Por José Antonio Elvira de la Torre
Prof. del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH de la UdeG
Ante la cercanía tanto de las campañas como de la jornada electoral, ha crecido la discusión sobre el efecto que tendrán la violencia en todas sus formas y la actuación de grupos del crimen organizado. El escenario que planten diferentes especialistas y actores políticos es pesimista, pues esperan el mayor riesgo y la mayor intervención que se haya experimentado en nuestro país hasta ahora.
En el estudio “Global organized crime index 2023” de la Global Initiative Against Transnational Crime, mostraba cómo en todo el continente se experimentó un significativo crecimiento de la criminalidad (sólo superado por Asia y África), debido a la gran capacidad de adaptación de los grupos de crimen organizado que reforzaron sus actividades tradicionales con otras como la extorsión, los ciber delitos y el control de mercados negros de bienes esenciales que desarrollaron durante la pandemia y que, incluso, fortalecieron un mercado criminal transnacional e interconectado.
En la medición 2023, México obtuvo el tercer mayor índice de criminalidad en el mundo (193 países) con 7.57, sólo superado por Myanmar (8.15) y Colombia (7.75). Algunos datos:
- No cambió su índice de criminalidad con respecto a la medición de 2021, pero si disminuyó en resiliencia para enfrentarlo en -0.25 (4.21).
- Primer lugar del continente en tráfico de personas (8.0) y en contrabando de personas (9.0).
- País más afectado del continente por crecimiento del mercado de drogas sintéticas (9.0)
- Tráfico de armas (8.5), sólo superado por Jamaica y Paraguay.
- Primer lugar del continente y top 10 mundial en crímenes financieros (8.5): malversación de fondos públicos, evasión de impuestos, corrupción.
- Entre los 3 primeros lugares del continente y 5 del mundo en redes criminales (9.0).
En enero de este año, la consultora Integralia presentó el estudio “10 riesgos políticos para 2024” específicamente para nuestro país, en el que considera algunos peligros que vinculan la violencia y criminalidad con los procesos políticos y electorales. Particularmente el escenario en que “grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos”.
Una de las estrategias más visibles del crimen organizado ha sido la violencia política: el amedrentamiento, amenaza, desaparición y/o asesinato de personas dedicadas a la política (candidatas y candidatos, líderes partidistas, funcionarios públicos…), por la tragedia que significa la pérdida de vidas humanas y el efecto de indefensión que producen en el resto de los integrantes de la comunidad. Según la organización Data Cívica que el propio estudio cita, los incidentes de violencia política electoral en México pasaron de 171 en 2018, a 529 en 2023. En 2019 y 2020 se reportó una disminución (121 y 78 respectivamente), pero a partir de 2021 la tendencia ha mostrado un significativo aumento (178 en 2021, 486 en 2022) hasta alcanzar la mayor cifra de 2023.
Desafortunadamente no es la única forma de incidir en las elecciones. Algunas otras formas, de menor impacto, pero de igual efectividad, son el financiamiento ilegal a las campañas; la compra del voto de los electores mediante la distribución de bienes o dinero; la coacción de las libertades para definir preferencias y respaldarlas políticamente a través del sufragio; la intervención violenta en las casillas para cancelar la votación o como ocurrió en algunos municipios del distrito 18 en Jalisco en la elección anterior, para sustraer las boletas y la papelería electoral, y luego entregarlas en los órganos electorales, evidentemente ya marcadas, llenadas y debidamente integradas al paquete electoral, como si se hubiera realizado la votación de manera legal y sin contratiempo alguno.
El abandono y la consecuente debilidad de los gobiernos municipales, sumado a la capacidad de ejercer violencia y la capacidad económica de la delincuencia organizada, ha permitido que cada vez más estos grupos accedan a recursos públicos estratégicos (materiales, financieros, humanos, de información, de inteligencia…), que como el propio estudio identifica, les ayuda a fortalecer su posición, controlar más territorios y convertirse en los gobiernos de facto en muchas comunidades.
El problema es de tal magnitud que, incluso, diferentes entidades de la República están teniendo una escalada importante de este fenómeno que pone en una complicada posición a los gobiernos estatales (el propio estudio detecta a Chiapas, Colima, Guerrero Jalisco, Michoacán y Morelos como las entidades con riegos muy alto de intervención del crimen organizado en los comicios).
Es muy preocupante que se encuentre muy extendida la irresponsable opinión de que este comportamiento sólo afecta a las personas que se dedican a la política y que las “personas normales” no tienen de que preocuparse porque no les genera problemas. Pareciera ignorarse que en los espacios en que estas conductas se llevan a cabo, las personas sufren efectos terribles que afectan su vida cotidiana y la de sus familias como la inexistencia de libertades y derechos; la imposibilidad de vivir con libertad y paz y enfrentar de manera cotidiana un ambiente de violencia e inseguridad; la dificultad de dedicarse a las actividades laborales o de emprendimiento que más les interesan y les convienen por la presencia de prácticas como el secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso o el control sobre la producción y distribución de bienes de consumo básico y servicios indispensables.
Ignorar el problema simplemente lo agrava. Es una responsabilidad de los gobiernos ofrecer condiciones para la seguridad de las personas, para que sea factible una vida en libertad y con dignidad, con plena videncia de los derechos. Es una responsabilidad de los partidos políticos, cuidar sus procesos de postulación de candidaturas en todos los ámbitos para inhibir la posibilidad de que personas vinculadas a estas organizaciones sean quienes compiten y eventualmente ejerzan cargos gubernamentales. Es una responsabilidad de los organismos electorales aplicar con rigurosidad los esquemas institucionales de control de origen y destino de los recursos de las campañas, así como aplicar las sanciones determinadas para el desvío de recursos gubernamentales con fines electorales y el acceso ilegal a recursos privados. Es una responsabilidad de los medios de comunicación garantizar la calidad de la información que difunden y contribuir a que los procesos electorales sean algo más que concursos de belleza o talento, para convertirse en efectivos ejercicios de confrontación de ideas y proyectos de comunidad. Es una responsabilidad de la ciudadanía informarse, participar, contribuir con la democracia y exigir mejores desempeños políticos. En resumen, es una responsabilidad nuestra, de todos.
