerse a finalidades secundarias como publicidad o intercambio de información con terceros sin perder el descuento. Para colmo, el aviso de privacidad lleva fecha del 16 de octubre de 2025, mientras que el fallo de la licitación se emitió hasta el 31 del mismo mes. Alguien ya operaba el sistema antes de ganarlo formalmente. Eso no es un descuido administrativo; eso tiene nombre.
En paralelo, el gobierno destina 6,377 millones de pesos en seis años para modernizar el C5 Escudo Jalisco, ahora rebautizado como C5i. El proyecto suma inteligencia artificial, reconocimiento facial, lectura automatizada de placas y ocho arcos carreteros con 249 cámaras en los accesos a la zona metropolitana. La capacidad de videovigilancia crecerá un 50 por ciento, pasando de 15 a cerca de 50 municipios cubiertos. La inversión es real, el andamiaje es imponente. Pero la pregunta que ningún comunicado oficial responde es quién audita los algoritmos, con qué criterios el sistema decide marcar un rostro como sospechoso, qué ocurre con los falsos positivos y bajo qué marco legal se retiene la imagen de alguien que simplemente camina por la vía pública. R3D ya documentó que Jalisco figura entre los estados donde el reconocimiento facial se ha usado para identificar personas en contextos de protesta. No hay protocolos públicos de uso. No hay controles ciudadanos independientes. No hay rendición de cuentas.
El Congreso de Jalisco, por su parte, organizó en marzo de 2026 un curso interno sobre inteligencia artificial en el sector público, donde se habló de protocolos de validación, transparencia y uso responsable. Justo lo que el Ejecutivo no ha implementado en ninguno de sus sistemas. En octubre de 2024, la Coordinación General de Innovación Gubernamental presentó la Política de IA y Gobernanza de Datos como un faro de referencia en todo el continente. Un faro, sin embargo, no ilumina lo que no quiere mostrar.
Vale la pena contrastar esto con el contexto nacional. En México no existe aún ninguna ley que regule el uso de inteligencia artificial en el sector público. Desde 2022, el Congreso federal ha recibido demasiadas iniciativas en la materia sin que ninguna haya sido aprobada. En ese vacío, los estados actúan por su cuenta, sin marcos comunes, sin auditorías externas y sin obligaciones mínimas de transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas algorítmicos. Jalisco no es la excepción; es el espejo donde se ve más claramente lo que puede salir mal cuando la ambición tecnológica supera a la responsabilidad institucional.
El problema de fondo no es tecnológico. Jalisco tiene capacidades, tiene alianzas con empresas globales y tiene premios internacionales. Lo que no tiene es gobernanza en el sentido estricto: normas claras, responsabilidades definidas, mecanismos reales de supervisión y canales efectivos de participación ciudadana. Una política que vive en un documento de presentación no es gobernanza; es relaciones públicas. Un sistema que acumula datos biométricos sin que el ciudadano pueda ejercer sus derechos con certeza no es gobierno digital; es vigilancia con logo oficial.
Jalisco podría tomar la delantera con acciones posibles hoy mismo: publicar los contratos de sus sistemas tecnológicos, abrir a auditoría independiente los algoritmos del C5i, garantizar alternativas reales para quien no quiera ceder sus datos para acceder a un subsidio público, y crear un mecanismo ciudadano de supervisión con autoridad real. Nada de eso requiere esperar una ley federal. Todo eso requiere voluntad política y la honestidad de reconocer que gobernar con tecnología no es lo mismo que gobernar bien.
Los jaliscienses merecen sistemas que funcionen, datos que estén protegidos y un gobierno que deje de confundir el anuncio y negocio con el logro. No sirve nada de nada. Creen que se gobierna con reels, tiktoks, anuncios superfluos y obras sin concluir; pero sobre todo, con tecnología comprada sin saber instalar, operar, aprovechar, y sin gobernanza.
