Por Ulises Hernández
Politólogo, Abogado y Dr. en Administración Pública
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar otra vez el artículo 82 de la Constitución, quiere obligar a cualquiera con doble nacionalidad a renunciar a ella si aspira a la Presidencia de la República, y tiene que hacerlo antes de registrarse, pero la cosa no para ahí, la iniciativa también pretende aplicar esta misma regla para los gobernadores de los estados y para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El argumento detrás de esto parece sencillo: quien gobierne debe poner los intereses de la patria por delante de todo, sin embargo, detrás de ese tono tan nacionalista hay una postura jurídicamente débil y políticamente peligrosa que asume que tener dos pasaportes significa tener la lealtad dividida, al final, México no es una isla, ni se creó con base en una supuesta pureza de sangre, al contrario, nos formamos gracias a una mezcla enorme de culturas, historias y migraciones. Familias de origen español, libanés, judío, alemán, francés, estadounidense, sudamericano o asiático, entre muchas otras, llevan generaciones integradas en el país, sus hijos y nietos son tan mexicanos como cualquiera (la gran mayoría por nacimiento), más allá de lo que digan las leyes de otros países sobre su ciudadanía.
Si partimos de la base de lo que nos quieren convencer, parece un paso atrás que el Estado mexicano vuelva a poner bajo sospecha a quienes tienen dos nacionalidades, sobre todo después de llevar décadas reconociendo legalmente esta realidad cosmopolita. Para entender la importancia de este asunto, solo hay que mirar los datos. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró cerca de 1.2 millones de personas que vivían en México, pero habían nacido en el extranjero, y de ellas, el 48.7 por ciento contaba con la nacionalidad mexicana. En este sector, el 79.4 por ciento nació en Estados Unidos. Por otro lado, la CONAPO calculó que en 2015 vivían en Estados Unidos unos 3.2 millones de personas nacidas en México que ya se habían naturalizado allí. Está claro que estos números no se pueden sumar directamente para tener un registro exacto de los mexicanos con doble nacionalidad, pero sí dejan claro algo básico: esto es una realidad social que afecta a millones de personas y no un capricho de la Constitución pensado para beneficiar a unos cuantos políticos.
Aquí surge la pregunta más básica: ¿esas personas son menos mexicanas? Mientras viven en México pagan sus impuestos, cumplen las leyes, trabajan, crean empleos, forman sus familias, compran propiedades, van a nuestros tribunales y están sometidas exactamente a las mismas leyes que el resto de los mexicanos. El Estado les exige obligaciones como mexicanos y les reconoce sus derechos como tales. ¿Por qué entonces, cuando alguno quiere ejercer ciertos derechos políticos, aparece de repente la sospecha de que tener un segundo pasaporte podría restarle lealtad al país? Este razonamiento parece, por lo menos, ingenuo y, si se lleva políticamente a sus últimas consecuencias, resulta demasiado perverso. Al final, si tener otra nacionalidad es un riesgo de deslealtad, tendríamos que preguntarnos dónde termina esa paranoia constitucional.
Hoy hablamos de Presidente, gobernadores y Jefatura de Gobierno, mañana alguien podría utilizar exactamente el mismo razonamiento para preguntarse por senadores, diputados, presidentes municipales, secretarios de Estado, magistrados o cualquier otra función pública relevante, una vez aceptada la premisa de que dos nacionalidades generan una sospecha de doble lealtad, resulta complicado explicar por qué esa sospecha debería detenerse únicamente frente a determinados cargos, además, si verdaderamente queremos hablar de lealtad a la República, existen filtros mucho más urgentes, por ejemplo preocupa más que una persona que aspire a gobernar México pueda encontrarse vinculada con organizaciones criminales, redes de corrupción, intereses económicos clandestinos, lavado de dinero o estructuras de delincuencia organizada, que descubrir que posee un segundo pasaporte.
Un político puede tener una sola nacionalidad mexicana y traicionar diariamente los intereses de México; otro puede tener dos nacionalidades y haber servido durante toda su vida con absoluta lealtad al país. El pasaporte no certifica patriotismo, la delincuencia organizada no exige doble nacionalidad para penetrar gobiernos, la corrupción tampoco solicita visa y la traición a los intereses nacionales jamás ha necesitado presentar dos actas de nacimiento, por eso se encuentra particularmente débil el argumento de que renunciar formalmente a otra nacionalidad garantizará que el interés de México esté por encima de cualquier otro. ¿De verdad una renuncia administrativa produce automáticamente patriotismo? ¿Un documento expedido por una oficina pública transforma moralmente a una persona? ¿Ayer tenía dos lealtades y mañana, después de entregar un papel, solamente tendrá una? la historia constitucional mexicana, parece caminar ahora en reversa, el texto original del artículo 82 exigía para ocupar la Presidencia ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento.
El 1 de julio de 1994, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se publicó una reforma trascendental: donde constitucionalmente se exigía ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, se pasó a requerir ser hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos veinte años. La propia reforma dispuso que esta modificación entrara en vigor el 31 de diciembre de 1999. Aquello no fue una modificación menor, México entendía que el origen de uno de los progenitores no debía convertirse eternamente en una barrera para acceder a la Presidencia, esa apertura amplió el universo constitucional de mexicanos que podían aspirar al máximo cargo político del país y, en los hechos, hizo constitucionalmente posible que Vicente Fox pudiera contender por la Presidencia en el año 2000.
Pasamos, en términos simples, de la “y” a la “o”. Parece una modificación gramatical insignificante, pero constitucionalmente representó un cambio enorme: de exigir padre y madre mexicanos por nacimiento a reconocer que bastaba padre o madre mexicano por nacimiento, treinta y dos años después, en lugar de profundizar aquella apertura, estamos discutiendo cómo construir un nuevo candado o como crear una paranoia. ¿Realmente estamos frente a una cruzada nacionalista o frente a una reforma que puede terminar funcionando como filtro anticipado para la sucesión presidencial de 2030? Cuando una modificación constitucional altera las condiciones de elegibilidad de futuros contendientes, el análisis no puede hacerse en un laboratorio aislado de la coyuntura política. La Constitución no debe utilizarse para seleccionar adversarios cómodos ni para ir descartando anticipadamente aquellos perfiles que puedan resultar incómodos para quien actualmente detenta el poder, aquí una ironía: si comenzáramos a medir la mexicanidad por apellidos, orígenes familiares o procedencias ancestrales, muy pronto caeríamos en el absurdo.
Sheinbaum Pardo tampoco constituye precisamente una combinación de apellidos que, por su sonido o procedencia, pueda servir como certificado de mexicanidad, y sin embargo Claudia Sheinbaum es mexicana por nacimiento y Presidenta constitucional de México, su ascendencia familiar extranjera no disminuye un milímetro su mexicanidad ni permite presumir deslealtad alguna.
Sería absurdo cuestionar la lealtad de Claudia Sheinbaum por el origen de sus antepasados o por su apellido y, por exactamente la misma razón, debemos preguntarnos por qué debería resultar razonable sospechar de la lealtad de otro mexicano simplemente porque otro Estado le reconoce adicionalmente su nacionalidad.
México ya superó hace décadas la idea de medir la pertenencia nacional mediante una especie de árbol genealógico de pureza mexicana, pretender regresar, aunque sea mediante otro mecanismo jurídico, a una concepción donde existen mexicanos políticamente más confiables que otros por circunstancias de nacimiento que muchas veces ni siquiera escogieron parece una regresión. Existe otro elemento particularmente injusto: muchísimas personas con doble nacionalidad no decidieron adquirirla, nacieron con ella, son hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos u otros países, o mexicanos cuyos padres les transmitieron otra nacionalidad conforme a las leyes correspondientes, pedirles décadas después que “escojan” entre una y otra para demostrar su patriotismo equivale a imponerles una prueba política sobre una circunstancia jurídica que frecuentemente existe desde su nacimiento.
Sin duda hay una extraña moral constitucional: si renuncia a la otra nacionalidad y conserva la mexicana, aparentemente queda acreditado que es suficientemente bueno y patriota; si decide conservar ambas, se transforma en sospechoso para gobernar, No hay lógica suficiente en semejante conclusión, mas alla de blindarse de la oposición.
El patriotismo no se decreta, la lealtad no se presume por tener un solo pasaporte ni la traición se presume por tener dos, si verdaderamente queremos proteger la Presidencia y los gobiernos estatales, construyamos mecanismos rigurosos de transparencia patrimonial, investigación de conflictos de interés, fiscalización financiera, prevención de infiltración criminal, rendición de cuentas y escrutinio sobre relaciones económicas incompatibles con el ejercicio del poder, ahí sí encontraremos amenazas reales para la soberanía, pero perseguir constitucionalmente la doble nacionalidad mientras pueden existir personajes de una sola nacionalidad con dobles, triples o múltiples intereses me parece una curiosa manera de entender el nacionalismo.
Al final, la preocupación no consiste solamente en quién podría resultar afectado en 2030, es mucho más profunda: las Constituciones están hechas para limitar al poder, no para permitir que el poder vaya reduciendo el universo de quienes pueden disputárselo, hoy puede resultar políticamente conveniente cerrar la puerta a determinado adversario; mañana la misma herramienta constitucional puede utilizarse contra alguien distinto, México es demasiado grande, demasiado plural y demasiado cosmopolita para comenzar a dividir a sus ciudadanos entre mexicanos de una nacionalidad y mexicanos sospechosos por tener dos.
Si alguien quiere ser Presidente de México, yo prefiero preguntarle qué intereses representa, de dónde proviene su patrimonio, quién financia su proyecto, cuáles son sus vínculos, qué compromisos mantiene con grupos económicos o políticos y, sobre todo, si tiene alguna relación con estructuras criminales, después podemos preguntarle cuántos pasaportes tiene, porque entre un mexicano con dos nacionalidades y una sola lealtad, y otro con una sola nacionalidad pero demasiados intereses ocultos, queda perfectamente claro cuál representa el verdadero peligro para la República.
