Por Juan Carlos Hernández A.
Mtro. en Gestión Social y Políticas Públicas
@juancarleis2020
Es determinante la actividad que en la esfera de la política se está procesando, un día sí y el otro también, referente a las acciones muy pre electores con los personajes que, desde ya, buscan posiciones en la palestra pública para avanzar a un mejor lugar de simpatías como elegidos para ser precandidatos para la postulación presidencial.
Solo basta ver los mensajes que hacía ese propósito hay desde hace meses atrás y hasta hoy en día; sin embargo, la Ley Electoral no contempla los tiempos tan previos como los estamos presenciando sino es a partir de octubre del 2023 cuando da inicio oficialmente el proceso federal electoral hacia el 2024, cuando en junio se celebrará la jornada electoral para el cambio de diputados, senadores y presidente de la República, entre otros cargos de carácter estatal y municipal.
No se pueden ver estás actitudes sino como una insurrección respecto a la norma electoral, aunque el INE y el Tribunal se han pronunciado porque los personajes que aspiran a ser elegidos por su respectivo partido político respeten lo que al pie de la letra dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (Lgipe) en su artículo 223 «De los procesos de selección de Candidatos a Cargos de Elección popular y las precampañas” en su inciso a): “…las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección. No podrán durar más de 60 días».
En tal sentido, no observar la normativa a la que todas y todos los contendientes o los que quieren ser y desean lograr en lugar predilecto de precandidato(a) elegido(a) para la contienda presidencial se hace como un acto de conducta insurrecta hacia la debida observancia y cumplimiento de la Ley; es indiscutible que la razón por las que imitando a tiempos pasados, los interesados desean verse en la boleta para el 2024 se estén moviendo por municipios y estados del país sin importar los mandatos aplicables en la materia de pre campañas y luego de campañas, que por cierto, ya asoma ese ambiente de dimes y diretes sobre posturas claras de intereses hacia ese fin: el logro de ser el “bueno” para la presidencial.
Insurrectos al fin y al cabo, pues al no cumplir y no querer respetar lo que dicta la Ley en la materia electoral, se está faltando al principio de equidad y muy probable a otros más. Empero las instituciones democráticas que son y están para hacer observaciones en ello, como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con toda seguridad estarán atentos a los acontecimientos que se den, y por supuesto que su deber será pronunciarse respecto a estas condiciones en las que se encuentran hoy día, y seguro más adelante los personajes que están queriendo, los que aún no están, pero quieren y los que queriendo no sabemos si estarán.
En fin, todos quieren ser y es normal, están en su derecho y la Constitución Política de los Estados Unidos les da esa garantía, y que bueno que lo deseen y lo consideren como una meta un objetivo, pero ganarse a la opinión pública en una contienda electoral no es cosa fácil, tampoco convencer y persuadir lo es, pues implica estrategia bien pensada, logística y capacitación, pues todos ello conlleva tiempo y más.
Solo que hay que estar vigilantes de una normatividad que obliga precisamente a observar los tiempos, las fechas y el inicio formal de la asignación de los partidos políticos del método de elección de sus precandidatos oficiales bajo la premisa de hacer lo que estipula la Lgipe, además de estatutos y reglamentos sobre el tema.
Entender que respetar la ley en este país debiera ser lo apremiante, lo prioritario en la inteligencia de que siendo así se muestra por las y los contendientes una fiel voluntad de cumplir desde un principio con la disciplina y sentido ético, además profesional. Esperamos cordura y prudencia, es lo menos.
