Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación
La idea clásica del poder geopolítico, que históricamente residía exclusivamente en los Estados, está siendo cuestionada por el ascenso de la industria tecnológica. La llamada Cuarta Revolución Industrial no sólo transforma la economía: está reconfigurando el sistema internacional. Las grandes empresas tecnológicas operan hoy como auténticos actores globales, con una influencia que rivaliza con la de muchos países. Su riqueza y alcance transnacional ilustran esta nueva realidad: en 2018, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook sumaron ingresos por más de 801.5 mil millones de dólares, una cifra comparable al PIB de Arabia Saudita. Este poder económico y tecnológico ha trasladado parte de la influencia estratégica que antes pertenecía exclusivamente a los gobiernos.
Las plataformas digitales y las redes sociales se han convertido en espacios centrales para la deliberación pública, pero también para la manipulación informativa. La responsabilidad de contener la desinformación recae, en gran medida, en las propias compañías tecnológicas: los gobiernos pueden regular o presionar, pero no pueden frenar por sí solos el flujo de contenidos maliciosos; de esta forma el espacio tecnológico se ha convertido en un terreno de disputa global. Además, el Estado ha perdido el monopolio sobre la inteligencia y la información. El llamado capitalismo de vigilancia ha dotado al sector privado de capacidades de recolección y análisis de datos que superan a muchas agencias gubernamentales. Y a ello se suma la concentración del liderazgo en tecnologías clave como la Inteligencia Artificial, que profundiza la dependencia de los gobiernos respecto a estas empresas.
Ante esta migración del poder, los gobiernos han adoptado diferentes estrategias. Estados Unidos ha optado por una estrategia de “comprometerse e invertir”, enfocada en preservar su liderazgo tecnológico mediante alianzas con el sector privado y una fuerte inversión en investigación. Esta colaboración, sin embargo, no es homogénea: mientras empresas como Microsoft y Amazon participan activamente en proyectos gubernamentales de alto impacto, otras, como Google, han decidido retirarse de iniciativas con aplicaciones militares, como el Project Maven, debido a preocupaciones éticas.
China ha adoptado una estrategia de “fusionar y usar”, basada en un modelo de integración militar-civil que forma parte de un sistema de capitalismo político donde el Estado orienta y controla al sector privado. Bajo este esquema, leyes como la de Seguridad Nacional obligan tanto a empresas nacionales como extranjeras a otorgar acceso completo a sus datos, consolidando así la capacidad estatal de supervisión y uso estratégico de la tecnología. Huawei se ha convertido en el ejemplo más visible de esta lógica, actuando en la práctica como una extensión tecnológica del gobierno chino.
Europa ha adoptado una estrategia de “estrangular y rendirse”: con una industria tecnológica relativamente débil, ha centrado su política en la regulación, como la norma GDPR que, aunque protege los derechos de los ciudadanos, puede frenar la innovación doméstica. Al mismo tiempo, su dependencia de proveedores extranjeros, incluso de actores como Huawei, a pesar de las advertencias de seguridad de sus propios aliados, refleja una vulnerabilidad estructural que contrasta con aspiraciones de autonomía tecnológica.
El desplazamiento del poder hacia el sector tecnológico no sólo redefine la geopolítica, sino que también transforma la cultura política y la manera en que los ciudadanos se informan y participan en la vida pública. Las plataformas digitales han configurado un ecosistema informativo más complejo, en el que el debate público se ve moldeado por algoritmos que priorizan la inmediatez y lo sensacionalista. Si bien estas herramientas amplían las posibilidades de participación, también intensifican la polarización y fomentan “cámaras de eco” que limitan la exposición a perspectivas diversas. Como resultado, se debilita la confianza en las instituciones y en los medios tradicionales, y se vuelve más difícil sostener un diálogo democrático basado en información verificada.
En la actualidad, la ciudadanía ya no se informa únicamente a través de instituciones públicas o medios tradicionales, sino mediante un flujo incesante de contenidos producido y filtrado por grandes empresas tecnológicas. Este entorno exige desarrollar nuevas competencias: Evaluar la credibilidad de las fuentes, identificar sesgos y detectar la desinformación en un ecosistema saturado y algorítmico. Al mismo tiempo, la creciente capacidad de vigilancia del sector privado, que en ocasiones supera a la del propio Estado, plantea desafíos profundos para la privacidad.
En contextos como el chino, donde el Estado y las corporaciones tecnológicas actúan de manera coordinada, esta capacidad se traduce en mecanismos de control social que difuminan las fronteras entre libertad, seguridad y supervisión permanente.
En este marco, incluso la acción colectiva adquiere una nueva dimensión. Las redes sociales han demostrado ser espacios poderosos para la movilización ciudadana, pero dicha capacidad depende de plataformas privadas que pueden regular, restringir o condicionar su uso según sus propios intereses comerciales o regulatorios. Así, la participación política contemporánea se desarrolla en canales que no pertenecen al Estado ni a la sociedad civil, sino a corporaciones con un poder creciente sobre la esfera pública.
Un nuevo pacto entre gobiernos y empresas tecnológicas debe generarse, pues la influencia creciente del sector tecnológico obliga a reconocer que la seguridad y el bienestar de una nación dependen tanto de su capacidad para desarrollar tecnologías avanzadas como de su poder militar tradicional. En este contexto, por ejemplo, las empresas estadounidenses enfrentan una elección estratégica: alinearse con las democracias liberales o priorizar las ganancias que ofrecen mercados autoritarios como China.
Esta nueva realidad plantea desafíos significativos para la ciudadanía: exige una alfabetización mediática más compleja, capaz de verificar información, identificar sesgos y reconocer la desinformación; redefine la relación con el Estado, pues el poder de vigilancia de las empresas tecnológicas supera en ocasiones al gubernamental y, en modelos como el chino, facilita formas de control social; y condiciona la acción colectiva, ya que aunque las redes sociales potencian la movilización, también dependen de plataformas privadas que pueden censurar, limitar o dirigir la participación política según sus propios intereses.
La reconfiguración del poder global exige ciudadanos más críticos, instituciones más adaptables y empresas tecnológicas conscientes de su responsabilidad pública. Las nuevas superpotencias tecnológicas han llegado para quedarse, y su influencia seguirá moldeando tanto la política internacional como la vida cotidiana de millones de personas.
