«El Estado en la era de la Inteligencia Artificial».
Por Xicoténcatl Hurtado
Especialista en Innovación Gubernamental y Gobierno Electrónico
Mientras en Estonia, cualquier ciudadano firma contratos con el gobierno, declara impuestos y accede a su expediente clínico completo desde el teléfono, en menos de tres minutos, sin filas, sin citas previas y sin depender de que el sistema «esté en mantenimiento». Aquí seguimos esperando que en el SAT tengamos suerte de tener un turno en las citas electrónicas que ya superaron su vida útil, totalmente rebasadas por la tecnología que se dispone en la actualidad, como lo es la Inteligencia Artificial. No es un problema técnico. Nunca lo ha sido. Es falta de compromiso de ir a la par con la cada vez más digitalización actualizada de servicios públicos a la mano de la ciudadanía.
La inteligencia artificial lleva años transformando la manera en que los gobiernos toman decisiones, distribuyen recursos y prestan servicios, y vale la pena ser muy preciso sobre qué significa eso en la práctica, porque el término se repite tanto en foros y presentaciones que ya casi no dice nada.
En Singapur, como otro ejemplo actual, el gobierno cruza en tiempo real datos de salud, movilidad y demanda de servicios para anticipar crisis antes de que se conviertan en titulares. En Dinamarca, un modelo algorítmico predice con 76% de precisión qué familias están en riesgo de caer en pobreza, lo que permite intervenir antes de que el daño sea irreversible. En Corea del Sur, el Ministerio de Finanzas detecta evasión fiscal con herramientas de aprendizaje automático que triplican la efectividad de la auditoría humana tradicional. El National Health Service británico diagnostica cánceres de mama en radiografías con una precisión que supera a sus propios especialistas. Mientras tanto, en México, la novedad reciente de algunas dependencias federales fue inaugurar módulos de atención presencial. Con orientadores. Con filas. ¡En pleno 2026!
Esto no es una crítica al servidor público de carrera, que en muchos casos trabaja con tecnología de hace veinte años porque nadie ha decidido cambiarla. Es una descripción de algo más profundo: el mundo está digitalizando la inteligencia del Estado y nosotros seguimos digitalizando sus mostradores. No es lo mismo, y mientras sigamos confundiéndolo, el rezago se acumula.
Guadalajara lleva años invirtiendo en cámaras y centros de comando. Tlajomulco acaba de estrenar el suyo. Nadie pregunta en voz alta si tienen los algoritmos para usar esa infraestructura con criterio, o si son pantallas caras mostrando imágenes que nadie procesa sistemáticamente. Los sistemas que usan Chicago o Los Ángeles no sustituyen policías: les indican dónde estar y cuándo, con base en patrones reales. Eso es gobernar con datos, con inteligencia. Lo otro es decoración tecnológica. En materia de trámites, la IA conversacional actual resuelve ocho de cada diez consultas ciudadanas sin espera, en cualquier idioma, cualquier hora. Llave MX tiene la estructura de identidad digital. Lo que no tiene todavía es la inteligencia encima, la que haría que fuera útil no solo para quien ya domina los formularios en línea sino para quien necesita que el Estado le explique qué tiene derecho a pedir. Y en lo fiscal, donde el impacto sería más inmediato y más político, los modelos de detección de evasión podrían recuperar una cantidad de recursos que haría innecesario más de un debate presupuestal. Brasil ya lo hace. El SAT avanzó con la facturación electrónica, pero el potencial real está muy por delante de donde estamos, y no hay señales de urgencia.
Hablar solo de oportunidades sería cómodo pero incompleto. Cuando un algoritmo decide quién recibe apoyo del Bienestar, quién accede a un crédito o qué zonas reciben más presencia policial, ese algoritmo no es neutral: reproduce los sesgos del sistema con el que fue entrenado, a mayor velocidad y a mayor escala, y sin que el afectado tenga un recurso claro porque la respuesta institucional es que el sistema así lo determinó. El reconocimiento facial opera ya en varios aeropuertos y espacios públicos del país con marcos legales que no existen o que nadie aplica, y la misma herramienta que sirve para identificar a un delincuente sirve para seguir los movimientos de un periodista. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de cómo eso termina. Y hay algo que en Jalisco tendría que incomodar más de lo que incomoda: si la transformación digital del gobierno funciona en Guadalajara pero no llega a Mezquitic, a Bolaños o a la Sierra Wixárika, no estamos modernizando el Estado. Estamos ampliando su desigualdad con mejores gráficas.
México tiene universidades de primer nivel, investigadores reconocidos internacionalmente y un ecosistema tecnológico que, en algunos sectores, compite sin complejos con cualquier país de la región. Lo que falta no es talento ni infraestructura. Es la decisión política de usar lo que ya tenemos para gobernar mejor, y la honestidad de aceptar que sin esa decisión, ninguna estrategia digital va a cambiar nada sustancial.
En la segunda entrega de esta serie revisaremos el estado de la regulación: por qué México acumula iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial sin que ninguna se convierta en ley, qué están haciendo al respecto Brasil, Perú, la Unión Europea y Corea del Sur, y qué tan caro nos está saliendo seguir en los conversatorios.
