Por Alfonso Gómez Godínez
@ponchogomezg
Las crecientes alzas en los precios han prendido las luces de alerta en Palacio Nacional. La inflación es el nuevo, imprevisto e incómodo compañero de viaje de la mitad del sexenio de López Obrador y amenaza con acompañarlo hasta el final de su gobierno. El escenario más optimista que ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda señala que posiblemente regresemos a una inflación de alrededor del 3% en 2024. Actualmente ya rebasamos el 7% anual, lo que representa el nivel de inflación más alto registrado en los últimos veinte años en el país, lo que obliga al gobierno de la 4T a tomar medidas para atender dicha problemática.
No contemplado en el guion original de la gestión de gobierno, la inflación afecta a los más pobres, a la clase trabajadora que tiene un ingreso fijo, que significa la base social que legitima al gobierno federal. El impacto de la inflación es más severo sí consideramos que la ausencia de políticas públicas pertinentes y eficaces para enfrentar a la pandemia provocó un incremento en los niveles de pobreza en la población de alrededor de 2 millones de nuevos pobres en 2021.
La inflación suele golpear los niveles de aceptación de los gobiernos, y en los casos extremos generar movimientos de protesta de alta intensidad como han sido los llamados “cacerolazos” en varios países del mundo.
En México, la alta tasa inflacionaria que se registró durante la primera mitad de la década de los ochenta del siglo pasado le pasó factura al PRI en la cuestionada elección de Carlos Salinas en 1988. La inflación que se desató en 1995 le significó al PRI perder las elecciones federales intermedias de 1997, por primera vez en su historia perder la mayoría en el Congreso; sin duda, los estragos de la inflación allanaron el camino para la derrota de ese partido en la elección presidencial del año 2000.
La inflación diluye el salario de los trabajadores y el poder adquisitivo de los consumidores, pero también golpea y sacude la narrativa y legitimidad de los gobiernos. En este tenor se sigue discutiendo la pertinencia del llamado “Paquete contra la Inflación y la Carestía” que fue presentado el pasado miércoles.
La realidad que es un conjunto de acciones de contención sobre los precios de 24 productos de la canasta básica donde el gobierno se compromete a anclar precios y tarifas de bienes y servicios públicos, facilitar la importación, impulsar la producción de algunos granos básicos, enfrentar la inseguridad en el transporte y fundamentalmente confiar en la buena voluntad y disposición de las grandes cadenas productoras de alimentos y de comercialización.
Esperamos que dicho programa pueda aliviar de alguna manera la penuria económica de millones de familias; sin embargo, consideramos que no es un programa que atiende a las causas estructurales de la inflación en México, es un programa que tiene una vigencia de corto plazo, se concentra en una cantidad ínfima de productos y preocupa que al final de su vigencia se genere un rebote al alza de los productos que hoy se intentan contener en sus precios.
En próxima colaboración abundaremos sobre lo que considero las causas estructurales de la inflación en nuestro país y que tiene que ver con los bajos niveles de competencia de la economía mexicana, o dicho en otras palabras, la alta concentración de mercado que tienen los monopolios y oligopolios que generan condiciones de sobreprecio en muchísimos productos que adquieren los consumidores mexicanos y el deterioro institucional que venimos sufriendo por la ausencia de estado de derecho, pérdida de los derechos de propiedad y la inseguridad que elevan los costos totales de la economía.
