El posicionamiento fue respaldado por los exgobernadores Carlos Medina Plasencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Canales Clariond, Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Marcelo de los Santos, Marco Antonio Adame Castillo, Patricio Patrón Laviada, Ignacio Loyola, Emilio González Márquez y José Guadalupe Osuna, además del expresidente Vicente Fox.
Por Mario Díaz (El Master)
El bloque de exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por el expresidente Vicente Fox Quesada, lanzó un enérgico pronunciamiento en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificaron como víctima de una persecución política y cuyo proceso judicial, afirmaron, representa una señal preocupante sobre el deterioro del Estado de derecho en México.
Durante una conferencia de prensa, los exmandatarios coincidieron en que la vinculación a proceso de Ruffo Appel, investigado por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal, debe desarrollarse bajo los principios de presunción de inocencia, debido proceso y con jueces plenamente independientes. Más allá del caso particular, advirtieron que el funcionamiento del sistema judicial está generando desconfianza entre los ciudadanos al aplicar la ley de manera selectiva.
El posicionamiento fue respaldado por los exgobernadores Carlos Medina Plasencia, Alberto Cárdenas Jiménez, Fernando Canales Clariond, Francisco Ramírez Acuña, Miguel Márquez Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Marcelo de los Santos, Marco Antonio Adame Castillo, Patricio Patrón Laviada, Ignacio Loyola, Emilio González Márquez y José Guadalupe Osuna, además del expresidente Vicente Fox, quienes conforman la agrupación Unidos Por México y quienes solicitaron que Ruffo Appel pueda enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario, al considerar que reúne los requisitos constitucionales al tener la edad para ello.
Uno de los mensajes más contundentes fue el de Vicente Fox, quien aseguró que está dispuesto a «meter las manos al fuego» por el primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México. El exmandatario sostuvo que conoce a Ruffo desde hace décadas y lo describió como un hombre íntegro, honesto y responsable, además de atribuirle un papel fundamental en la construcción de la democracia mexicana.
Fox afirmó que el caso tiene un claro trasfondo político y denunció que existe un trato diferenciado en la impartición de justicia, donde, dijo, a los adversarios del régimen se les aplica la ley con todo rigor, mientras que otros casos de corrupción permanecen impunes. Incluso recurrió a una comparación simbólica al señalar que entre quienes acompañan a Ruffo durante su encarcelamiento ya lo llaman «Ruffo Mandela», en alusión a lo que considera una injusticia semejante a la sufrida por Nelson Mandela, insistiendo en que el caso debe ser conocido por la comunidad internacional.
En ese contexto, Fox adelantó que la defensa del exgobernador podría trascender las fronteras nacionales. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, respondió que el asunto será llevado por la vía jurídica correspondiente y confirmó que buscarán internacionalizar el caso ante organismos de derechos humanos.
Incluso consideraron y aunque es tema de los abogados de Ruffo Appel, que este caso pudiera llegar hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Los exgobernadores insistieron en que su preocupación no se limita al proceso penal que enfrenta Ruffo Appel, sino a las consecuencias que este tipo de actuaciones pueden tener para la democracia mexicana. Juan Carlos Romero Hicks calificó al exmandatario bajacaliforniano como «un Quijote de la democracia», «un mártir de la democracia» y «un preso político», argumentando que su trayectoria pública ha estado marcada por el combate a la corrupción y la promoción de instituciones democráticas.
Durante el posicionamiento también se recordó la trayectoria política de Ruffo Appel. Los exmandatarios destacaron que fue el primer gobernador de oposición en el país tras ganar la elección de Baja California en 1989, además de impulsar la creación de la credencial para votar con fotografía y participar activamente en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción cuando fungió como senador de la República. Asimismo, resaltaron que denunció el caso Odebrecht y que, cuando surgieron los primeros señalamientos relacionados con la investigación actual, acudió voluntariamente ante la autoridad ministerial para rendir su declaración.
Alberto Cárdenas Jiménez sostuvo que el caso representa una advertencia para la vida democrática del país, pues, dijo, existe la percepción de que ya no todos los ciudadanos reciben el mismo trato ante la ley. Señaló que la existencia de una clase política protegida mientras otros actores enfrentan procesos severos mina la confianza pública en las instituciones de justicia y debilita los contrapesos democráticos.
El exgobernador jalisciense subrayó que México requiere un Poder Judicial verdaderamente independiente, capaz de actuar sin presiones políticas y con pleno respeto a la división de poderes. Afirmó que esa ha sido una de las causas históricas del PAN y que únicamente con instituciones autónomas podrá garantizarse que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, sin privilegios ni persecuciones selectivas.
Por su parte, Francisco Ramírez Acuña precisó que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa no participó en la firma del documento debido a que no forma parte de la organización de exgobernadores Unidos por México; sin embargo, señaló que el exmandatario federal ya había expresado públicamente su respaldo a Ruffo Appel y también pidió que el juicio se conduzca con imparcialidad y considerando todos los elementos favorables para su defensa.
En un segundo posicionamiento, los exgobernadores reiteraron que el traslado de Ruffo Appel a un penal de máxima seguridad resulta desproporcionado, particularmente por su condición de salud, y cuestionaron que, mientras se actúa con firmeza en este expediente, existen diversos funcionarios señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada contra quienes, aseguraron, no se han emprendido acciones similares. Reclamaron que el proceso se conduzca con estricto apego a la Constitución, al debido proceso, a los tratados internacionales de derechos humanos y a los principios de independencia judicial e imparcialidad.
Con este pronunciamiento, el grupo de exgobernadores panistas buscó convertir el caso de Ernesto Ruffo Appel en un debate más amplio sobre la impartición de justicia en México. Su mensaje fue que la fortaleza del Estado de derecho no depende únicamente de la resolución de un expediente judicial, sino de la confianza ciudadana en que las instituciones actúan con imparcialidad, sin distinciones políticas y bajo el principio de que toda persona tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.
