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Los valores de las políticas públicas en Jalisco, ¿son una cursilería?

Por Dra. Abril de María Ledesma Zermeño

Arquitecta | Abogada | Maestra en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica | Doctora en Hábitat y Sustentabilidad  

En Jalisco nos encantan las mesas de trabajo. Se convoca a especialistas, se sienta a funcionarios, se proyectan diagnósticos, se redactan minutas y, desde luego, se toman fotografías. La reunión queda acreditada. Lo que rara vez queda igual de claro es si alguien cambió de opinión, corrigió un dato o abandonó una mala propuesta. Hablar de los valores que deberían orientar esas decisiones, en cambio, todavía provoca cierta incomodidad, como si la justicia y la dignidad fueran asuntos de sobremesa y no de gobierno.  

Una decisión pública tendría que comenzar con tres asuntos bastante concretos: qué problema queremos resolver, qué consideramos importante proteger y cuáles son las alternativas reales. A veces ocurre al revés. Primero aparece la obra, el programa o el anuncio; después llegan los datos que lo respaldan y, al final, una explicación preparada para que todo parezca consecuencia de un análisis impecable. La decisión precede al diagnóstico, pero la presentación oficial cuenta la historia en sentido contrario. 

En The Decision Education Podcast, Annie Duke conversa con investigadores sobre una dificultad que conocemos bien, aunque no siempre queramos admitirla: disponer de información no equivale a saber decidir. Las reflexiones de Barry Schwartz sobre valores y las de Julia Minson sobre el desacuerdo ayudan a mirar de otro modo nuestras reuniones públicas. Importa saber qué perseguimos, cuánto ignoramos y si estamos dispuestos a escuchar algo que contradiga nuestra primera respuesta. 

También conviene dejar de juzgar las decisiones únicamente por su desenlace. Una medida improvisada puede salir bien por suerte; otra, cuidadosamente estudiada, puede tropezar con circunstancias imprevisibles. Para distinguirlas hay que revisar el expediente anterior al resultado: información disponible, opciones descartadas, riesgos conocidos y razones para elegir. Sin esa revisión, cualquier éxito puede atribuirse al talento 

La diferencia no es académica. En el gobierno, quien decide rara vez es quien carga con todas las consecuencias. Esas llegan a los hogares, a las calles y a los presupuestos de personas que ni siquiera supieron que hubo una mesa de trabajo.  

Ahí aparecen los valores, palabra que algunos reciben con una mueca de fastidio. Dignidad, igualdad, justicia, honestidad: suenan demasiado solemnes para quien prefiere hablar de metas y entregables. Pero la Constitución no los trata como adornos. El artículo 1 establece obligaciones de derechos humanos; el 4 reconoce el derecho al agua; y el 134 exige eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el manejo de recursos públicos. Nada de eso depende del entusiasmo moral de un funcionario. 

 

No es cursilería. Es el marco jurídico dentro del cual debe decidir el Estado.  

Basta mirar el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. El 9 de noviembre, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que había distribuido más de doce millones de litros mediante pipas y atendido a más de 160 colonias. También anunció un operativo de más de setenta pipas para entregar 2.1 millones de litros diarios. Días antes, el gobernador Pablo Lemus había planteado condonar tres meses de cobro a usuarios de 627 colonias afectadas por los tandeos del SIAPA; se trataba de una propuesta, no de una condonación ya consumada.  

Sería absurdo reprochar que se lleve agua a quienes la necesitan. La distribución de emergencia cumple una función inmediata, y un alivio en el cobro puede resultar pertinente. Lo discutible es convertir esas respuestas en la prueba principal de un buen desempeño, sin explicar con la misma energía por qué tantos hogares requieren una solución extraordinaria para satisfacer una necesidad ordinaria. 

El agua no es una dádiva que la autoridad concede cuando se muestra generosa. Es un derecho humano. Contar pipas y litros permite conocer la magnitud del operativo, pero no dice si el servicio por red es continuo, suficiente y de calidad. La cifra que se presume puede ser, al mismo tiempo, la medida de una emergencia que todavía no se resuelve.  

Una administración puede organizar eficazmente el reparto y seguir debiendo explicaciones sobre el sistema que lo hizo necesario. El éxito de largo plazo no debería medirse por el número creciente de camiones cisterna, sino por los hogares que dejan de necesitarlos. Una fotografía junto a una pipa puede documentar una acción; no sustituye el diagnóstico de una red.  

 

La educación para la toma de decisiones insiste en separar fines y medios.

Si el fin es garantizar agua, la pipa es una medida provisional. Si el fin es mejorar la movilidad, los kilómetros pavimentados son una actividad, no una demostración de que las personas llegan mejor a su destino. Si se busca vivienda adecuada, las unidades entregadas no agotan la evaluación de su habitabilidad.  

Tenemos una habilidad notable para diseñar indicadores que celebran lo que hacemos, aunque apenas registren lo que conseguimos. Así es fácil llenar de verde un tablero y dejar intacto el problema. 

Tampoco basta con sentar disciplinas distintas alrededor de una mesa. El economista observa costos; el urbanista, efectos territoriales; el ingeniero, condiciones técnicas; el abogado, competencias y derechos. Esa diversidad puede enriquecer una decisión, siempre que nadie confunda su perspectiva con el panorama completo.  

Y, por supuesto, convendría comprobar quién merece el título de especialista. ¿Qué formación tiene? ¿Qué experiencia respalda sus recomendaciones? ¿Puede contradecir a quien lo invitó? La presencia habitual en eventos institucionales no constituye una credencial profesional, aunque algunas agendas parezcan construidas sobre esa premisa.  

Con los funcionarios ocurre algo semejante. El nombramiento entrega facultades, no conocimientos por generación espontánea. Dirigir exige reconocer lo que se desconoce, buscar asesoría competente y hacerse responsable de lo que se autoriza. Aceptar un cargo sin preparación suficiente ni voluntad de corregir esa carencia es cuestionable; nombrar sin atender a la idoneidad también lo es. La confianza política explica muchas designaciones. No acredita competencia técnica. 

La confianza política puede abrir la puerta de una oficina; no enseña lo que debe hacerse dentro. 

En su conversación con Julia Minson, Duke explora nuestra resistencia a escuchar el desacuerdo. Solemos creer que quien piensa distinto necesita información, mientras nosotros solo necesitamos que nos presten atención. Así, las reuniones se vuelven una sucesión de intervenciones preparadas de antemano: nadie interrumpe, pero tampoco nadie aprende.  

Escuchar no garantiza comprender; comprender no garantiza rectificar. Lo importante es poder identificar qué argumento ajeno modifica nuestro diagnóstico, qué dato obliga a revisar una hipótesis y qué objeción merece una respuesta fundada. Si nada de eso sucede, la participación habrá servido para llenar una lista de asistencia.  

Eso no significa aceptar cualquier opinión ni tratar todos los argumentos como equivalentes. Hay hechos verificables, interpretaciones discutibles y preferencias legítimas que deben distinguirse. Tampoco la seguridad del expositor es una unidad de medida de la verdad. Una voz firme puede defender una ocurrencia con la misma convicción que una conclusión bien sustentada. 

En agua, vivienda, movilidad y ordenamiento territorial, las decisiones tomadas hoy dejan consecuencias durante décadas. Por eso hacen falta alternativas comparables, riesgos expresos y mecanismos de corrección. Lo contrario es hipotecar el futuro con una presentación de veinte diapositivas y una fotografía de grupo.  

 

Los valores constitucionales sirven para orientar ese trabajo.

La dignidad exige mirar a quienes recibirán los efectos; la igualdad, reconocer quién queda sistemáticamente fuera; la justicia, revisar cómo se reparten costos y beneficios; la honestidad, no maquillar los datos; y la responsabilidad, explicar qué se hizo y por qué.  

Esos principios pueden entrar en tensión. Una solución barata no siempre es equitativa; una obra rápida no necesariamente es segura; una medida técnicamente viable puede resultar jurídicamente inadmisible. Justamente por eso se delibera. No para escenificar unanimidades, sino para decidir qué sacrificios son aceptables y cuáles no. 

Antes de anunciar una política, cualquier autoridad debería poder responder qué problema resolverá, cuáles opciones descartó, qué evidencia las comparó y cómo sabrá si mejoró la vida de las personas. También debería explicar para qué reunió expertos y qué cambió después de escucharlos. Esa última respuesta suele ser la más incómoda. 

La Constitución no exige infalibilidad. Exige legalidad, justificación y responsabilidad. Quien considere cursi hablar de dignidad, justicia u honestidad en las políticas públicas quizá deba revisar menos sus discursos y más las obligaciones de su cargo. 

Las mesas de trabajo cuestan tiempo, conocimiento y recursos públicos. Cuando todo estaba decidido antes de convocarlas, no se pagó una deliberación: se pagó su representación.  

Y mientras las autoridades contabilizan los millones de litros repartidos en pipas, miles de hogares esperan una noticia bastante menos espectacular: abrir la llave y que salga agua. 

 

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