Por Carlos Lara G.
Dr. en Derecho de la Cultura y Analista de la Comunicación y la Cultura
@Reprocultura
La semana pasada estuvimos reunidos en la ciudad de Quito, Ecuador, en las II Jornadas Internacionales de Pensamiento Estratégico de la Gestión Cultural, organizadas por la Escuela Andina de Desarrollo Desarrollo Cultural, la Red Internacional de Docentes investigadores de las Artes y las Culturas, la Secretaría de Cultura, la Prefectura de Pichincha y la Asamblea Nacional de Ecuador. Estuvieron presentes representantes de Honduras, Perú, Estados Unidos, España, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y Cuba, este último otorgó el aval académico a través de la Universidad de las Artes de Santiago de Cuba.
He tenido la suerte de participar con el gobierno de Ecuador en los tres momentos importantes de su reforma cultural. En 2008 fui invitado por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Secretaría de Cultura a su proceso de reforma constitucional que estableció el derecho de la cultura en su constitución. Más tarde, a invitación de la Escuela Andina de Desarrollo Cultural, a su proceso de discusión de la Ley de Cultura. Hoy nos volvemos a ver para analizar la política pública, esta vez invitado a impartir la conferencia inaugural del evento. En ella señalé que el derecho a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, se garantizan a través de la gestión cultural, de ahí la importancia de que deje de ser una profesión en ciernes, que desarrolle líneas sólidas de investigación y formación, que abrace esas líneas y aporte a las mismas. Que no se distraiga con las banderas de moda que lo único que hacen es sobreadornar su ya de por sí barroco y soflamero discurso. Debe alejarse de lo que considero su defecto moral, que es la multicitada resiliencia que tiene al sector hechizado, sentado y aplatanado. Asimismo, aprender a hacer política y perder el miedo al mercado.
Muchos fueron los planteamientos y más las exposiciones de casos de lo que cada participante ha venido observando en su ámbito de desarrollo. En términos generales, pude observar que tanto las preocupaciones de la comunidad andina como del resto de países, nos remiten a la Escuela de Salamanca. Es decir, se habló de dignidad, de dignificar la profesión, de libertad, de hacer valer la libertad creativa, así como del avasallamiento del mercado en la gestión del patrimonio y el turismo cultural. Es decir, de propiedad. Estos tres conceptos fueron ampliamente debatidos, incluso superados, por los integrantes de la Escuela de Salamanca. Siglos después, este último, la propiedad, sigue causando escozor, en parte por los análisis semiocapitalista que suelen hacerse de la gestión cultural.
Considero, y así lo hice saber, que uno de los problemas que más aqueja esta profesión en ciernes es la falta de una colegiación que permita capacitar (adecuadamente), actualizar conocimientos (adecuadamente) y certificar (adecuadamente). A falta de esta, tenemos las diplomaturas y el trabajo de las distintas redes, solo que necesitan fortalecer la base, esto es, un tronco común de materias que respondan a líneas definidas de investigación y formación, para dejar de ser espacios donde todo cabe.
Es necesario convencerse de que el derecho a la cultura es ya un derecho convencional. Toca ahora ejercerlo de la mano de los derechos culturales, desde y a partir de la judicialización de procesos. Hablar con el Estado ya no solo con el gobierno, aprovechando este grandioso momento que apunta Jesús Prieto de Pedro, al decir que el avance de estos derechos ha cambiado el centro de gravedad: del Estado hacia los ciudadanos. Somos, dice, administradores fiduciarios de estos derechos. Coincido y agrego, derechos que se hacen realidad a través de la gestión cultural. Por eso es importante fortalecerla.
