El desafío de gobernabilidad que enfrenta la presidenta Sheinbaum más allá de las canchas.
Por Ángel Nakamura
La inauguración de la Copa del Mundo en la Ciudad de México, celebrada el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca, proyectó al país ante millones de espectadores alrededor del mundo como anfitrión de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Sin embargo, mientras miles de aficionados se dirigían al inmueble para presenciar el partido inaugural, en las calles aledañas se desarrollaban diversas manifestaciones sociales que evidenciaron los retos de gobernabilidad que enfrenta el Gobierno de México.
Las protestas reunieron a colectivos con demandas distintas, pero unidas por un mismo objetivo: aprovechar la visibilidad internacional del Mundial para colocar sus reclamos en la agenda pública.
Organizaciones vecinales denunciaron el proceso de gentrificación que, afirman, ha encarecido la vivienda y modificado la dinámica social en distintas zonas de la capital.
Al mismo tiempo, colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron mayores resultados frente a una crisis de violencia que continúa afectando a miles de familias en el país. A estas expresiones se sumó la movilización de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen desde hace semanas una agenda de demandas laborales y de seguridad social.
Entre sus principales exigencias destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema solidario de pensiones sin topes establecidos mediante UMAs, así como la desaparición del sistema USICAMM con el propósito de devolver al magisterio mecanismos distintos para la asignación y promoción de plazas docentes.
Un escenario complejo para el gobierno de Sheinbaum
La coincidencia de estas movilizaciones con el inicio del Mundial coloca sobre la mesa un escenario complejo para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A menos de dos años del inicio de su gobierno, la mandataria enfrenta simultáneamente desafíos económicos, presiones derivadas de la relación bilateral con Estados Unidos y la necesidad de mantener la estabilidad política interna en un contexto de elevada polarización.
La realización del Mundial representa una oportunidad para fortalecer la imagen internacional de México, atraer inversiones y consolidar la actividad turística.
Sin embargo, también incrementa la presión sobre las autoridades para garantizar seguridad, movilidad y orden público sin restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación.
El reto consiste en encontrar un equilibrio entre la organización de un evento de escala global y la atención de conflictos sociales que no desaparecen por la celebración deportiva. Las protestas registradas en los alrededores del Estadio Azteca mostraron que amplios sectores consideran el escaparate internacional como un espacio para visibilizar problemáticas que, desde su perspectiva, no han recibido respuestas suficientes por parte de las autoridades.
La gobernabilidad durante un evento de estas dimensiones depende no solo de los operativos de seguridad o de la logística urbana, sino de la capacidad de negociación política, canales efectivos de diálogo y estrategias que permitan atender demandas sociales sin que éstas escalen hacia escenarios de confrontación.
En ese contexto, el Mundial de 2026 pone a prueba la capacidad organizativa del Estado mexicano frente a millones de visitantes y espectadores internacionales. De igual manera, funciona como un termómetro sobre la fortaleza institucional del gobierno para administrar conflictos sociales diversos en un momento de alta exposición mediática.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la oposición política y a los críticos del gobierno al asegurar que «el que apueste en contra de México siempre le va a ir mal». La titular del Ejecutivo aprovechó el triunfo de la Selección Mexicana de Fútbol por 2-0 sobre su similar de Sudáfrica para asegurar que el país marcha por buen rumbo.
Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum deberá demostrar que puede combinar la proyección internacional del país con la atención de los problemas internos que continúan presentes en la agenda nacional.
La imagen que México proyecte durante el torneo dependerá tanto del éxito deportivo y organizativo como de la manera en que sus instituciones respondan a las demandas de una sociedad que busca ser escuchada incluso en medio de la mayor fiesta del fútbol mundial.
