500 horas al año perdidas entre fotocopias y actas de nacimiento.
Por Simón Madrigal Caro
Internacionalista y analista político
La verdad que vivimos todos
No existe un antídoto más eficaz contra la ingenuidad cívica que intentar realizar un trámite en Jalisco. Basta cruzar la puerta de una oficina gubernamental para que cualquier narrativa de modernidad administrativa se desvanezca entre filas interminables, ventanillas opacas y una coreografía burocrática que parece inmune al paso del tiempo. Lo que en el discurso se presenta como transformación digital, en la práctica se traduce en lo de siempre: copias, sellos, comprobantes y la sensación persistente de que el ciudadano no es el centro del sistema, sino su variable más prescindible.
Mi última experiencia no tuvo nada de extraordinaria, y justamente por eso resulta reveladora. Se trataba de una actualización menor, un ajuste administrativo que, en un entorno funcional, debería resolverse en cuestión de minutos. Lo que siguió fue una secuencia conocida: traslados innecesarios, validaciones redundantes, pagos absurdos por servicios mínimos y, como punto culminante del sinsentido, la exigencia de presentar una copia reciente de mi acta de nacimiento. No una distinta, no una corregida, no una versión con error previo. La misma acta, idéntica en contenido, pero con fecha de expedición no mayor a tres meses.Como si la identidad caducara.
Ese momento, más que anecdótico, resulta sintomático. Porque no estamos ante un caso aislado ni frente a un error puntual del sistema. Estamos frente a un patrón. Y ese patrón define, con una claridad que ya no admite excusas, la relación entre el ciudadano y el Estado en México.
La burocracia como sistema, no como falla
Durante años se ha insistido en explicar la tramitología como producto de la ineficiencia. Como una suma de fallas operativas que podrían corregirse con mejor capacitación, más presupuesto o herramientas tecnológicas. Es una lectura cómoda, incluso indulgente. Pero no es precisa. Lo que enfrentamos no es un sistema que funciona mal; es un sistema que funciona como fue permitido que funcionara.
Un sistema que ha aprendido a multiplicar requisitos, a fragmentar procesos y a trasladar al ciudadano la carga de su propia información. Un sistema donde cada dependencia solicita documentos que otra ya posee, donde la redundancia no es una anomalía sino una norma, y donde el tiempo del individuo se convierte en el insumo invisible que sostiene la maquinaria.
En México no hacemos trámites: los padecemos
La evidencia no es solo empírica. La OCDE ha documentado que el país se encuentra por debajo del promedio en capacidad de gobierno digital, particularmente en la provisión de servicios proactivos. Es decir, aquellos en los que el Estado anticipa necesidades y actúa sin obligar al ciudadano a iniciar procesos innecesarios. Aquí, en cambio, seguimos atrapados en una lógica inversa: el ciudadano debe probar constantemente lo que el propio Estado ya sabe o debería saber.
Las cifras son elocuentes. El sector empresarial mexicano destina más de 500 horas al año al cumplimiento de trámites. Veintiún días laborales completos dedicados no a producir, innovar o generar valor, sino a navegar una estructura que consume tiempo sin devolver eficiencia. Y eso sin contar al ciudadano común, cuya carga no siempre es cuantificada, pero sí profundamente sentida.
Jalisco: modernidad en discurso, arcaísmo en práctica
Jalisco, en el papel, representa una promesa de modernidad. Programas de digitalización, portales en línea, discursos que hablan de cercanía y eficiencia. Sin embargo, basta interactuar con el sistema para comprender que el problema no es tecnológico, sino conceptual. Digitalizar no es trasladar formularios al internet ni replicar en pantalla los mismos procesos obsoletos. Digitalizar implica rediseñar la relación entre el ciudadano y el Estado. Implica eliminar redundancias, integrar información, confiar en los datos existentes. Implica, en esencia, dejar de pedirle al ciudadano lo que el gobierno ya tiene. Pero ese paso aún no se ha dado.
El ritual continúa. CURP verificativo, comprobante de domicilio reciente, validaciones múltiples y, al final, la instrucción inevitable: “traiga copias”. Afuera, como parte del ecosistema paralelo que se ha normalizado, sobreviven las máquinas de fotocopiado, recordándonos que incluso la ineficiencia puede convertirse en modelo económico.
Nada de esto es casual. Es una estructura que genera costos, dependencia y desgaste, pero que al mismo tiempo resulta funcional para quienes la operan. Porque un sistema complejo, opaco y fragmentado no solo dificulta la vida del ciudadano; también limita su capacidad de exigir.
La voz de quienes saben
No se trata únicamente de una percepción personal ni de un malestar aislado. Hay voces con autoridad que han descrito este fenómeno con una claridad que incomoda. Denise Dresser lo ha señalado sin rodeos: México no es el país de los ciudadanos, sino el país de los diputados, de los gobernadores, de los burócratas. La frase no es solo provocadora; es reveladora. Sugiere que el Estado ha sido diseñado —o ha evolucionado— para responder a su propia lógica interna antes que a las necesidades de quienes lo sostienen.
Esa inversión de prioridades transforma la relación cívica. El ciudadano deja de ser el centro y se convierte en un solicitante permanente, obligado a probar, repetir y validar lo que el sistema ya debería reconocer.
Desde otra trinchera, Mario Molina insistía en que el mayor costo de los problemas complejos no radica únicamente en su existencia, sino en la inacción frente a ellos. Trasladada al ámbito administrativo, esa idea adquiere un peso particular. La tramitología no es solo una molestia cotidiana ni una pérdida de tiempo medible; es la expresión de un problema identificado que, sin embargo, se sigue posponiendo.
En ese aplazamiento constante se diluye algo más profundo que la eficiencia.
Se erosiona la dignidad.
Lo que perdemos mientras esperamos
El costo del sistema no se mide únicamente en horas perdidas, aunque las cifras por sí solas ya serían suficientes para encender cualquier alarma. Se manifiesta, sobre todo, en un desgaste progresivo que rara vez se cuantifica: la frustración acumulada, la paciencia erosionada y la sensación persistente de que el tiempo del ciudadano carece de valor frente a la inercia institucional.
Cada fila innecesaria se convierte en un recordatorio silencioso de esa desproporción. Cada documento redundante revela, más que un requisito administrativo, una falta de confianza del propio Estado en su capacidad de organizarse. Y cada trámite absurdo que se normaliza termina por convertirse en una pequeña renuncia cívica, una aceptación tácita de que así funcionan las cosas y de que cuestionarlas resulta, en el mejor de los casos, inútil. En ese proceso, lo que realmente se deteriora no es solo la eficiencia del sistema, sino la relación misma entre el ciudadano y la institución. Porque cuando el tiempo se desperdicia de manera sistemática, lo que se pierde no es únicamente productividad: es confianza. Y esa pérdida, acumulada a lo largo de años, es mucho más difícil de recuperar que cualquier documento extraviado.
Romper el espejismo
La solución, vista desde fuera, no es compleja en términos técnicos. Está probada, documentada y aplicada con éxito en distintos países que han decidido replantear la relación entre el Estado y el ciudadano desde su raíz. No se trata de inventar modelos nuevos, sino de adoptar principios que ya han demostrado su eficacia: una identidad digital única que elimine duplicidades, una interoperabilidad real entre dependencias que evite pedir información repetida, la eliminación progresiva del papel como soporte innecesario, la aplicación del silencio administrativo positivo y, sobre todo, la transición hacia servicios proactivos donde el gobierno actúe antes de ser solicitado.
Nada de esto pertenece al terreno de lo utópico. Todo esto existe, funciona y ha sido medido en términos de eficiencia, ahorro y satisfacción ciudadana. La diferencia no está en la capacidad técnica ni en la disponibilidad de herramientas, sino en la decisión de utilizarlas para transformar de fondo el funcionamiento del sistema.
Porque, al final, el obstáculo no es la falta de soluciones, sino la persistencia de una lógica que ha encontrado en la complejidad un mecanismo de supervivencia. Simplificar implica ceder control, reducir intermediaciones y, en muchos casos, desmontar estructuras que han sido funcionales durante décadas. Y esa es una decisión que no se toma desde la tecnología, sino desde el poder.
El trasfondo: poder y control
Para entender por qué México no ha dado ese salto, es necesario abandonar la superficie técnica y observar el trasfondo. La burocracia no es neutral. Es una forma de organización del poder. Cada trámite, cada requisito, cada validación innecesaria construye una relación de dependencia. El ciudadano no interactúa con un sistema eficiente, sino con una estructura que lo obliga a solicitar, justificar y esperar.
Max Weber lo advirtió hace más de un siglo: la burocracia moderna, cuando no está contenida, tiende a expandirse para perpetuarse. No simplifica; se reproduce. En esa reproducción encuentra su estabilidad.
Conclusión: entre la simulación y la decisión
México no carece de talento ni de tecnología. Carece, muchas veces, de voluntad para incomodarse. Porque la transparencia incomoda. Obliga a simplificar, a rendir cuentas, a perder control sobre estructuras que han sido funcionales durante años.
Pero la opacidad, aunque cómoda, tiene un costo acumulado.Y ese costo lo paga el ciudadano. Al final, el problema no es que no sepamos cómo hacerlo. El problema es que sabemos exactamente por qué no se ha hecho.
Y mientras esa verdad no se enfrente, seguiremos invirtiendo horas, días y años en sostener un sistema que simula modernidad, pero que en el fondo aún no decide si quiere servir al ciudadano…o seguir sirviéndose de él.
