Por Ismael Zamora Tovar
Doctor en Educación UAG
Durante décadas, las universidades pudieron asumir que su legitimidad social estaba relativamente asegurada. Un título universitario representaba una señal confiable de conocimiento especializado, preparación profesional y capacidad intelectual. La sociedad confiaba en que las instituciones de educación superior poseían mecanismos suficientes para garantizar que quienes egresaban habían alcanzado los aprendizajes requeridos para ejercer una profesión y contribuir al desarrollo social.
Sin embargo, esta situación está cambiando con rapidez. La expansión de la inteligencia artificial, la aparición de credenciales alternativas, las crecientes exigencias de transparencia y el cuestionamiento público sobre el valor de algunos títulos universitarios están obligando a las instituciones a responder una pregunta fundamental: ¿cómo demostrar que los estudiantes realmente aprenden aquello que la universidad afirma enseñar?
Esta interrogante se encuentra en el centro de las reflexiones recientes de Chad Wellmon (2026), quien sostiene que el desafío principal de la educación superior contemporánea no consiste simplemente en adaptarse a nuevas tecnologías o enfrentar restricciones financieras. El problema más profundo es que la universidad ha dejado de ser la única institución capaz de producir, transmitir y certificar conocimiento avanzado. En consecuencia, su legitimidad futura dependerá cada vez más de su capacidad para demostrar el valor único de la formación que ofrece.
Para los directores académicos, esta transformación exige reconsiderar algunos de los supuestos que han orientado históricamente la gestión universitaria.
El fin del monopolio universitario del conocimiento
La universidad moderna surgió bajo condiciones históricas donde el acceso al conocimiento especializado era limitado. Los profesores, las bibliotecas y los laboratorios concentraban recursos intelectuales que difícilmente podían encontrarse fuera de las instituciones académicas. Actualmente, esa realidad ha cambiado. El conocimiento circula a través de múltiples canales. Plataformas digitales, cursos abiertos, certificaciones profesionales, comunidades de práctica y sistemas de inteligencia artificial ofrecen acceso inmediato a información que anteriormente estaba reservada a espacios universitarios.
Su credibilidad futura dependerá de la capacidad para demostrar que los estudiantes realmente aprenden, que los perfiles de egreso reflejan competencias efectivamente desarrolladas y que las credenciales universitarias continúan siendo señales confiables para la sociedad.
Como señala Wellmon (2026), la pregunta relevante ya no es si la universidad sobrevivirá, sino qué funciones seguirá desempeñando en un ecosistema de aprendizaje mucho más amplio y descentralizado. Este cambio tiene implicaciones profundas para la gestión académica. Si el acceso a la información deja de ser el principal valor diferencial de la universidad, entonces la institución debe concentrarse en aquello que difícilmente puede ser sustituido: la formación del juicio, el desarrollo de capacidades complejas, la construcción de identidades profesionales y la generación de evidencias confiables de aprendizaje.
El perfil de egreso como promesa pública
En este contexto, el perfil de egreso adquiere una importancia estratégica.
Tradicionalmente, muchas universidades han concebido el perfil de egreso como un instrumento curricular utilizado para organizar planes de estudio y orientar procesos de enseñanza. Sin embargo, en un entorno caracterizado por una creciente competencia entre credenciales, el perfil de egreso debe entenderse también como una promesa pública.
Cuando una institución declara que sus egresados poseen determinadas competencias, conocimientos o valores profesionales, está realizando una afirmación que requiere evidencia verificable. El desafío consiste en que las declaraciones institucionales, por sí solas, ya no generan confianza suficiente.
Como ha señalado Ewell (2009), los sistemas contemporáneos de aseguramiento de la calidad están transitando desde una lógica centrada en insumos y procesos hacia una lógica centrada en resultados de aprendizaje y evidencias de desempeño. La pregunta ya no es únicamente qué enseñan las universidades, sino qué pueden demostrar que sus estudiantes han aprendido.
Por ello, la credibilidad del perfil de egreso depende menos de la calidad retórica de su formulación y más de la solidez de las evidencias que respaldan su cumplimiento.
La inflación de calificaciones y la erosión de la confianza
Uno de los fenómenos que mejor refleja esta problemática es la inflación de calificaciones.
Las investigaciones de Rojstaczer y Healy (2012) muestran que durante las últimas décadas las calificaciones promedio en numerosas universidades han aumentado de manera sostenida. Aunque este fenómeno puede tener explicaciones diversas, sus consecuencias son particularmente relevantes para la credibilidad institucional.
Cuando la mayoría de los estudiantes obtiene calificaciones sobresalientes, las notas pierden progresivamente su capacidad para discriminar niveles reales de desempeño. Como resultado, disminuye su valor como evidencia de aprendizaje.
Sin embargo, la inflación de calificaciones constituye un problema más profundo que una simple distorsión estadística.
Puede interpretarse como un síntoma de una tensión creciente entre los objetivos educativos y ciertos incentivos organizacionales. La presión por mejorar indicadores de retención, satisfacción estudiantil o eficiencia terminal puede generar condiciones que favorezcan, deliberadamente o no, la flexibilización gradual de los estándares académicos.
Desde esta perspectiva, la inflación de calificaciones no representa únicamente un problema de evaluación. Constituye una amenaza a la confianza social depositada en las credenciales universitarias.
La pregunta estratégica para los directores académicos no es si las calificaciones son demasiado altas. La cuestión fundamental es si las evidencias disponibles permiten sostener con credibilidad que los egresados dominan las competencias que la institución certifica.
La inteligencia artificial y el retorno de la evaluación auténtica
La irrupción de la inteligencia artificial ha acelerado estas tensiones.
Durante años fue razonable asumir que un ensayo, una presentación o un reporte reflejaban principalmente el trabajo intelectual del estudiante. Hoy esa presunción ya no puede darse por sentada. Sin embargo, reducir el debate a la detección del uso de inteligencia artificial constituye una respuesta insuficiente.
La verdadera cuestión no es identificar cuándo los estudiantes utilizan herramientas generativas. El desafío consiste en diseñar experiencias de evaluación capaces de producir evidencia auténtica del aprendizaje alcanzado. En este sentido, la inteligencia artificial está obligando a las universidades a replantear prácticas evaluativas que ya mostraban limitaciones antes de la aparición de estas tecnologías.
Las propuestas de evaluación auténtica desarrolladas por Wiggins (1998), Black y Wiliam (1998), y más recientemente por Ajjawi et al. (2024), adquieren una relevancia renovada. Estas perspectivas sostienen que la evaluación debe centrarse menos en la reproducción de información y más en la demostración contextualizada de competencias mediante tareas significativas y evidencias observables de desempeño.
Paradójicamente, la inteligencia artificial podría convertirse en un catalizador para fortalecer la calidad de la evaluación universitaria. Al cuestionar la validez de ciertos instrumentos tradicionales, obliga a las instituciones a generar evidencias más sólidas y auténticas del aprendizaje.
Recuperar la misión humanista de la universidad
Existe, sin embargo, un riesgo importante.
Frente a las demandas de rendición de cuentas, algunas instituciones podrían responder mediante una expansión indiscriminada de indicadores, métricas y mecanismos de control.
Aunque la evidencia es indispensable, la universidad no puede reducirse a un sistema de medición.
Autores como Newman (1852/1982), Nussbaum (2010) y Biesta (2020) recuerdan que la educación superior posee una finalidad más amplia que la mera certificación de competencias laborales. Su misión incluye la formación de personas capaces de ejercer juicio crítico, participar responsablemente en la vida pública y contribuir al bien común.
Precisamente porque la inteligencia artificial puede producir información, redactar textos y resolver tareas rutinarias, el valor diferencial de la educación universitaria se desplaza hacia capacidades específicamente humanas: discernimiento ético, pensamiento objetivo, creatividad, deliberación prudencial, responsabilidad profesional, compromiso con la verdad y el bien común.
Estas capacidades no emergen automáticamente de la transmisión de contenidos. Requieren experiencias educativas que permitan a los estudiantes confrontar problemas complejos, reflexionar sobre sus decisiones y desarrollar progresivamente su autonomía intelectual.
Por ello, la defensa de una educación humanista no constituye una postura nostálgica. Representa una estrategia institucional para preservar aquello que hace insustituible a la universidad en una sociedad crecientemente automatizada.
Una agenda para el liderazgo académico
Las transformaciones actuales sugieren que el trabajo de los directores académicos debe orientarse hacia cuatro prioridades estratégicas.
Primero, fortalecer sistemas de evaluación auténtica que permitan generar evidencias creíbles del logro del perfil de egreso.
Segundo, monitorear de manera sistemática la consistencia de los estándares académicos para prevenir procesos de inflación de calificaciones que puedan erosionar la confianza institucional.
Tercero, integrar la inteligencia artificial desde una perspectiva pedagógica, aprovechando sus beneficios sin renunciar a la verificación rigurosa de los aprendizajes.
Cuarto, preservar la dimensión humanista de la formación universitaria, asegurando que las competencias técnicas se articulen con el desarrollo del juicio, la responsabilidad ética y el compromiso con el bien común.
En conclusión, la universidad contemporánea no enfrenta únicamente una transformación tecnológica. Se encuentra inmersa en una prueba de legitimidad.
En un entorno donde el conocimiento circula libremente y donde múltiples organizaciones compiten por certificar competencias, las instituciones de educación superior ya no pueden depender exclusivamente del prestigio histórico de sus títulos.
Su credibilidad futura dependerá de la capacidad para demostrar que los estudiantes realmente aprenden, que los perfiles de egreso reflejan competencias efectivamente desarrolladas y que las credenciales universitarias continúan siendo señales confiables para la sociedad.
La pregunta decisiva para los directores académicos ya no es cómo proteger a la universidad frente al cambio. La cuestión es cómo construir instituciones capaces de producir evidencias convincentes del aprendizaje que afirman promover.
Porque, en última instancia, la legitimidad de la universidad del siglo XXI dependerá menos de lo que declara y más de lo que puede demostrar.
