Por Juan Carlos Hernandez A.
Master en Gestión Social y Políticas Públicas.
Profesor de Filosofía de la UAG
Las elecciones en México son por fortuna un puente de estabilidad política y, en lo que cabe, de paz social también; ya estamos a 18 días previos al inicio de la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027 y en el que se espera venga con diversas aristas en la inmediatez política que ya de suyo estamos presenciando. Para ello, como bien se sabe es menester utilizar los recursos económicos tanto para el organismo electoral como para los partidos políticos para que puedan desarrollar sus campañas para convencer a poco más de 100 millones de electores.
El pasado 18 de agosto en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se aprobó el financiamiento público para los partidos políticos nacionales y candidaturas independientes para 2027, en el que se incluye el financiamiento ordinario, el de campaña y para actividades específicas; así el financiamiento público aprobado por el INE para los ocho partidos políticos con registro nacional fue de 7 mil 879 millones de pesos, cifra que se obtiene de aplicar la fórmula prevista en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone que se multiplicará el número total de ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Hay que recordar que desde 1996 tenemos la aplicación del principio de preponderancia del financiamiento público sobre el privado, con el objetivo central de prevenir el dinero ilícito en las campañas o proveniente del crimen organizado, y un esquema de reparto que se diseñó para que el 30% se distribuyera de forma igualitaria y el 70% restante conforme a los votos obtenidos por cada partido político, es ha funcionado hasta hoy.
Sin embargo, se requiere de un esquema que permita recursos para una competencia equitativa, clara y sobria a la vez, en tal sentido como lo propone la Consejera Electoral del INE Carla Humphrey “se puede avanzar en mejorar la fórmula actual y hacer un viraje para aplicar el 40/60, garantizando el criterio de premiar la permanencia y arraigo del partido en el electorado, pero con una distribución más equitativa, sobre todo, cuando tenemos nuevas fuerzas políticas en escena”.
En el INE de ahora hay una oportunidad de actualizarse y reglamentar las nuevas formas de comunicación; proyectar establecer marcos normativos que regulen ya desde esfera pública la vida interna de los partidos políticos, las redes sociales y plataformas digitales, ahora tan de uso y moda, por cierto, ya en pleno vuelo presumiendo a quienes aspiran a un cargo de elección popular, que, tal parece andan sueltos, adelantados y con hartas ganas de proyectarse a destiempo, ante ello es necesario ocuparse también de los gastos y su fiscalización.
Es tiempo de actualizarnos y mejorar las reglas con las que acudimos a las elecciones, usted sea el principal protagonista porque el poder de su voto es y será lo que mueva y motive a las y los candidatos que pronto se dejarán ver a lo largo y ancho del país. La democracia misma, las reglas, la estabilidad política del país, el sistema de partidos políticos, el futuro mismo de cada mexicana y mexicano, que en los hechos son los sostenedores y colaboradores de esta noble Institución, es lo que debe prevalecer ante un grupo de interés por tomar el control. Eso no va a pasar.
Los recursos financieros siempre serán necesarios para la realización y logísticas de las contiendas electorales próximas a presenciar, no se debe escatimar pesos y centavos en bien de la democracia y que es la que aun impera en el país. Al INE no se le debe debilitar, se le tiene que fortalecer, pues no solo está en juego la siguiente elección federal del 2027, y por supuesto la futura de 2030, también lo está la libertad de elección según las garantías constitucionales que goza cada ciudadano de este país.
