Por Ulises Hernández
Politólogo, Abogado y Dr. en Administración Pública
La llegada de Ernesto Santana Bracamontes a la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ocurre en un momento especialmente delicado para la autoridad electoral. No se trata solamente de administrar una institución durante siete años, sino de enfrentar casi de inmediato un proceso electoral que deberá demostrar si el organismo aprendió realmente de las dificultades de 2024 y si está preparado para los nuevos riesgos que comienzan a modificar la competencia política.
Santana Bracamontes fue designado por el Consejo General del INE el 29 de septiembre de 2026 para presidir el IEPC durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2033. Su nombramiento surgió de un procedimiento en el que originalmente participaron 61 personas. El propio INE destacó que es licenciado en Derecho, maestro en Políticas Públicas con perspectiva de género y que cuenta con aproximadamente 25 años de experiencia electoral, particularmente dentro del ámbito jurisdiccional, donde ha ocupado responsabilidades en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recientemente la Secretaría General de Acuerdos de su Sala Superior.
Es, por tanto, un perfil con experiencia suficiente para conocer que en materia electoral los errores aparentemente administrativos pueden terminar convertidos en conflictos jurídicos y políticos de enorme dimensión. Precisamente por ello merece el beneficio de la duda, pero también enfrentará una vara particularmente alta.
El antecedente inmediato es 2024. Jalisco eligió gubernatura, 125 ayuntamientos y las 38 diputaciones del Congreso local. El resultado final fue validado por las autoridades jurisdiccionales, pero el desarrollo de la elección dejó problemas operativos que no pueden ignorarse. El PREP concluyó con sólo 86.3424 % de las actas capturadas en la elección de gubernatura, 83.8784 % en diputaciones y 81.0553 % en ayuntamientos. Posteriormente, más de 17,700 paquetes electorales, equivalentes a más de la mitad de los paquetes locales, tuvieron que ser recontados.
Estos datos no prueban por sí mismos una alteración de resultados, pero sí muestran un problema institucional relevante: una autoridad electoral debe ser capaz no sólo de contar correctamente, sino de proporcionar certeza con oportunidad. En una elección competida, cada paquete que tarda en llegar, cada acta que no aparece en el sistema y cada explicación tardía genera un vacío que inmediatamente es ocupado por la sospecha. Ése será precisamente uno de los principales desafíos de 2027.
Jalisco renovará nuevamente sus 125 ayuntamientos y las 38 diputaciones locales, de las cuales 20 corresponden a distritos de mayoría relativa y 18 a representación proporcional. El proceso coincidirá además con nuevas reglas constitucionales y electorales que exigirán una interpretación cuidadosa por parte de las autoridades. El IEPC tendrá que garantizar que la distribución de cargos municipales y legislativos se realice exactamente conforme al marco jurídico vigente, respetando paridad, representación proporcional y los límites constitucionales que correspondan.
El desafío de 2027 ya no será únicamente logístico.
Existe una variable que hace apenas algunos años tenía un peso marginal y que ahora puede convertirse en uno de los grandes problemas de cualquier elección: la inteligencia artificial. La posibilidad de generar videos, audios, fotografías y mensajes falsificados con una calidad cada vez mayor transforma por completo la comunicación política. Un video fabricado mediante inteligencia artificial puede difundirse millones de veces antes de que una autoridad determine su autenticidad, una voz puede clonarse, una declaración inexistente puede atribuirse a un candidato y una imagen manipulada puede convertirse en tendencia antes de que exista posibilidad material de corregirla. El propio INE ya ha reconocido expresamente la utilización de inteligencia artificial dentro de la propaganda político-electoral y ha comenzado a establecer criterios para identificar determinados contenidos generados mediante estas herramientas. El IEPC deberá prepararse para algo más complejo que retirar publicaciones. Tendrá que construir protocolos de reacción, mecanismos de verificación, coordinación con plataformas digitales y criterios jurídicos suficientemente claros para diferenciar entre propaganda legítima, sátira, libertad de expresión, manipulación digital y posibles conductas ilícitas. Regular demasiado puede convertirse en censura; reaccionar demasiado tarde puede hacer irreparable el daño. Ése será uno de los puntos donde Santana deberá equilibrar precisamente lo legal, lo político y lo jurídico.
Otro riesgo: la posible intervención del crimen organizado.
Jalisco posee regiones donde la presencia de organizaciones criminales constituye una realidad de seguridad pública. Una elección democrática exige que candidaturas, funcionarios electorales, capacitadores, representantes partidistas y electores puedan participar sin amenazas, intimidaciones o condicionamientos externos. La autoridad electoral no tiene funciones policiales ni puede sustituir a las instituciones de seguridad, pero sí tiene la responsabilidad de identificar riesgos, establecer protocolos y coordinarse con autoridades estatales y federales sin comprometer su independencia.
No debe esperarse a que exista una crisis para comenzar a diseñar esa coordinación. La seguridad de paquetes, instalaciones electorales, consejos municipales y distritales, personal de campo y candidatos deberá formar parte de la planeación desde el comienzo del proceso. A ello debe agregarse un debate jurídico que empieza a ocupar un espacio importante: la doble nacionalidad y las restricciones que eventualmente puedan establecerse para determinadas candidaturas o cargos públicos.
El artículo 32 constitucional ya establece que la ley debe regular el ejercicio de derechos de las personas mexicanas que posean otra nacionalidad y evitar conflictos derivados de esa condición. En 2026 el tema volvió al debate legislativo nacional a partir de propuestas que buscan modificar los requisitos aplicables a determinados cargos de elección popular.
Precisamente por encontrarse en evolución legislativa, el IEPC deberá ser particularmente cuidadoso. No le corresponde adelantar criterios políticos ni restringir derechos por interpretación propia. Su responsabilidad será aplicar exactamente la Constitución, las leyes y, cuando corresponda, los criterios jurisdiccionales vigentes al momento de registrar candidaturas. En un tema tan sensible, cualquier decisión deberá estar jurídicamente fundada y ser políticamente neutral.
Por eso la elección de 2027 debe entenderse como algo más que una elección intermedia. será el primer gran examen de Ernesto Santana al frente del organismo y, al mismo tiempo, el ensayo institucional previo a 2030, cuando nuevamente estarán en juego posiciones políticas de mayor alcance. Lo que ocurra en 2027 establecerá precedentes sobre manejo de inteligencia artificial, seguridad electoral, integración de candidaturas, cadena de custodia, PREP, recuentos y capacidad institucional para enfrentar controversias.
Santana tendrá que administrar una institución, pero sobre todo reconstruir confianza. Para conseguirlo deberá garantizar que cada actuación pueda explicarse, documentarse y defenderse jurídicamente. Después de 2024, Jalisco no necesita una autoridad electoral que simplemente consiga terminar una elección. Necesita una autoridad capaz de organizarla con precisión, transparencia y oportunidad.
La trayectoria del nuevo presidente permite concederle el beneficio de la duda. Los próximos meses permitirán saber qué hace con él. 2027 deberá ser una elección impecable no porque la autoridad tenga derecho a equivocarse menos, sino porque después de las dudas y deficiencias del proceso anterior, el margen institucional para volver a cometer los mismos errores es considerablemente menor. Y porque, apenas concluya esa elección, 2030 ya estará prácticamente a la vuelta de la esquina.
