Por Simón Madrigal Caro
Internacionalista y Analista Político
Lo que hoy se llama crisis es el nombre que le pone el presente a decisiones que no se tomaron durante décadas. El deterioro del SIAPA no llegó con las lluvias de este año ni con ningún evento técnico imprevisto: es el producto acumulado de una omisión que tuvo presupuesto, tuvo responsables y tuvo tiempo suficiente para evitarse.
DÉCADAS DE ABANDONO
El 73.5 por ciento de las líneas de agua potable de Guadalajara tiene entre 31 y 80 años de antigüedad. Hay tuberías en el Centro de la ciudad que acumulan siete décadas en operación sin reemplazo integral. En 2010, el propio SIAPA reconoció que tardaría 54 años en abatir el rezago en sus líneas de abastecimiento. Hoy, la Planta Potabilizadora Número 1 en Miravalle —la más importante del sistema— opera con infraestructura de alrededor de 70 años.
Las pérdidas de agua son proporcionales al abandono. El gobierno de Jalisco admite que el SIAPA pierde hasta una cuarta parte del agua antes de que llegue a los hogares; especialistas elevan esa cifra a entre 25 y 30 por ciento por fugas visibles, no visibles y errores de medición. En 2022, de los 322 millones de metros cúbicos suministrados, el sistema solo aprovechó el 63.5 por ciento. Las pérdidas económicas anuales por fugas rondan los 750 millones de pesos. De enero de 2020 a enero de 2026, el SIAPA recibió 102,750 reportes de fugas de agua potable. Cuatro de cada diez quedaron sin atender.
La respuesta en inversión fue insuficiente. En 2022, el SIAPA destinó 17 millones de pesos a restitución de tuberías mientras asignaba 235 millones a la operación de plantas de tratamiento. Hoy el gobierno reconoce que se requieren más de 20 mil millones de pesos para subsanar el rezago. Si millones de ciudadanos pagaron sus recibos durante décadas, ¿a dónde fue ese dinero y por qué no alcanzó para mantener en pie una infraestructura básica?
En junio de 2026, el jefe de Gabinete Alberto Esquer reconoció que el deterioro es resultado de «décadas de rezago en inversiones». El gobernador Pablo Lemus fue más directo en radio: «Hubo un abandono brutal desde hace más de 20 años del SIAPA, un organismo sin recursos, con mucha nómina, con muchos compromisos políticos, cero técnicos». La declaración merece una lectura cuidadosa: de esos más de 20 años de abandono que el gobernador denuncia, al menos once corresponden a administraciones de Movimiento Ciudadano —su propio partido— entre alcaldías de Zapopan y Guadalajara, y la gobernatura de Enrique Alfaro.
¿QUIÉN RESPONDE?
La arquitectura institucional del SIAPA es parte del problema. El organismo opera bajo una gobernanza fragmentada entre los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, más el gobierno del estado. Esa dispersión ha producido lo que los especialistas en gestión pública llaman una zona de nadie: cuando la rendición de cuentas puede reclamarse a varios actores simultáneamente, con frecuencia no la asume ninguno.
El gobierno del estado, que designa a la dirección general, puede señalar a los municipios. Los municipios pueden señalar a la dirección. La dirección puede señalar a la infraestructura heredada. Nadie señala hacia el espejo.
Lo que la crisis del SIAPA exige no cabe en un plan de emergencia ni en un cambio de director. Exige la decisión política de tratar el agua como lo que la Constitución dice que es: un derecho, no un servicio. Esa distinción, que parece semántica, lo cambia todo: cambia quién rinde cuentas, cambia qué se audita primero y cambia cuánto cuesta políticamente fallar.
LAS CIUDADES QUE SÍ PUDIERON
La tentación es asumir que lo que le ocurre a Guadalajara es inevitable dado el tamaño del reto. Otras ciudades demuestran que no lo es.
Singapur no tiene acuíferos, no tiene ríos caudalosos y tiene una densidad de población que excede cualquier comparación posible con la Zona Metropolitana de Guadalajara. La isla carece de las ventajas geográficas que Jalisco tiene frente al lago de Chapala y sus presas. Pese a eso, en 2001 la agencia pública PUB asumió el control total del ciclo del agua con una estrategia de largo plazo: los llamados Cuatro Grifos, que combinan captación de lluvia, importación controlada, desalación y reutilización de aguas residuales tratadas. Hoy su sistema NEWater cubre el 40 por ciento de la demanda nacional con agua reciclada de calidad superior a los estándares de la OMS. Los hoteles de Singapur no ofrecen botellas de agua en las habitaciones: colocan un aviso que recomienda beber directamente del grifo.
En Viena, el agua nace en los manantiales de los Alpes de Baja Estiria y recorre 36 horas de trayecto sin necesidad de bombas antes de llegar a los domicilios sometida a controles estrictos. Que eso sea posible no es un regalo de la geografía: es el resultado de inversión sostenida, profesionalización institucional y una cultura administrativa que trata el agua potable con la seriedad que la Constitución mexicana le asigna en papel.
Tel Aviv opera en una de las regiones con mayor estrés hídrico del planeta. Israel convirtió esa restricción en política de Estado: desalación, reutilización de aguas residuales tratadas y monitoreo riguroso en cada punto de la red. El resultado no proviene de condiciones favorables sino de decisiones sostenidas a lo largo de décadas. Lo que Singapur, Viena y Tel Aviv tienen en común no es la tecnología ni los recursos naturales. Es que sus gobiernos decidieron, en algún momento, que el agua era un derecho antes que un servicio. Guadalajara tiene esa decisión pendiente.
Cuando una institución entiende que administra un derecho y no simplemente un servicio, las prioridades presupuestales cambian, los criterios de contratación cambian y la relación entre el ciudadano y el Estado cambia. No como retórica constitucional. Como política concreta
LA LLAVE DE LA DESCONFIANZA
Las democracias rara vez se erosionan por un solo acontecimiento. Lo hacen cuando la suma de omisiones cotidianas termina por convencer a los ciudadanos de que la garantía constitucional es solo una promesa de papel, que los órganos de supervisión procesan expedientes sin resolver problemas y que los recursos públicos se administran con criterios que no siempre coinciden con el interés público.
La crisis del SIAPA no es una crisis del agua. Es una radiografía de lo que ocurre cuando las instituciones se administran como si el tiempo no tuviera costo y la confianza ciudadana fuera un activo inagotable.
La fuga más costosa que enfrenta Guadalajara no discurre bajo el pavimento. No se mide en los 750 millones anuales que se pierden por tuberías rotas ni en las 102,750 fugas reportadas que cuatro de cada diez veces nadie fue a reparar.
Se escapa, gota a gota, por la llave de la desconfianza.
Y ninguna obra hidráulica, por millonaria que sea, será suficiente para recuperarla mientras no exista la voluntad política de reconstruir, con la misma urgencia, la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger uno de los derechos más elementales de toda sociedad civilizada. Abrir una llave y encontrar agua limpia no debería ser un privilegio. Debería ser la prueba más cotidiana de que el Estado cumple su contrato con la ciudadanía. (Final)
