En rubros como la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y participación ciudadana, la administración obradorista registra saldo negativo, fue insuficiente, con resultados poco significativos y en descenso.
Por José Antonio Elvira de la Torre
Cuando se publique la primera parte de esta colaboración, estaremos a unos cuántos días de que finalice el período de gobierno del actual titular del Poder Ejecutivo Federal, por lo que es inevitable tratar de hacer un balance sobre su desempeño. Por supuesto que no es posible todavía realizar una evaluación definitiva con evidencias inequívocas sobre los resultados y efectos que generó su actuación en todos los ámbitos de la vida pública. Para conocer la utilidad social y el valor público final que generaron las acciones y políticas implementadas, en algunos casos, tendremos que aguardar algún tiempo.
No obstante, esta colaboración tiene el propósito de plantear algunas ideas iniciales para la evaluación, en torno a dos dimensiones: la dimensión de gestión (que se incluye en esta primera parte) y la dimensión política (entrega siguiente).
La dimensión de gestión: Implica analizar el modelo de gestión y las políticas públicas implementados para atender los asuntos de interés colectivo, así como la forma en que se administraron los recursos (financieros, materiales, humanos, técnicos, de información).
1.1 Transparencia
En esta materia, el saldo no es positivo. El actual gobierno federal mantuvo una política de restricción al acceso a información pública, mediante diversas acciones. La primera de ellas es la alimentación permanente de bases de datos de acceso público que como informó la Unidad de Investigación Aplicada de la organización civil “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” en 2023, “de las 12,570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de datos.gob.mx, actualmente el 71% se encuentran abandonadas sin ninguna actualización al menos en los últimos 24 meses” (https://contralacorrupcion.mx/sin-otros-datos-el-legado-de-la-politica-de-transparencia-de-amlo-y-el-abandono-de-la-informacion-publica/). En contraste, con estas 8,890 bases de datos sin actualizar, sólo 3,583 (28%) habían sido actualizadas desde agosto de 2021.
En segundo lugar, la limitación en los hechos, desde 2018, de las capacidades, funcionamiento y autonomía del INAI que vio disminuido su presupuesto en casi un 25% y funcionó aún sin la completa integración de los Consejeros de su órgano de dirección ante la negativa del Congreso para designarlos. La iniciativa de ley aprobada en agosto de este año para la desaparición de este y otros organismos públicos ha sido la evidencia final de esta estrategia.
Tercero, negar y reservar información pública. El número solicitudes de información pública por transparencia ha ido en aumento, ya que, por ejemplo, el mayor número para el actual gobierno hasta 2023 había sido de 363,062 en 2022 (https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/Informe-Laboral-INAI-2023_WEB_B-1.pdf). En 2023, hasta el mes de septiembre se habían recibido 326,393 (ambas superiores a las 292,852 recibidas en 2017 durante el gobierno federal anterior). Pudo ser el caso que aún sin la intervención del organismo autónomo, el compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública permitiera responder favorablemente a un mayor número de solicitudes y con información de calidad. Pero no ocurrió. Como señala el mismo estudio de MCCI, con datos del INAI y del propio Gobierno Federal (que mide la accesibilidad del portal, datos accesibles, rezago de datos, datos actualizados, descargabilidad, formato abierto, solicitudes y reportes a la Plataforma Nacional de Transparencia) el puntaje promedio de la evaluación de la calidad y cantidad de información pública generada por las entidades de la administración pública federal fue de 29.75 puntos sobre una calificación máxima de 100.
1.2 Rendición de cuentas
La rendición de cuentas es entendida como la obligación que los funcionarios públicos tienen para dialogar públicamente para informar, explicar y justificar sus decisiones y acciones ante la ciudadanía, pero también como la existencia de mecanismos institucionales para hacerlos responsables y sancionables por acciones indebidas (Andreas Schedler, 2008).
Si estamos de acuerdo con esta definición, puede decirse que el compromiso de la actual gestión gubernamental federal con prácticas de esta naturaleza es al menos insuficiente. El mecanismo de las conferencias mañaneras no puede considerarse un ejercicio de rendición de cuentas, dado que su naturaleza no es explicar las razones de las decisiones gubernamentales, tampoco lo es iniciar un diálogo que implique considerar e incluir las opiniones e intereses diferentes de la ciudadanía o actores económicos, políticos y sociales en torno a los asuntos de interés público. Este mecanismo, aunque ha sido llamado por el propio gobierno como “diálogo circular” o “rendición de cuentas”, ha sido muy exitoso en su propósito de comunicar unilateralmente y posicionar los temas de su interés en la agenda mediática.
1.3 Combate a la corrupción
La creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 significó un avance importante en términos de la trascendencia e interés que, como comunidad política, otorgamos al tratar de inhibir este tipo de conductas en la vida pública de nuestro país. En el año de 2020 se aprobó por esta instancia la “Política Nacional Anticorrupción” para establecer programas y líneas de acción que las autoridades debían considerar para atacar este problema.
No obstante que uno de los principales motivos de esperanza y respaldo político que suscitó la actual administración federal fue justamente la propuesta de contrarrestar y sancionar de manera efectiva las prácticas de corrupción, en términos reales no sólo ha ignorado estos lineamientos de “Política Nacional”, sino que también ha ofrecido resultados poco significativos en esta materia. Tanto el desempeño de la Secretaría de la Función Pública como la creación del “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” y la aprobación de leyes federales como la “Ley Federal de Austeridad Republicana”, no significaron una política coordinada con el SNA para ofrecer un frente con mayor capacidad para enfrentar conductas indebidas de funcionarios públicos, sino una forma en paralelo de atender, bajo sus propias consideraciones, los casos de corrupción que no sólo terminó por reducir el peso e importancia del SNA, si no que tampoco ha logrado inhibir casos como Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), el IMSS, el Banco del Bienestar, el Tren Maya, la Refinería de “Dos Bocas” o la contratación directa de obras y servicios sin licitaciones públicas de por medio, que ha sido mayor en este sexenio que en el anterior, llegando a un 80% en 2023. La siguiente gráfica elaborada por MCCI en 2023, muestra el comportamiento de la contratación del actual gobierno federal:
Fuente: MCCI, 2023: p. 53. Recuperado de: https://contralacorrupcion.mx/que-paso-con-el-combate-a-la-corrupcion-evaluacion-de-las-politicas-anticorrupcion-en-mexico-y-el-cumplimento-de-los-compromisos-internacionales-en-la-materia/.
La siguiente tabla muestra la evolución de los recursos públicos destinados a organismos gubernamentales y autónomos que contribuyen con su desempeño a combatir la corrupción.
Fuente: MCCI, 2023: p. 53. Recuperado de: https://contralacorrupcion.mx/que-paso-con-el-combate-a-la-corrupcion-evaluacion-de-las-politicas-anticorrupcion-en-mexico-y-el-cumplimento-de-los-compromisos-internacionales-en-la-materia/.
1.4 Participación ciudadana
Este rubro que parecía de inicio sería una de las grandes fortalezas del gobierno federal, no sólo por el entonces amplio apoyo recibido en las urnas para obtener la Presidencia de la República (hasta antes de la elección de 2024, el mayor número de votos alcanzado por un candidato en cualquiera de las elecciones realmente competitivas de la historia de nuestro país a partir de 1997), sino por el innegable liderazgo social del Presidente.
No obstante, conforme avanzó el sexenio la participación efectiva de grupos organizados de la ciudadanía en los procesos de definición de los problemas públicos, en el diseño de alternativas de políticas públicas para atenderlos y en la evaluación del gasto público y el desempeño gubernamental, fue confirmándose como una promesa incumplida.
Quizá algunos de los hechos más significativo que marcan la orientación del declive del involucramiento de la ciudadanía en los temas públicos trascendentes fueron:
El ejercicio de consulta para la investigación y sanción de expresidentes de 2021 que no fue legal, sino organizada informalmente por el propio partido del Presidente.
La revocación de mandato de 2022, que fue iniciada a instancias del propio gobierno federal y no por la ciudadanía.
La relación con las familias de las víctimas de desapariciones y la relación con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa que terminaron en distanciamiento y hasta en confrontación por la no inclusión de sus planteamientos en la acción gubernamental. (Continuará…)
