BIODIVER-CIUDAD
Por Magdiel Gómez Muñiz
@magdielgmg
Cuando el agua que llega a los hogares presenta suciedad, olor desagradable o condiciones que ponen en duda su potabilidad, lo que está fallando no es un detalle técnico menor, sino una responsabilidad pública de Estado. El agua es un derecho humano, por ello, la mala calidad hídrica constituye una forma de negligencia institucional que afecta directamente a la salud y dignidad de las personas.
Resulta profundamente injusto que las familias cumplan puntualmente con el pago del servicio mientras reciben el agua color tamarindo y contaminada. En este escenario, el ciudadano termina financiando su propio riesgo sanitario. Pagamos para enfermarnos. Para muestra, los siguientes datos: al menos 176 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara han presentado reportes de agua turbia o con mal olor, lo que representa cerca del 9.7% de las mil 840 colonias que abastece el sistema (punta del iceberg).
Las consecuencias de una gestión hídrica deficiente son tangibles: se traducen en enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas, problemas renales y otros padecimientos asociados a la falta de control sanitario. Cuando esto ocurre de forma recurrente, la autoridad encargada del suministro deja de ser garante del bienestar colectivo y se convierte en parte del problema.
Más grave aún es la normalización de estas deficiencias. No puede aceptarse que la población tenga que sustituir el servicio por agua de garrafón, la compra de agua adicional para compensar la mala calidad de la que se recibe por la red pública, compromete la economía doméstica. Esa realidad revela una falla estructural en la planificación, en el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como supervisión sanitaria. En pocas palabras revela corrupción en el más amplio sentido de la palabra.
No se puede dejar de lado que el administrar el agua implica asegurar su calidad, su continuidad, por supuesto su seguridad; cualquier cosa menor a ello es una forma de incumplimiento del deber público.
Por lo anterior, el reclamo social no debe interpretarse como una simple queja, sino como una exigencia legítima de salud pública. Quien alza la voz frente a la mala calidad del agua no es un insurrecto, no está exagerando ni politizando el problema, está defendiendo la vida cotidiana de miles de hogares. El acceso a agua limpia es mínimo civilizatorio, y cuando ese mínimo no se cumple, la ciudadanía tiene no solo el derecho, sino la obligación moral de exigir soluciones inmediatas a quienes administran las agendas del Estado. Si no pueden hacerlo que renuncien.
P.D. Ante la evidente incapacidad institucional para garantizar de manera consistente la calidad del agua se deben organizar: a) Comités Vecinales de Vigilancia del Agua (COVVA), encargados de documentar de forma sistemática reportes técnicos básicos; b) Presentar quejas formales y colectivas ante instancias de control administrativo y organismos de derechos humanos; c) Instalar filtros de agua certificados en las viviendas con factura para los organismos responsables de dotar del vital líquido; d) Denuncias sanitarias formales ante autoridades de salud y de protección al consumidor; e) Auditorías externas al sistema de abastecimiento y saneamiento pues administrar el agua no es un privilegio burocrático, sino una responsabilidad con la salud pública. Al tiempo. ¿Saben que se acerca el estiaje?
