Reforma electoral: regreso al pasado

La iniciativa del presidente López Obrador pretende regresar a los años 70’s cuando desde el gobierno se tenía el control de los órganos y procesos electorales. El destino del Padrón Electoral es uno de los puntos que deben ser muy vigilados. El bloque opositor ya advirtió que no la aprobará y presentará su contrarreforma.

 

Por Julio César Hernández

Con el pronóstico de que no contará con el apoyo del bloque opositor en el Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es motivo de análisis y discusión entre especialistas y expertos en la materia, de la clase política, así como en el ámbito académico, intelectual y periodístico, llegando a una primera conclusión de que ni todo es bueno ni todo es malo en esta propuesta.

Es una iniciativa de claroscuros que, por otro lado, se enfrentará a las que próximamente presentarán en los individual los partidos políticos de la oposición, particularmente Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), y que probablemente se convertirá en una sola que será cotejada con la del presidente.

Uno de los primeros planteamientos hechos ante esta iniciativa, adelantadamente anunciada por López Obrador, es: ¿Nuestro país requiere en estos momentos de una nueva Ley Electoral o solamente es necesario realizarle algunas reformas a la actual; o preferentemente dejar como está la aún vigente?

En Palacio Nacional, donde tiempo atrás han desatado una “guerra” en contra del Instituto Nacional Electoral y una campaña de desprestigio en contra de su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y del consejero Ciro Murayama, consideran que es el momento del “borrón y cuenta nueva”. Sin embargo, el bloque opositor considera que la actual Ley Electoral sólo requiere de algunas reformas, colocando por delante como prioridad la defensa del árbitro electoral, el INE.

Sin duda que, por lo pronto, esta iniciativa presidencial seguirá siendo motivo de discusión, de intercambio de puntos de vista, de pronunciamientos a favor y en contra, hasta en tanto no conozcamos la propuesta individual de los partidos de oposición y, seguramente, una final en la que se incluya la suma de las propuestas del bloque opositor.

Con este escenario que se ha construido en el marco de procesos electorales estatales -en el 2021 y ahora en este año-, una consulta popular sobre la presunta sanción a ex presidentes de la República y el ejercicio de la Revocación de Mandato que ambos resultaron un fracaso en cuanto a la participación ciudadana, es que vale analizar los puntos más controvertidos de esta reforma electoral presidencial, a sabiendas de que tiene dos destinos: ser rechazada completamente por la oposición no dándole los votos necesarios para alcanzar las dos terceras partes que se requieren para la reforma constitucional, o las partes se sientan a dialogar, negocian y sacan adelante una reforma que actualice el ejercicio electoral a partir del 2023 cuando se jugará la gubernatura del Estado de México, considerada la “joya de la corona” con miras a la sucesión presidencial del 2024.

 

Cambio de nombre

Para empezar, se propone modificar el nombre del organismo. De ser Instituto Nacional Electoral (INE) pasaría a llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Se le deja el carácter de “Nacional”, que se le incluyó en su más reciente reforma en lugar de la palabra “Federal” con la que se identificaba al viejo Instituto Federal Electoral (IFE), con el propósito de contrarrestar el, en algunos casos, absurdo intervencionismo de los gobernadores en el organismo, influyendo en la designación de los presidentes y consejeros de los órganos electorales estatales, con lo que perdían toda independencia y autonomía.

Aquí en Jalisco fuimos testigos de esta “contaminación” del IEPC y antes Consejo Electoral del Estado, en los que a través de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado se designaban consejeros por cuota de los cuates y se imponía al presidente por voluntad del Ejecutivo estatal. Por consiguiente, los gobernadores en turno siempre tuvieron un órgano electoral local a sus órdenes.

Al parecer, no hay mayor discusión en el cambio de nombre.

Consejeros por “dedazo” disfrazado

Mientras actualmente la ley establece que los consejeros electorales serán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y los magistrados electorales por las dos terceras partes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa de López Obrador propone que sean electos mediante el voto popular, a propuesta de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 20 candidatos cada uno -10 hombres y 10 mujeres-, siendo el presidente quien haya obtenido el mayor número de votos.

Esto implica que los aspirantes tendrán que hacer campaña, pero a través de la radio y televisión, aunque se ignora qué discurso será al que recurran para ganarse la simpatía de los votantes. A decir de algunos analistas, aún y cuando la elección sea por parte de los ciudadanos, el que la propuesta salga de los Poderes de la Unión no garantiza imparcialidad, pues al tener Morena el Ejecutivo y mayoría en el Legislativo, serían sus candidatos los favorecidos, amén de que el Judicial podría sumarse a esta tendencia.

También incluye en este método de elección a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, se propone la reducción en el número de consejeros. De los once que son actualmente, se reduciría a siete, mientras que el número de magistrados sería el mismo que ahora: siete.

Este punto es, por supuesto, rotundamente rechazado por la oposición, que se pronuncia porque continúe el método de elección como está actualmente.

 

Adiós “sucursales”

López Obrador plantea la desaparición de lo que podríamos llamar “sucursales” del INE, denominados Organismos Públicos Locales (Oples), que en su nombre ya no incluye ninguna connotación electoral, así como los Tribunales Electorales locales, con el propósito de federalizar los comicios.

Este punto es uno de los más controversiales y donde las opiniones están muy encontradas, pues existe un importante sector de la sociedad que considera que existe duplicidad de funciones y se derrochan recursos económicos, materiales y humanos que podrían destinarse a otras necesidades. Sin embargo, hay también quienes defienden el sistema federalista del país y consideran importante que existan estos órganos estatales por las características locales de cada entidad.

Además, se pronuncian porque al no existir una sola fecha concurrente para elecciones federales y estatales, también esto hace necesario la existencia de los órganos locales responsables de los comicios en cada entidad, pues el Instituto Nacional no se daría abasto para atender estas elecciones.

Quizás en el rubro donde no hay tanta oposición es en la existencia o no de los Tribunales Electorales estatales, pues independientemente de que ratifiquen o corrijan las decisiones tomadas por los Oples, sus resoluciones aún pueden ser atacadas, por parte de las quejosas, en las Salas Regionales y en la Sala Superior del TEPJF, de ahí que no existe gran resistencia a su desaparición.

La apuesta es que este punto no será avalado por la oposición.

 

“Recorte” legislativo/nuevo modelo de elección

El discurso de López Obrador se plasma en su iniciativa en la que propone la eliminación de los diputados plurinominales y la reducción en el número de legisladores federales y locales, con una Cámara de Diputados integrada por 300 diputados -actualmente son 500: 300 de mayoría y 200 plurinominales- y una de Senadores con solo 96, de los 128 que son actualmente, y de los cuales 64 son por mayoría relativa, 32 llamados de primera minoría y 32 plurinominales o por lista nacional.

Sin embargo, contra lo que muchos creen, en realidad lo que desaparecen son los diputados de mayoría relativa y se mantienen los plurinominales -por porcentaje de votación-, ya que la propuesta lópezobradorista plantea que se haga un listado nacional de candidatos y a cada partido se les repartan las curules de acuerdo al porcentaje de votación obtenida en cada entidad.

Valga apuntar que este método prácticamente se aplica ya en algunos países europeos como España, por ejemplo.

Este modelo de elección legislativa también se aplicaría en los Ayuntamientos en el caso de los regidores.

La oposición está en contra de esta propuesta, y a su vez plantea reducir el número de plurinominales en San Lázaro y desaparecerlos en la Cámara Alta, pero continuar con la estructura electoral vigente de legisladores de mayoría relativa por distritos y la lista nacional para el centenar de diputados de mayoría proporcional.

Esta propuesta presidencial está destinada al fracaso.

 

Sin elecciones no hay dinero

Otra propuesta controversial y que ha generado todo tipo de reacciones en los partidos político es la que tiene que ver con las prerrogativas de ley que reciben anualmente de conformidad con la votación obtenida en la elección pasada reciente.

López Obrador propone eliminar el financiamiento público ordinario de los partidos locales y nacionales y conservarlo únicamente para las campañas electorales. O sea, pretende que ningún partido reciba recursos públicos en años no electorales, y que el año en que habrá elecciones únicamente se les entreguen lo correspondiente a los gastos de campaña. Ni un peso más para el mantenimiento de los partidos y mucho menos para costear la burocracia partidista.

La empresa “Alternativa Consultores”, en su análisis que hizo de esta iniciativa, refiere en este renglón que el gobierno destina alrededor de 11 millones de pesos anuales en prerrogativas a los partidos políticos para sus actividades ordinarias.

Cabe señalar que la ciudadanía siempre ha criticado el monto de los recursos públicos que se destina a los partidos políticos sin que se refleje en actividades que ayuden a incrementar la calidad de la actividad política en el país, y es que gran parte de esos recursos se van al gasto corriente, principalmente en el pago de sueldos y salarios.

Obviamente que los partidos políticos rechazan esta posibilidad de no recibir las prerrogativas que hoy reciben de acuerdo a una fórmula establecida ya por ley para años electorales y no electorales. Sin embargo, algunas de esas voces opositoras están de acuerdo en que se reduzca aún más el monto de esos recursos.

También se da por hecho que este punto de la iniciativa no prosperará y mucho menos será tema de negociación.

 

Voto electrónico

Un sueño acariciado desde tiempo atrás por muchos es la votación electrónica, que de manera parcial ya se ha aplicado aquí en Jalisco con buenos resultados.

En su iniciativa, López Obrador plantea la posibilidad de que en esta reforma se aprueba la aplicación de este método de votación en todo el país y a la que no pocos le confieren mayor confiabilidad que el que se aplica actualmente de boletas electorales, aunque no falta quienes advierten que también es posible hacer fraude por esta vía, principalmente porque son máquinas programadas por el hombre.

Pero más allá de eso, se advierte que uno de los problemas para aplicar el voto electrónico es el monto que se requiere para aplicarlo en todo el país y la tecnología requerida para su instalación, principalmente en lugares lejanos.

Se advierte que este tema no será de mayor discusión porque no se considera que urgente necesidad ni se ven las posibilidades de que sea fácil llevarla a cabo.

 

¿Padrón electoral “secuestrado”?

Un tema que poca atención ha recibido por parte de analistas y de los propios partidos políticos, es el que tiene que ver con el Padrón Electoral, del que el consejero Ciro Murayama hace una puntual advertencia en su más reciente colaboración en el periódico El Universal.

Ciro Murayama destaca que en la iniciativa de López Obrador desaparece la atribución constitucional de que sea la autoridad electoral nacional la responsable de elaborar el padrón de votantes y únicamente le establece como responsabilidad la integración de la Lista Nominal de Electores. Señala que aparentemente es una cosa menor, pero acota que no lo es.

Establece que existe una importante diferencia entre el Padrón y la Lista. El primero contiene a toda la ciudadanía mayor de 18 años que se actualiza diariamente con alzas, bajas y cambios de domicilio, mientras que la segunda se utiliza solamente para cada elección; o sea, apunta, es un corte de quiénes están en el Padrón y recogieron su credencial para votar.

Y luego subraya: ¿Dónde está la importancia de que la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, sea la encargada del Padrón? Y responde: en que las 333 comisiones de vigilancia existentes, integradas por los partidos políticos, supervisan a nivel nacional y en cada estado que las altas, bajas y cambios de domicilio “sean reales, sin manipulaciones ni simulaciones”, lo que ha permitido que México tenga uno de los padrones de mayor cobertura en el mundo y que sea motivo de confiabilidad y no de desconfianza.

O sea que bajo la supervisión de la autoridad electoral, se evita que en el Padrón Electoral haya “fantasmas” o muertos “que votan”, como era anteriormente, en el siglo pasado.

El consejero electoral, quien ha sido, junto con el presidente Lorenzo Córdova, uno de los “blancos” favoritos de López Obrador desde la mañanera, se pregunta que quién conformará ahora el Padrón. “¿El gobierno a través de la Secretaría de Gobernación?”, cuestiona. Y agrega que de concretarlo significaría un retraso de 30 años.

Asimismo, lamenta que de ser así se estaría desapareciendo la estructura profesional permanente del INE en el país, que es la que actualiza diariamente el Padrón y hace posible la instalación de casillas en todo el país, hasta los más recónditos lugares, “llueve, truene o relampaguee”.

 

Iniciativa versus iniciativa

La iniciativa de López Obrador seguirá siendo motivo de escrutinio y sometido a un análisis riguroso por parte de especialistas en el tema y de la clase política del país, así como de analistas y periodistas, en tanto los partidos políticos de oposición den a conocer su propia iniciativa de reforma con la que se contrastará la reforma presidencial.

Por el momento, la oposición adelantó que esta iniciativa, así como fue presentada, no contará con su apoyo, que darán a conocer respectivamente las suyas, y esperan que en esta ocasión pueda haber diálogo con la fracción legislativa de Morena para establecer negociaciones que logren acuerdos y sacar una legislación electoral que realmente sea la que necesite el país y no que responda a los intereses del gobierno y de su partido.

Sin embargo, hay escepticismo de que se pueda llegar a un buen acuerdo y se apuesta a que esta iniciativa de reforma electoral correrá la misma suerte que la fallida iniciativa de reforma eléctrica: no alcanzará las dos terceras partes de la votación de los legisladores para que dichas reformas se reflejen en la Constitución federal.

Pero, por el momento, no está dicha la última palabra.