Por Carlos E. Martínez Villaseñor
Abogado
El debate energético en México dejó de ser ideológico el día que los números comenzaron a exhibir la vulnerabilidad en la que hoy está el país. Hoy, México importa entre el 72% y el 75% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos. No es una dependencia marginal, es estructural. En 2025, las importaciones superaron los 7 mil millones de pies cúbicos diarios, con picos históricos de 7.5 Bcf/d en mayo. México no solo compra gas: es el principal cliente del gas estadounidense por ducto. Con datos duros y certificados.
Lo más delicado no es cuánto importamos, sino cómo operamos. México prácticamente no cuenta con almacenamiento estratégico relevante de gas natural en pleno siglo XXI. El sistema funciona bajo un esquema de flujo continuo, y ese flujo se interrumpe por clima, tensiones políticas o fallas en infraestructura, ¡boom! el país no tiene margen de reacción. La experiencia más clara ocurrió en febrero de 2021, durante la tormenta invernal en Texas, cuando el suministro se redujo de golpe y dejó sin electricidad a millones de usuarios en el norte del país. No fue un escenario hipotético. Fue una advertencia real.
Traducido a términos reales: México no resistiría varios días, es más, ni siquiera tres, sin suministro continuo de gas de EU. Ese es el verdadero punto de inflexión detrás del giro de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha pasado de una postura de rechazo al fracking a una apertura condicionada bajo evaluación técnica. No es ideología, ni colores, menos asunto de grupo político o de poder. Es presión estructural.
El gobierno ha planteado elevar la producción nacional desde aproximadamente 2.3 Bcf/d actuales hasta 5.8 Bcf/d hacia el cierre de este sexenio. El objetivo es claro: reducir la dependencia externa lo más que se pueda. Pero la pregunta es si el país tiene la capacidad real de lograrlo.
Porque producir gas no es perforar pozos aislados, es construir una industria completa. Implica miles de perforaciones, infraestructura de transporte, tratamiento de agua, manejo de residuos, cadenas de suministro y capital intensivo. Las estimaciones más serias colocan la inversión necesaria entre 36 mil y 45 mil millones de dólares en la próxima década. Esa cifra no es política, es estructural y real. Aquí emerge el primer límite crítico: el financiero. Pemex enfrenta una de las cargas más complejas de su historia reciente. Pretender que lidere, en solitario, una transición hacia el gas no convencional es inviable.
La alternativa es abrir esquemas de asociación con capital privado, pero eso exige certidumbre jurídica, estabilidad regulatoria y confianza institucional, tres elementos que hoy no están plenamente consolidados.
El segundo límite es técnico. México cuenta con recursos potenciales en cuencas como Burgos, Sabinas y Tampico-Misantla, pero no ha desarrollado una industria competitiva. A diferencia de Estados Unidos, donde la productividad por pozo ha sido optimizada durante años, México tendría que recorrer esa curva desde cero, con costos más altos y mayores riesgos operativos.
El tercer límite, y el más sensible, es el ambiental y social. El fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, en regiones donde el estrés hídrico ya es una realidad. Sin un marco duro de regulación sobre uso de agua, emisiones de metano, trazabilidad química y cierre de pozos, cualquier intento de expansión enfrentará resistencia social legítima. Aquí el problema no es la técnica, sino la capacidad del Estado para regularla.
México no necesita decidir si el fracking es bueno o malo; necesita decidir si puede hacerlo bien. Los modelos internacionales ofrecen lecciones claras. Estados Unidos convirtió el shale en una revolución energética, pero bajo condiciones irrepetibles: capital privado masivo, infraestructura desarrollada y un mercado energético profundo. Argentina, con Vaca Muerta, muestra un camino más cercano: desarrollo progresivo, incentivos claros y asociaciones público-privadas. Aun así, le tomó más de una década consolidarse. En contraste, países como Alemania o Reino Unido han optado por restringirlo, pero a costa de una mayor dependencia externa. México está exactamente en ese cruce de caminos.
El país no necesita un discurso sobre fracking, necesita una política energética integral. Si decide avanzar, tendrá que hacerlo con inversión real, regulación estricta, tecnología probada y transparencia total. No hay margen para simulaciones. No hay espacio para decisiones a medias. Porque en energía, los errores no se corrigen con narrativa. Aunque ya veremos qué disposición o voluntad política requiere, y a qué costo.
Los recursos naturales son la llave que abre o cierra puertas frente a las naciones de poder; veamos el panorama mundial, sus ataques y sus defensas; más fácil, las llaves que mencionó son: metales, minerales, agua, gas, petróleo, tierras raras… ¿estamos viviendo el futuro o presente?
