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La gobernanza carnal: el fin de los contrapesos en México

Por Miguel Navarro Flores

Especialista en derecho de acceso a la información

El diseño institucional de una nación no es un asunto meramente burocrático; es el reflejo fiel de la distribución del poder y de la confianza que el Estado deposita en sus ciudadanos. Durante las últimas cuatro décadas, México transitó por un tortuoso camino de reformas políticas destinadas a desmantelar el viejo régimen de partido hegemónico. Desde la histórica reforma de Jesús Reyes Heroles en 1977, la premisa central del avance democrático fue clara: acotar el poder absoluto del Poder Ejecutivo y ciudadanizar las decisiones técnicas del Estado.

Sin embargo, la llegada y consolidación de Morena en el poder ha inaugurado una dinámica radicalmente opuesta. A través de la recentralización de funciones, la desaparición de los contrapesos institucionales y la captura ideológica de las estructuras reguladoras, el país asiste al nacimiento de un nuevo modelo de gestión pública que bien puede bautizarse bajo el argot de la “gobernanza carnal”. Este concepto describe un sistema donde la viabilidad del Estado ya no descansa en las reglas claras, la deliberación plural o la especialización técnica, sino en los vínculos de lealtad ciega, afinidad ideológica y cercanía personal con el proyecto del Ejecutivo central.

Pese a ese control pretérito, las luces rojas del sistema ya se habían encendido de manera irreversible en el siglo XX. Las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968, bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, y el Jueves de Corpus en 1971, durante el gobierno de Luis Echeverría, habían evidenciado que la violencia de Estado era insostenible si no se canalizaba la presión social. La reforma de 1977 no nació de la generosidad del régimen, sino de la urgencia de abrir válvulas de escape institucionales a una sociedad agraviada que ya no cabía en el monólogo oficial. No fue sino hasta décadas después cuando esa primigenia garantía de informar evolucionó hacia una verdadera exigencia ciudadana de rendición de cuentas, consolidándose en dos momentos fundamentales de la transición.

Primero, la reforma de 2002 —empujada por la alternancia democrática y la presión de periodistas y académicos agrupados en el Grupo Oaxaca— dio vida a la primera ley de transparencia y al IFAI, transformando el viejo «derecho a informar» partidista en un derecho humano de acceso a la información pública. Posteriormente, la reforma constitucional de 2014 otorgó plena autonomía al hoy extinto INAI y expandió las obligaciones de transparencia a partidos, sindicatos y cualquier entidad que recibiera recursos públicos. Esta evolución histórica significó pasar de una concesión controlada por el Estado en 1977 a un andamiaje ciudadano robusto que le quitó al Poder Ejecutivo el monopolio de la verdad sobre los archivos y el gasto público.

Hoy en día, la participación social opera en un paradigma radicalmente distinto. A diferencia del silencio forzado del siglo XX o de los canales estrictamente institucionales de principios del siglo XXI, la ciudadanía actual cuenta con una dinámica hiperactiva impulsada por el uso de las redes sociales.

Estas plataformas digitales han descentralizado la producción de información, rompiendo el monopolio de cualquier canal del gobierno central. En los tiempos de la gobernanza carnal, esta democratización tecnológica representa el mayor desafío para el poder. El flujo constante de datos, videos, documentos oficiales y memorias digitales impide que la narrativa gubernamental se sostenga por mucho tiempo de manera artificial. Al verse confrontado en tiempo real por una opinión pública interconectada, el discurso oficial frecuentemente cae en contradicciones, terminando por exhibir a las propias autoridades con sus propios argumentos y dejando al descubierto las costuras de las decisiones políticas disfrazadas de interés técnico.

A pesar de este entorno digital adverso, el oficialismo ha avanzado con paso firme en la desarticulación de esa misma infraestructura legal de rendición de cuentas que tomó décadas edificar. La columna vertebral de la gobernanza carnal se consolidó con la aprobación de la reforma de simplificación orgánica, un giro de timón que extinguió formalmente a siete de los organismos autónomos y reguladores más importantes del país. Instituciones como el INAI, la Cofece, el IFT, la CRE y la CNH constituían el andamiaje técnico que impedía al gobierno ser juez y parte en áreas estratégicas. El traslado de las funciones del INAI a dependencias directas del Ejecutivo —como la reconvertida Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— representa una regresión histórica hacia la cultura del secreto de Estado previa a las reformas de 2002 y 2014. En la gobernanza carnal, es el propio gobierno quien decide, con un criterio político, qué información pública revela y cuál oculta bajo el manto de la seguridad nacional o el interés público. Lo mismo ocurre en el plano económico: la absorción de los reguladores de energía y telecomunicaciones por parte de las secretarías de Estado destruye el principio de piso parejo. El Estado vuelve a asumir de manera simultánea el rol de operador de empresas públicas, como Pemex y CFE, y de regulador del mercado, erosionando la certidumbre jurídica indispensable para el desarrollo y la inversión privada a largo plazo.

Por otro lado, la recentralización de funciones no solo reorganiza la administración centralizada y devuelve los hilos del poder; también impacta directamente a los gobiernos locales, afectando severamente el pacto federal, invadiendo competencias y disminuyendo capacidades administrativas. Lejos de promover la descentralización y el desarrollo sustentable, termina creando un enredo administrativo que asfixia la gestión local. Esta lógica se nutre de la desconfianza del oficialismo hacia la burocracia especializada y el servicio profesional de carrera. Bajo la narrativa gubernamental, cualquier espacio de deliberación técnica ajeno al voto popular es visto como trinchera conservadora u obstáculo burocrático. Esto justificó la sustitución de profesionales especializados por operadores políticos cuya principal credencial es la disciplina partidista. Al debilitar la memoria institucional y los exámenes de aptitud, las dependencias pierden eficacia operativa. La gobernanza moderna exige mérito y neutralidad; la gobernanza carnal privatiza el interés público en favor de un circuito cerrado de colaboradores cuya permanencia depende estrictamente de su subordinación presidencial.

El eslabón definitivo de este modelo es la Reforma Judicial. Al sustituir la carrera de jueces, magistrados y ministros por elecciones populares, se eliminó el último bastión de arbitraje independiente capaz de contener los excesos legislativos oficiales. En un entorno con un aparato de movilización territorial sin precedentes, la elección popular arriesga la sumisión del Poder Judicial a los intereses de las facciones políticas dominantes.

Sin un tribunal constitucional independiente, la gobernanza carnal se queda sin frenos de emergencia, dejando a los ciudadanos en vulnerabilidad jurídica frente a la autoridad central.

El caso de la reciente crisis del INE vino a destapar por completo este desorden político-administrativo, evidenciando que los entes públicos que aún se mantienen formalmente como órganos autónomos en realidad no lo son tanto. Por ejemplo, vimos cómo desde el Poder Legislativo se le otorgaron superpoderes a su presidenta, rompiendo de tajo la colegialidad de las decisiones internas del instituto. Ahora bien, para hacer un urgente control de daños, la Presidenta Sheinbaum ha intentado construir una narrativa de ser implacable con la corrupción; sin embargo, termina invadiendo la autonomía de otra instancia clave, la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta última parece estar actuando conforme dictan el guion desde Palacio Nacional, evidenciando la intromisión de otra instancia del Ejecutivo como lo es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual carece de atribuciones legales para revisar a los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs). Al estar dando declaraciones públicas acerca de la ruta que han seguido las contrataciones en el instituto —incluso desde antes de que Guadalupe Taddei llegara a la presidencia del INE—, se están invadiendo abiertamente las atribuciones exclusivas de la ASF. Con esto se termina viciando de origen el proceso legal que después podría pasar a la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiendo la fiscalización institucional en todo un auténtico galimatías.

Este conflicto institucional en el sector electoral es solo la punta del iceberg de un patrón estructural mucho más profundo. A pesar de las constantes revelaciones de abuso de funciones, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses que salpican al aparato público, no existen hasta el momento responsabilidades penales de alto nivel. Los grandes escándalos de desvíos siguen un guion predecible donde se corta el hilo por lo más delgado, dejando intactas las cúpulas del poder. En el millonario caso SEGALMEX, las investigaciones y procesos penales han alcanzado exclusivamente a exfuncionarios de niveles intermedios y operativos, sin tocar jamás a su titular original. Un fenómeno idéntico ocurrió con las redes de Huachicol Fiscal, donde las autoridades detuvieron a los ex marinos Farías Lagunas, pero el aparato judicial evitó deliberadamente escalar hacia personajes de primer nivel en la estructura política o aduanera. Lo mismo sucede con BIRMEX al detectarse severas irregularidades en compras consolidadas de medicamentos, o en el caso de Ana Guevara al frente de la Conade, donde la propia ASF presentó cinco denuncias penales por anomalías financieras en la cuenta pública sin que esto derive en consecuencias mayores para la directiva. La lista es larga y el común denominador resulta evidente: los funcionarios de primer nivel solo renuncian al cargo o son reubicados, evaden la acción real de la justicia y continúan su vida en total impunidad.

Ante la flagrante contradicción entre el discurso de honestidad y la impunidad fáctica, el Gobierno y su partido han emprendido una agresiva estrategia tratando de ganar la narrativa pública a base de justificaciones retóricas y culpas transferidas al pasado. Sin embargo, el efecto de esta sobreexposición defensiva es como el de las arenas movedizas: mientras más se mueven y gesticulan para salir del fango explicativo, más se hunden ante los ojos de la sociedad civil. Las conferencias y aclaraciones oficiales terminan confirmando las sospechas originales, validando aquel sabio refrán popular que advierte que el tamaño de la explicación es el tamaño de la mentira.

Como conclusión, la gobernanza carnal representa un audaz retorno a la centralización plebiscitaria, donde el pueblo es concebido como un ente monolítico representado exclusivamente por la figura presidencial y su partido. Sin embargo, a diferencia del viejo PRI de López Portillo o Echeverría, la Morena de hoy no gobierna sobre una sociedad incomunicada ni sobre un ecosistema de medios dóciles. Al desmantelar las instituciones autónomas surgidas de las transiciones de 2002 y 2014, asfixiar la participación de la sociedad civil organizada y erosionar la independencia judicial, el actual grupo en el poder ha edificado un modelo de gestión altamente personalizado y discrecional. El gran pendiente de México sigue siendo la construcción de una democracia de instituciones, leyes y ciudadanos; la gobernanza carnal, lejos de solucionar las profundas desigualdades del país, amenaza con consolidar un régimen donde la lealtad política importa más que la competencia técnica, en un campo de batalla donde las redes sociales seguirán siendo el espejo implacable de sus propias contradicciones.

 

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