Por Jorge Cabrera
Maestro en Economía y Política Internacional, CIDE
La nueva ofensiva regulatoria impulsada por el presidente Trump para endurecer el envío de remesas desde Estados Unidos, parte de una premisa políticamente poderosa: combatir el lavado de dinero. Sin embargo, como ha ocurrido en otras decisiones económicas de alto perfil, el riesgo no está en la intención declarada, sino en los efectos reales.
La medida busca elevar los controles sobre bancos y empresas remeseras, reforzando los procesos de identificación, incorporando el estatus migratorio como variable de riesgo y aumentando la vigilancia sobre transferencias internacionales.
En teoría, más control implica menos ilegalidad. Pero los que estudiaron en Wharton School, algo más que un cursillo de bienes raíces, saben que en la práctica, la ecuación es más compleja.
El impacto inmediato será sobre millones de migrantes que envían dinero a sus familias. Más requisitos, mayor escrutinio y posibles restricciones documentales pueden transformar al sistema financiero formal en un entorno percibido como inaccesible o incluso riesgoso. Y cuando eso ocurre, los usuarios no desaparecen: se desplazan.
Ese desplazamiento es el verdadero problema. El dinero deja de circular por canales regulados —donde existen registros, monitoreo y trazabilidad— y comienza a moverse en esquemas informales: efectivo, intermediarios, redes personales o mecanismos digitales difíciles de supervisar. Es decir, justo lo contrario de lo que se busca.
La paradoja no es nueva. Durante su presidencia, varias decisiones económicas de Trump han enfrentado cuestionamientos legales y efectos indirectos no previstos. En el ámbito comercial, por ejemplo, tribunales como la United States Court of International Trade han señalado problemas en la forma en que se implementaron ciertos aranceles contra China, abriendo la puerta a litigios por parte de grandes empresas.
Más allá del desenlace final de esos casos, el patrón es relevante: políticas diseñadas para ejercer control terminan generando fricción, incertidumbre y respuestas del sistema que reducen su efectividad original.
El caso de las remesas podría seguir una lógica similar. Los grandes esquemas de lavado de dinero rara vez dependen de transferencias pequeñas y recurrentes como las que envían los trabajadores migrantes. Por el contrario, suelen operar a través de estructuras complejas: empresas fachada, comercio internacional manipulado o instrumentos financieros sofisticados.
Endurecer el envío de 200 o 300 dólares mensuales no necesariamente golpea a esas redes. Pero sí puede empujar a millones de usuarios fuera del sistema financiero formal.
El impacto no sería menor para países como México, donde las remesas representan una de las principales fuentes de divisas. Alterar sus canales no elimina los flujos, pero sí puede volverlos más costosos, menos transparentes y más difíciles de rastrear.
Incluso dentro del propio sistema financiero estadounidense existen reservas. Aumentar los requisitos de cumplimiento implica mayores costos, riesgos legales y posibles efectos de exclusión financiera, un terreno fértil para la informalidad.
En última instancia, la pregunta no es si se debe combatir el lavado de dinero, sino cómo hacerlo sin debilitar los mecanismos que permiten detectarlo.
Porque en sistemas complejos como el financiero, lo que no se regula bien no desaparece.
Simplemente se oculta.
Y cuando el dinero se vuelve invisible, el control deja de ser una herramienta… y se convierte en una ilusión.
