Por Abril de María Ledesma Zermeño
Arquitecta y Abogada
Jalisco debería de tener un gobierno, pero optó por un similar… eligió un “movimiento” abanderado -malamente- con la popular frase “al estilo Jalisco” para el cual la forma es más importante que el fondo. Y como no da peras el olmo, para este grupo al mando, todo son similares: parece plan -para resolver la mortal situación del agua- pero no cumple con los elementos para serlo; se llama “Línea 5” -haciendo alusión a la continuidad con las líneas del servicio de tren ligero- pero en realidad es un sistema de autobuses; le dicen imagen urbana, pero es improvisación; le nombran gobernanza, pero es politiquería.
Los que crecimos en México recordamos perfectamente el concepto de los “similares”: productos que se parecían al original, llevaban un nombre parecido, prometían efectos semejantes y, para muchos, eran suficientes. Eran la versión de menor costo de algo que realmente existía. Da la impresión de que esa lógica migró de las farmacias hacia la administración pública en Jalisco.
Aquí pareciera que ya no se gobierna con instituciones, sino con equivalencias. Lo importante no es que una política pública sea técnicamente sólida, sino que se parezca lo suficiente para poder anunciarla como tal. El fondo ha sido desplazado por la apariencia y el contenido por la narrativa.
Pero un plan no lo es porque así lo decida una campaña de comunicación. Un plan implica un diagnóstico serio, objetivos claros, indicadores verificables, responsables, presupuesto, mecanismos de evaluación y consecuencias frente al incumplimiento. Si esos elementos no existen, podrá llamarse como quiera, pero no será un plan.
Lo mismo ocurre cuando se pretende elevar de categoría un sistema de autobuses simplemente rebautizándolo como Línea 5. Cambiar el nombre no modifica la infraestructura, la capacidad, la tecnología ni el servicio. Las obras públicas no evolucionan por decreto publicitario.
Sucede también con la llamada imagen urbana. Se pavimentan algunas calles, aparecen jardineras, se renuevan banquetas en ciertos puntos estratégicos y de inmediato se anuncia una transformación de la ciudad. Sin embargo, la imagen urbana nunca ha consistido en intervenciones aisladas. Es la consecuencia visible de una política sostenida de planeación territorial, movilidad, paisaje, patrimonio, mantenimiento, accesibilidad y espacio público. Lo demás son acciones que pueden ser positivas, pero que no alcanzan, por sí mismas, esa categoría.
Quizá el caso más preocupante sea el de la gobernanza. La palabra se repite una y otra vez en discursos oficiales mientras, con frecuencia, la participación ciudadana termina reducida a ejercicios consultivos sin capacidad real para modificar decisiones previamente tomadas. Gobernanza no significa escuchar por cortesía -y menos para “legitimar” decisiones “planchadas”-; significa compartir poder. Y compartir el poder siempre resulta mucho más difícil que organizar una mesa de diálogo. Pero incluso esto es solo una parte del problema. Porque no solo importa la gobernanza; importa también la gobernabilidad y esta se pierde cuando no existe congruencia entre lo que se dice, lo que se decide y lo que realmente se hace. Un sistema puede simular participación, puede simular planeación y puede simular coordinación institucional, pero si esas piezas no son coherentes entre sí, lo que se erosiona no es solo la calidad del gobierno, sino su capacidad misma de conducir la realidad ya que se enreda en su propia fantasía. Sin congruencia, la gobernabilidad se vuelve frágil, intermitente y, eventualmente, insostenible.
El problema de esta forma de gobernar no es únicamente político. Es institucional. Cuando las palabras dejan de describir con precisión la realidad y comienzan a utilizarse como herramientas de mercadotecnia, también se debilitan los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede exigir cuentas. Si cualquier documento puede llamarse plan, cualquier reunión puede llamarse gobernanza y cualquier intervención puede llamarse transformación urbana, entonces desaparecen los parámetros para evaluar si un gobierno realmente cumplió o no con sus obligaciones.
Las ciudades pueden soportar gobiernos deficientes durante algún tiempo. Lo que difícilmente soportan es que se sustituya sistemáticamente la realidad por el discurso. Porque el tráfico no disminuye con un cambio de nombre. La escasez de vivienda asequible no se resuelve con un eslogan. La inseguridad estructural de una ciudad no desaparece mediante campañas de comunicación. Los problemas urbanos y metropolitanos exigen instituciones sólidas, planeación seria, decisiones técnicamente fundadas y autoridades dispuestas a ser evaluadas por resultados y no por percepciones.
La alternativa existe y, paradójicamente, no es novedosa. Consiste en volver a llamar a las cosas por su nombre. Si un proyecto es preliminar, decir que es preliminar. Si una consulta no es vinculante, reconocerlo. Si un corredor de autobuses es un corredor de autobuses, nombrarlo como tal. Y cuando exista un verdadero plan, una auténtica política pública o un proceso genuino de gobernanza, entonces sí reconocerlos como tales.
Porque las palabras importan. Importan en el derecho porque delimitan competencias, generan obligaciones y producen consecuencias jurídicas. Importan en la administración pública porque fijan estándares frente a los cuales la ciudadanía puede exigir resultados. E importan en la democracia porque una sociedad que pierde el significado de las palabras termina perdiendo también la capacidad de distinguir entre un gobierno que transforma la realidad y otro que simplemente le cambia el nombre.
