Por Jorge Cabrera
Maestro en Economía y Política Internacional, CIDE
Mientras China reorganiza miles de programas universitarios para responder a su transformación industrial y tecnológica, México sigue sin demostrar capacidad suficiente para anticipar qué conocimientos y profesiones necesitará su economía. El problema no es solamente educativo: es una falla de planeación del desarrollo nacional.
Las cifras chinas son reveladoras. En 2024 se crearon 1,839 programas universitarios, se cancelaron 1,428 y otros 2,220 suspendieron inscripciones. En 2025 se incorporaron 29 nuevas especialidades al catálogo universitario.
En 2026 se añadieron cuatro nuevas disciplinas interdisciplinarias, entre ellas robótica del futuro, inteligencia artificial incorporada y ciencia y tecnología cerebro-máquina.
No se trata de copiar el modelo chino ni de subordinar las universidades a las empresas. Se trata de entender que la educación superior debe anticiparse a los cambios económicos y tecnológicos, no llegar décadas después a reconocerlos.
En México, esa capacidad de anticipación sigue siendo una asignatura pendiente. Nuestra oferta universitaria mantiene una fuerte concentración en carreras tradicionales, mientras la inteligencia artificial, la automatización, la ciberseguridad, la biotecnología y los semiconductores transforman el mercado laboral.
El problema no es que sobren abogados, administradores o contadores. Es que carecemos de mecanismos suficientemente eficaces para revisar periódicamente los programas, crear nuevas especialidades y vincular la formación profesional con las necesidades productivas del país.
¿Quién debe responder por este rezago?
La responsabilidad política corresponde a Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, y particularmente a la Subsecretaría de Educación Superior, encabezada por Ricardo Villanueva Lomelí. También deben rendir cuentas las direcciones generales de Educación Superior Universitaria e Intercultural y de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. A ello se suma la responsabilidad académica de los rectores y consejos universitarios, particularmente en las instituciones autónomas.
México ya cuenta con un Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030. Por eso, la rendición de cuentas no puede limitarse a presentar diagnósticos y programas sexenales. La SEP debe publicar anualmente indicadores verificables: cuántas carreras fueron revisadas, actualizadas, creadas o cerradas; qué necesidades productivas justificaron esos cambios; cuántos egresados consiguen empleo relacionado con sus estudios y qué resultados obtienen las instituciones en materia de vinculación e innovación.
Cada área responsable debe tener metas, plazos y resultados públicos.
México aspira a atraer inversiones tecnológicas, fortalecer el nearshoring y participar en las nuevas cadenas globales de valor. Pero ninguna estrategia industrial será suficiente si no contamos con el capital humano necesario para desarrollarla.
Y aquí también hay una responsabilidad presidencial. Claudia Sheinbaum debería dejar las maromas políticas y concentrar su inteligencia y capacidad de mando en asuntos estratégicos para el futuro del país, como la transformación de nuestro sistema educativo.
Quizá su próximo viaje a China le permita observar que la competencia entre naciones no se gana solamente atrayendo inversiones, sino preparando a las nuevas generaciones para construir el futuro.
¿No sería ésa una lección mucho más valiosa que cualquier discurso de cooperación bilateral?



